Los costos invisibles de la violencia en América Latina

A la hora de diseñar un buen programa de seguridad ciudadana para América Latina y el Caribe, los gobiernos requieren responder dos preguntas claves: qué funciona mejor y por qué funciona.

La respuesta no puede ser intuida. Para que un programa tenga los efectos deseados, es importante contar con métricas e indicadores sólidos. Enfrentar a la violencia no es una cuestión de más fuerza sino de una acción más inteligente.

Es desde esta perspectiva integral que el Banco Interamericano de Desarrollo  llevó a cabo el concurso de investigación para medir el costo de la violencia en la región. El propósito  iba más allá de efectuar una mera contabilidad de las pérdidas materiales en gastos del sistema de justicia, policía y salud,  para explorar de modo adicional las pérdidas intangibles, expresadas en el temor, la percepción de inseguridad y el daño psíquico del fenómeno delictivo.

El ejercicio no es una mera reflexión académica. Permite avanzar sobre las opciones de política pública que sean más eficaces y tengan mayor impacto, y también tener un diálogo estratégico entre el sector público y el sector privado y la sociedad civil, sobre los cuales recaen muchos de los costos de la violencia.

Al interior del Estado, este ejercicio alimenta una discusión respaldada en información entre los ministerios de seguridad y las áreas de planeamiento, economía y presupuesto, para que las políticas de prevención de la violencia constituyan decisiones de Estado, que cuenten con financiamiento de mediano y largo plazo en función de su eficacia comprobada.

La respuesta del mundo académico fue formidable: se seleccionaron ocho propuestas de las 117 que fueron presentadas. Algunas de las conclusiones de los estudios también abren caminos para un debate profundo acerca de las mejores alternativas a encaminar.

• Una investigación sobre un universo representativo de 26.3 millones de mujeres de América Latina y el Caribe realizado en siete países reveló que los problemas de violencia se transmiten inter generacionalmente de madres a hijos: las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar no sólo tienen más riesgo de que sus hijos nazcan con bajo peso, sino también que ellos mismos  tengan una salud más precaria, pues se vacunan menos y tienen más riesgo de sufrir diarreas. En otro estudio, también se concluyó que las embarazadas brasileñas que viven en zonas rurales con altos índices de homicidios tienen más probabilidades de que sus bebés nazcan con bajo peso (menos de 2,5 kg).
• Los impactos sobre el mercado inmobiliario también son significativos. En Brasil, una sensación de mayor seguridad aumenta las rentas que perciben las viviendas en las zonas urbanas, agregando US$ 13.000 millones al valor de las propiedades. En México, el aumento del 1 por ciento en el número de homicidios tiene como consecuencia la caída del 1,8 por ciento del precio de mercado de las viviendas.
• Y los costos sobre los presupuestos públicos y privados llaman también a una reflexión sobre la discusión de los beneficios y las efectividades de los gastos. En Uruguay, el costo económico de la violencia alcanza unos $1.200 millones, lo que equivale al 3,1 por ciento del PIB.

La violencia y cl crimen constituyen un problema que afecta el desarrollo de América Latina y el Caribe. Atender a sus causas profundas a través de soluciones sustentables requiere de una gestión pública de calidad, entendida como política de Estado. El diseño de estas políticas enfrenta un desafío mayúsculo: consolidar no sólo consensos institucionales entre los diversos actores, sino además generar un núcleo de conocimiento con aporte de diversas disciplinas científicas. En el marco de este diálogo estratégico, la economía de la violencia tiene mucho que aportar.