El COVID-19 ha transformado prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, desde las rutinas diarias -como la compra de alimentos y las reuniones sociales- hasta transacciones globales como el comercio y el turismo internacional. La pandemia ha alterado cómo, cuándo y hacia dónde se mueve el mundo. Los patrones del crimen no han sido ajenos a estos cambios.

¿Cuál es la relación entre COVID-19 y crimen?

Las medidas que tomaron muchos gobiernos para limitar el contagio del COVID-19 interrumpieron diferentes eslabones de la cadena criminal. Por ejemplo, las cuarentenas y restricciones a la movilidad redujeron las oportunidades de interacción entre víctimas y victimarios –con la excepción de la violencia doméstica, que registró un aumento de casos cuando víctimas y agresores permanecieron confinados en el hogar. También se vieron afectadas las cadenas de suministro de piezas de auto robadas o la venta de drogas ilícitas.

Además, la crisis del COVID-19 tuvo un impacto muy particular en los cuerpos policiales. Las policías de muchos países pasaron a ser consideradas primera línea de respuesta y, como tal, tuvieron que ajustar diversos aspectos de la operatividad policial para incorporar responsabilidades adicionales a su labor habitual de mantener el orden público. Las policías respondieron a la emergencia sanitaria ejerciendo, por ejemplo, el control del cumplimiento a las restricciones de movilidad o a la clausura de sectores económicos. Las policías también necesitaron ajustarse para frenar los contagios en sus filas, en ocasiones reduciendo el personal disponible por determinados períodos de tiempo.

Esta combinación de factores ha generado serios retos de coordinación entre los ciudadanos y entre las diversas agencias de los Estados. La complejidad del fenómeno hace que la evolución pueda diferir entre un país y otro, o incluso en diferentes regiones de un mismo país.

El caso de Colombia

A fin de generar evidencia sobre los efectos de la pandemia en la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó recientemente un documento técnico que analiza datos administrativos de denuncias y capturas policiales en Colombia. El análisis compara el número de registros durante la pandemia contra lo que habría ocurrido si el delito hubiese continuado con la tendencia pre-pandemia.

¿Qué muestran los datos?

• Si bien los homicidios bajaron drásticamente durante las primeras semanas de la crisis, la caída se atenuó y eliminó con el paso del tiempo. En el período del 20 de marzo al 17 de agosto de 2020 los homicidios diarios por municipio cayeron un 16% en promedio. Esta caída fue especialmente aguda durante el primer mes y medio, cuando el número de homicidios diarios por municipio cayó alrededor del 40%. La evolución de los homicidios no fue homogénea en todo el país. Algunas regiones mostraron caídas mayores (de hasta el 31% relativo a las tendencias previas a la cuarentena), y otras no registraron caídas significativas. A partir de junio, las caídas iniciales se atenuaron y el número de homicidios retornó a las tendencias previas.

Evolución del efecto del confinamiento por COVID-19 sobre el homicidio

Fuente: Evolución de la seguridad ciudadana en Colombia en tiempos del COVID-19, IDB-TN-2034.

• Los crímenes contra la propiedad también se redujeron a niveles históricos. El robo de vehículos, por ejemplo, cayó 45% relativo a la tendencia que exhibía antes de las medidas de aislamiento. En este caso la caída fue generalizada en prácticamente todo el territorio de Colombia.

Evolución del efecto del confinamiento por COVID-19 sobre el hurto de vehículos

Fuente: Evolución de la seguridad ciudadana en Colombia en tiempos del COVID-19, IDB-TN-2034.

• La pandemia también obligó a modificar la actividad policial. Por un lado, las capturas por delitos como el homicidio y el robo disminuyeron. Por otro lado, las capturas por amenazas contra la salud pública aumentaron.

Evolución del efecto del confinamiento por COVID-19 sobre las capturas por amenazas contra la salud pública

Fuente: Evolución de la seguridad ciudadana en Colombia en tiempos del COVID-19, IDB-TN-2034.

Otros estudios se han concentrado en el papel de grupos criminales en la pandemia. Para el caso de Colombia existe menos evidencia del involucramiento de grupos criminales en el ejercicio de gobierno criminal en el marco de la pandemia. En una ciudad como Medellín, por ejemplo, donde algunas pandillas urbanas ejercen cierto control en algunos barrios, la evidencia sugiere que el Estado tuvo un rol mucho más preponderante en el control de las cuarentenas y el suministro de medidas de bienestar a la ciudadanía.

Algunas lecciones para la región

Los patrones observados en Colombia sugieren diferentes espacios de actuación y fortalecimiento para las policías, gobiernos nacionales, regionales y locales, y agencias del sistema de justicia criminal en América Latina y el Caribe.

Primero, la heterogeneidad de las dinámicas criminales entre diferentes regiones sugiere que es necesario focalizar los esfuerzos de investigación criminal. Es preciso analizar, por ejemplo, por qué los homicidios caen en unas zonas y no en otras. Este análisis focalizado debe ser la base para el diseño de estrategias de prevención, investigación y operación que se adapten a las distintas realidades del territorio.

Además, la pandemia y las medidas de aislamiento han llevado a que la policía amplíe sus servicios e incorpore acciones de prevención y control de la emergencia sanitaria. En un contexto de recursos limitados, la utilización de recursos policiales para nuevas actividades conduce a que otras tareas reciban menor atención. El cambio en las actividades supone, además, un nuevo tipo de interacción entre la policía y la ciudadanía. Estos dos factores exigen un ejercicio juicioso de análisis que permita priorizar los recursos policiales hacia los dominios más sensibles de la política pública.

La interrupción de algunas cadenas de valor criminales por la emergencia sanitaria puede representar una oportunidad para lograr cambios estructurales de largo plazo. La pandemia generó una pausa momentánea en algunos mercados y actividades. Este contexto puede favorecer la identificación de actores clave en ciertas cadenas de valor. La acción oportuna sobre eslabones específicos de estas cadenas permitiría generar disrupciones de largo plazo en las dinámicas criminales.

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SOBRE LOS AUTORES:

Nathalie Alvarado es la coordinadora del área de seguridad ciudadana y justicia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Santiago Pérez Vincent es investigador y punto focal de la agenda de conocimiento del área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Santiago Tobón es profesor de Economía y Director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (CIEF) de la Universidad EAFIT, Colombia.

Martín Vanegas-Arias es coordinador de Investigaciones del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (CIEF) de la Universidad EAFIT, Colombia.

Ervyn Norza es oficial de la Policía Nacional de Colombia (PNC) en el grado de Mayor e investigador criminológico de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.