Cuatro propuestas para que la crisis carcelaria quede en el pasado

En nuestra entrada anterior discutimos que el sistema penitenciario de América Latina y el Caribe es una bomba de tiempo: punitivo y crónicamente ineficiente, saturado con 1,5 millones de personas. Per cápita, la tasa de encarcelamiento de la región se duplicó en menos de 20 años y, con casi 250 reclusos por cada 100,000 habitantes, es el doble de la de China, siete veces mayor que la de India, y 40 veces mayor que la de algunas regiones de Europa.

Si América Latina dejara en libertad a todos sus homicidas, su tasa de encarcelamiento sería todavía mayor que la de España.

Éste es el resultado de años de políticas de mano dura en toda la región. Dicen sus partidarios que la posibilidad de recibir una pena severa en la cárcel es suficiente desincentivo como para que los criminales sean menos proclives a cometer delitos graves. Es una especie de sabiduría convencional: Una búsqueda rápida en la base de datos de LexisNexis sobre las hipótesis en los medios sobre cómo reducir el crimen coloca al encarcelamiento como la segunda explicación más citada, tan solo detrás de estrategias de policía inteligentes y muy por encima de otros factores, como cambios en el mercado de drogas, una economía fuerte y un mayor número de policías en las calles.

Si bien resulta intuitivo pensar que si el riesgo de terminar en prisión se incrementa sustancialmente en un lapso de tiempo corto hace que delinquir se vuelva menos atractivo para un criminal común, no hay que precipitarse a concluir que la solución óptima al problema de la violencia es endurecer la legislación existente. Mirémonos al espejo: a la par de que la tasa de encarcelamiento regional se incrementó en 100%, la tasa de homicidios apenas se redujo en 11%.

La evidencia empírica concluye que, en efecto, las cárceles hacen solo una contribución modesta al combate al crimen.

Mediante análisis econométrico, Steven Levitt, un economista de la Universidad de Chicago, encuentra que el incremento (de aproximadamente 70%) en las tasas de encarcelamiento de Estados Unidos ocurrido en la década de los 90 explica solo el 12% de la reducción de homicidios.

Lo que nos queda: cárceles vergonzosamente hacinadas que combaten de manera marginal a la violencia. Las consecuencias del sobreuso de la cárcel son obvias: la sobrepoblación masiva hace que el contacto familiar sea perceptiblemente reducido e ignominioso. El suelo es insuficiente hasta para dormir y no es atípico que los internos pernocten de pie. El personal penitenciario, no siempre calificado, no da abasto para controlar las prisiones, permitiendo a los criminales con liderazgo delictivo dirigir su propio sistema de autogobierno. Las cifras insultan: La Encuesta a Población en Reclusión en Centros Federales de Readaptación Social del Centro de Investigación y Docencia Económica, revela que 1 de cada 5 reclusos no tiene suficiente agua para su aseo, el 73% carece de artículos básicos de higiene personal y el 96% de los internos en centros federales opina que la atención médica que reciben no es óptima. Dos de cada tres privados de la libertad no está conforme con el trato que reciben sus familiares cuando los visitan. Menos de la mitad de los internos recibe actividades de capacitación laboral. Uno de cada cuatro reclusos se siente inseguro dentro de su celda.

La reclusión en este contexto genera estrés, incita conflictos entre la población y propicia redes informales de corrupción dentro de los cuales los internos sobornan para tener acceso preferencial a los escasos servicios básicos disponibles, habitualmente en condiciones de deterioro. El sistema penitenciario de la región es un entorno nocivo que socava la calidad de vida, degrada la condición humana de los internos y obstaculiza cualquier tipo de iniciativa de reinserción social eficaz. En pocas palabras, la cárcel latinoamericana es extremadamente criminogénica.

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Para los promotores de la mano dura, la solución para despresurizar al sistema es obvia: ¡construir más cárceles! Pero si los patrones delictivos se mantienen y los procesos judiciales actuales no son sometidos a reformas profundas, las nuevas cárceles se saturarán, siendo necesario construir aún más prisiones. Es un proceso insostenible. Asimismo, el desembolso a cuenta del Estado, como discutimos en nuestro post anterior, es ya de por sí tan oneroso, que expandir el sistema penitenciario hundiría a las finanzas públicas de muchos de nuestros países. Y, por supuesto, la estigmatización, contaminación criminal, baja autoestima, depresión y propensión a la violencia que auspicia la cárcel cancela los prospectos de rehabilitación individual y reinserción a la sociedad.

¿Cuál es la solución?

Remplazar las condenas en prisión por medidas sustitutivas, más efectivas en términos de readaptación social y menos caras. “La mayoría de los objetivos del encarcelamiento puede lograrse por otros medios con mayor eficacia”, propone la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Como detallamos en la agenda de conocimiento de Seguridad Ciudadana y Justicia del BID, al menos cuatro propuestas de penas alternativas a la prisión han demostrado su efectividad, y el Banco ha promovido vigorosamente su implementación en la región:

1. Monitoreo electrónico. Di Tella y Schargrodsky (2013) analizan el efecto de sistemas de monitoreo electrónico en procesados y encuentran que cuando a un individuo se le trata en prisión, su probabilidad de reincidir es 9 puntos porcentuales más alta que cuando se le asigna un brazalete electrónico. Para mejorar la efectividad de sus programas para la prevención de la violencia, el Banco está implementado esquemas piloto de vigilancia electrónica en Costa Rica y El Salvador.
2. Libertad condicional. Kuziemko (2013) demuestra que la posibilidad de que se conceda libertad condicional anticipada incentiva a los privados de la libertad a invertir en su propia rehabilitación, conllevando a una disminución en los niveles de reincidencia. La autora asimismo encuentra que eliminar los beneficios de la libertad condicional incrementaría el costo del sistema penitenciario entre 5% y 7%. Con esta perspectiva, efectuamos operaciones que contribuyen al diseño de sistemas comunitarios de libertad condicional en el Caribe.
3. Servicio comunitario. Wermink et al. (2010) evalúan el impacto del servicio comunitario en la reincidencia y encuentran que mientras que el 52% de los infractores que no llevaron a cabo trabajo comunitario reincidieron, solo el 28% de los infractores que participaron en actividades de servicio a la comunidad cometieron un delito nuevamente. En Jamaica y El Salvador apoyamos al desarrollo de un modelo de seguridad ciudadana que integra programas de servicio comunitario juvenil y justicia restaurativa que responda a los desafíos de la región.
4. Justicia terapéutica. Gottfredson et al. (2003) examinan el efecto de los tribunales de tratamiento de adicciones y señalan que la tasa de reincidencia de aquellos individuos sujetos a rehabilitación basada en terapia médica y psicológica integral es 16 puntos porcentuales menor que la de los infractores que no reciben tratamiento de desintoxicación. Asistimos al gobierno de México en la evaluación rigurosa de intervenciones que evitan la criminalización del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes.

La experiencia nos ha demostrado que las cárceles son escuelas del crimen y que las políticas punitivas solo agravan el entorno de violencia y delincuencia de nuestra región.  La apuesta que hacemos en el BID es impulsar las sanciones alternativas a la prisión. El desarrollo social de nuestra región no se explica sin un modelo penitenciario humanitario y justo. Desde el Banco continuaremos innovando para reformar el complejo y desafiante sistema carcelario de América Latina y el Caribe. No es una tarea fácil, pero hay 1,5 millones de motivos que nos animan a intentarlo.

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Crédito foto: Paula Corzo