Desde hace más de dos décadas, desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hemos consolidado nuestro compromiso con el fortalecimiento de los sistemas de justicia y seguridad ciudadana en los países de América Latina y el Caribe (ALC). Este compromiso se sustenta en una visión integral que reconoce que la rehabilitación y reinserción social y económica efectiva de las personas privadas de libertad (PPL) son fundamentales para construir sociedades más seguras.
Actualmente, la región enfrenta una crisis penitenciaria de carácter multidimensional, marcada por los siguientes factores:
- Hacinamiento crónico, con una sobreocupación regional promedio de más de 150%;
- Uso excesivo de la prisión preventiva; en ALC, aproximadamente el 43% de las PPL están en prisión preventiva, es decir, sin una condena firme;
- Escasa implementación de medidas alternativas al encarcelamiento; y
- Limitados programas de rehabilitación.
Con el fin de apoyar a los países en el abordaje de estos desafíos, desde el BID hemos aprobado más de 14 operaciones con componentes penitenciarios, enfocadas en el financiamiento para la modernización de programas de reinserción de PPL, la incorporación de tecnologías para optimizar la gestión penitenciaria, la profesionalización del personal y el desarrollo de infraestructura penitenciaria conforme a los estándares establecidos por las convenciones internacionales. Estas intervenciones se enmarcan en un enfoque integral que articula seguridad, derechos humanos y fortalecimiento institucional, y que promueve la coordinación efectiva entre agencias estatales y la sociedad civil.
La importancia de la formación penitenciaria para una reforma efectiva
Uno de los pilares fundamentales de una reforma penitenciaria moderna es la profesionalización del recurso humano. Sin personal debidamente capacitado, cualquier inversión en tecnología o infraestructura corre el riesgo de carecer de sostenibilidad e impacto. Actualmente, la mayoría de los países de ALC no cuentan con sistemas formales de formación inicial penitenciaria acreditada que establezcan estándares sobre contenido, duración y competencias específicas. La evidencia señala la necesidad de modernizar los currículos de formación con el fin de que el perfil del funcionario penitenciario combine habilidades en materia de seguridad con capacidades para promover la rehabilitación efectiva y la reinserción social y económica de las PPL. Esta modernización incluye además implementar esquemas de evaluación de desempeño, ascensos por mérito y planes de bienestar laboral que integren beneficios no monetarios y atención a la salud mental del personal.
En este marco, estudios demuestran que ofrecer una mejor calidad institucional dentro de la prisión (menos hacinamiento y mejores servicios penitenciarios) reduce la reincidencia por parte de personas en conflicto con la Ley Penal. En este sentido, la mejora de servicios observada en prisiones nuevas se acompaña de mejor organización programática y supervisión continua, lo que sugiere—aunque no prueba de forma aislada—que contar con personal capacitado es un componente relevante.
Perú: un paso histórico hacia la modernización penitenciaria
En septiembre de 2025, el Directorio del BID aprobó una operación por un monto de US$177 millones para el proyecto “Mejoramiento Integral de los Servicios de Readaptación Social en el Perú” (PE-L1302), que será liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en Perú. Esta iniciativa representa una de las inversiones más ambiciosas en el sector penitenciario del país.
El proyecto incluye componentes clave como la implementación de una Academia Nacional de Formación Penitenciaria (CENECP), que comprende el diseño y desarrollo de un nuevo currículo profesional, la implementación de un nuevo sistema de evaluación de desempeño, y el desarrollo de infraestructura para la formación de personal penitenciario modernizado y con enfoque de género.
Este proyecto marca un hito en la región al ser el primero financiado por el BID que apoya directamente la creación de una academia penitenciaria. La iniciativa se inspira en la experiencia positiva del Programa de Reforma Policial en Honduras (HO-L1063), donde uno de los componentes más exitosos fue la creación del Instituto Técnico Policial (ITP). El Informe de Terminación de Proyecto (PCR) de este Programa destaca mejoras significativas en las competencias de los egresados, una mayor efectividad en las intervenciones policiales y un fortalecimiento del vínculo entre la policía y la ciudadanía, reflejado en un aumento de la confianza pública.
Al replicar esta experiencia en el sistema penitenciario peruano, el BID apuesta por un modelo de formación de excelencia, basado en estándares regionales, evaluación rigurosa y un sistema de incentivos vinculado al desarrollo profesional en la carrera penitenciaria.
Asimismo, el proyecto incorpora un piloto innovador basado en esquemas de Financiación Basada en Resultados (FBR) o pago por resultados, orientado a la inserción laboral de la población post penada. Este modelo busca alinear los incentivos entre proveedores de servicios con la mejora efectiva de la empleabilidad de las personas que egresan del sistema penitenciario, mediante formación y acompañamiento personalizados adaptados a la demanda del mercado laboral peruano. La evidencia internacional refuerza la pertinencia de esta innovación: el Peterborough Social Impact Bond en el Reino Unido —primer piloto de FBR aplicado al ámbito penitenciario— logró reducir en 9% la reincidencia de personas post penadas. Esperamos con esta innovación fortalecer la sostenibilidad de los procesos de reinserción social de las personas que dejan el sistema penitenciario.
Generar evidencia, aprender y avanzar
El avance que se pueda lograr en el Perú acompañando los esfuerzos del MINJUSDH en la implementación de la reforma penitenciaria, no solo marca un nuevo capítulo en la política penitenciaria nacional, sino que abre un espacio regional para generar conocimiento, medir impacto y acumular lecciones aprendidas. Esto es particularmente importante en el sector penitenciario que cuenta con baja disponibilidad de datos sistematizados.
Por ello, el proyecto incluye un robusto sistema de monitoreo y evaluación, que permitirá capturar y sistematizar buenas prácticas en el sector penitenciario para otros países de ALC. La implementación efectiva de esta operación en Perú podría consolidarse como un referente regional, incentivando a otros países a invertir en el fortalecimiento de sus sistemas penitenciarios mediante un enfoque integral, centrado en la rehabilitación y el respeto a la dignidad humana.
El apoyo del BID al sistema penitenciario peruano constituye una transformación estructural con impactos sostenibles. Más allá de la infraestructura o los programas, este proyecto reconoce que el verdadero motor del cambio es el factor humano. Apostar por la profesionalización del personal penitenciario y por una rehabilitación efectiva de las PPL es apostar por una justicia más equitativa y eficaz.
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