Acosados por altas tasas de delincuencia, los gobiernos están poniendo más dinero sobre la mesa para tratar de resolver el problema. Pero la pregunta es, ¿dónde invertir y cuánto?
La respuesta no es tan fácil. Es más, el debate no es algo exclusivo de nuestra región. En las últimas dos décadas Estados Unidos ha hecho una enorme inversión en encarcelar más gente. Un reciente estudio de la Casa Blanca argumentó que una inversión de US$10.000 millones en contratar más policías podría prevenir entre 440.000 y 1,5 millones de crímenes al año en Estados Unidos, lo que equivale a beneficios económicos de US$38.000 millones. En contraste, concluyeron, invirtiendo US$10.000 millones en encarcelar más gente tendrá poco impacto en disuadir el crimen.
Sabemos que América Latina es una de las regiones más violentas del mundo. En Centroamérica, en particular, las tasas de homicidio son cuatro veces más altas que el promedio mundial. El crecimiento de la violencia ha sido acompañado por aumentos presupuestarios en los Ministerios de Seguridad y por la utilización de otros recursos que buscan financiar distintas políticas para combatir la inseguridad que atraviesa la región.
La creación de tasas especiales de seguridad es uno de los ejemplos que ilustran el tipo de mecanismos alternativos para el financiamiento de la seguridad a la que han recurrido algunos gobiernos de Centroamérica.
En Honduras, el gobierno creó una tasa especial a partir de la llamada Ley de Seguridad Poblacional, se asignó entre el 2012 y 2016, el 38% de los recursos a la Secretaría de Defensa, el 32% a la Secretaría de Seguridad, pero solo 4% al Ministerio Público y 6% para proyectos de prevención. La información publicada por el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional muestra que muchos de los recursos han sido utilizados para adquirir material (en particular, flotas vehiculares e infraestructura tecnológica). La pregunta es si estas adquisiciones han ayudado a mejorar la situación de inseguridad en Honduras.
En El Salvador, el país con la tasa de homicidios más alta del mundo, el Congreso aprobó en 2015 la creación de dos impuestos especiales para financiar el plan nacional de seguridad por un período de 5 años en los que el gobierno espera recaudar US$140 millones por año. A pesar de que el Plan El Salvador Seguro prevé la inversión de la mayoría de estos recursos en programas de prevención, resta saber si efectivamente el destino de esos recursos será en esa área. Un estudio del Banco Mundial (2012) había mostrado que el gasto en prevención en El Salvador en 2011 alcanzó el 3% del gasto total asignado al sector de seguridad y justicia.
No debemos olvidarnos además que Estados Unidos y otros donantes internacionales financian varias iniciativas para combatir el crimen, violencia e inseguridad en Centroamérica. Un informe reciente de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) muestra que el Congreso de EE. UU aprobó para 2016 el desembolso de US$100 millones en asistencia militar para Centroamérica, asistencia que mayormente se destina al fortalecimiento del combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Un mapeo de las Intervenciones de Seguridad Ciudadana en Centroamérica examinó la cantidad de recursos provenientes de organismos multilaterales (como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial), países cooperantes, y fundaciones privadas. El total de recursos en ejecución y en diseño ha sido estimado en US$ 2.008 millones, de los cuales solo el 29% se dedicó a programas de prevención (US$ 586 millones). Un gran porcentaje de estos recursos son no-reembolsables por lo que no son contabilizados en las fuentes de financiamiento del gasto de los países beneficiarios.
Otra tendencia que se observa en años recientes es que los aumentos presupuestarios para el sector de seguridad y justicia también han sido acompañados por considerables aumentos en el gasto de los Ministerios de Defensa de Centroamérica y México, donde se registra un creciente involucramiento de los militares en tareas de seguridad pública. La información más reciente publicada por el prestigioso Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI) revela que el gasto militar en México alcanzó los US$7.738 millones en 2015, un aumento del 92 por ciento en 10 años.
En Honduras, donde el gobierno recientemente anunció un descenso en los niveles de homicidios, el gasto militar se incrementó un 186 por ciento en términos reales entre 2006 y 2015, el crecimiento más alto en la región. En 2015, el gasto militar de Centroamérica y México alcanzó los US$8.650 millones, es decir un promedio de US$36.6 por cada habitante de los 6 países considerados por SIPRI.
Analizando estas tendencias de financiamiento de las tareas de seguridad surgen preguntas en torno al destino y la calidad del gasto público en seguridad. 
La primera cuestión da cuenta de la complejidad que supone atender los problemas crecientes de violencia y crimen en la región en un contexto de recursos financieros limitados. Por ejemplo, es sabido que los pagos de salarios consumen la mayor parte del presupuesto del Estado y es poco lo que queda para implementar programas de prevención social o adquirir nueva tecnología que mejore la capacidad de investigación de las policías. Entonces la búsqueda de mecanismos alternativos de financiamiento como los impuestos especiales a la seguridad parece responder a la necesidad de sufragar acciones concretas para el sector de seguridad ciudadana y justicia. Sin embargo estos instrumentos de financiamiento temporales son un arma de doble filo ya que pueden resolver los problemas de inseguridad de manera coyuntural pero sin reformas puntuales, no son sostenibles en el tiempo (Pino, 2011).
La segunda cuestión se refiere a la relación entre los recursos asignados y los resultados obtenidos en materia de seguridad. La región todavía adolece de un déficit de conocimiento respecto a la eficiencia y eficacia de las políticas diseñadas para combatir el crimen y la violencia. Es común que uno se pregunte si se han reducido los crímenes considerablemente debido a una mayor inversión en seguridad, si mejoró la tasa de esclarecimiento de delitos o si se redujo la tasa de reincidencia carcelaria. Lamentablemente la evidencia de la región es mixta ya que la planificación por resultados para el sector de seguridad y justicia ha avanzado a niveles desiguales.
En el BID, hemos empezado a cerrar esta brecha de conocimiento con un programa que estudiara la calidad del gasto en seguridad y justicia. Este programa permitirá conocer no solo cuanto del esfuerzo fiscal se destina al combate de la violencia sino también como pueden los gobiernos planificar políticas basadas en resultados que al mismo tiempo minimicen los costos de las arcas del Estado.
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Crédito Foto: Flickr CC Chris Potter
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