Por qué algunos proyectos de infraestructura empeoran la delincuencia

Originalmente publicado en el blog Ideas que Cuentan

¿Se puede crear empleo y prevenir la delincuencia con programas de infraestructura? No es una pregunta fácil. Como muchas otras regiones, América Latina y el Caribe ha invertido en obras de infraestructura municipal con la idea de mejorar el bienestar de sus habitantes. Se han construido teatros, centros recreacionales y centros deportivos; se han pavimentado carreteras e instalado alumbrado nuevo y mejores sistemas de alcantarillado. Se ha tratado de generar empleo a través de esos programas. Y, en muchos casos, se abriga la esperanza de que con ello se consiga además reducir la delincuencia y sus costos.

Pero la relación entre desempleo y delincuencia no es tan directa y clara como podría lucir a primera vista. Puede parecer obvio que se cometen menos delitos cuando mejora la situación económica general. De hecho, estudios realizados en Estados Unidos han revelado que aumentar los sueldos y salarios y reducir el nivel de desempleo entre la población masculina de menor preparación puede obrar ese efecto. Pero otros estudios han concluido que la policía y otros medios disuasorios de la delincuencia son aún más eficaces para mejorar la seguridad pública. Y aún otros han indicado que los índices de delincuencia aumentan incluso cuando se reduce el desempleo.

Lo que sí parece estar claro es que, aunque no haya reglas definitivas, en ciertas circunstancias los programas de infraestructura pueden producir el efecto deseado en ambos frentes. El factor crítico es su concepción. Sus beneficios deben ser compartidos por amplios sectores de la población y las desigualdades económicas deben reducirse, en lugar de aumentar.

Examinemos dos casos de inversiones públicas considerables en obras de infraestructura municipal. Entre 2007 y 2010, el Departamento de Defensa de Estados Unidos gastó alrededor de $2.000 millones en la renovación y construcción de cuatro bases militares en San Antonio, Texas. Ese aumento del gasto, equivalente a 3% del PIB de la zona metropolitana de San Antonio, produjo un repunte considerable de la demanda de mano de obra en el sector de la construcción. Además de eso, aisló al sector local de la construcción de los efectos de la coyuntura habitacional y la recesión que azotaban al resto del país. Desafortunadamente no todo el mundo tuvo derecho a participar en el programa. Una condición de los contratos militares era que solo podían solicitar empleo quienes no tuvieran antecedentes penales graves.

Según un estudio realizado por Mathew Freedman y Emily Green Owens, el resultado fue que, si bien la pobreza se redujo en los vecindarios donde vivían grandes cantidades de trabajadores de la construcción, los robos de vehículos, los robos con allanamiento de morada y los robos cometidos por personas acusadas o halladas culpables de cometer delitos graves, de hecho aumentaron. Por cada punto porcentual de incremento de la proporción de empleos en la construcción de un vecindario, se produjo un aumento de 2% de los robos cometidos por personas acusadas o halladas culpables de haber cometido delitos graves; un incremento de 2% en el número de robo de vehículos y un aumento de 3-4% del número de asaltos con agresión. Excluidos del mercado laboral, esos delincuentes encontraron blancos aún más productivos entre sus propios vecinos, a medida que estos mejoraban su situación económica.

Por contraste, en 2009, en España se comenzó a ejecutar un plan de obras de infraestructura de gran escala con un enfoque totalmente distinto. Ese plan, realizado al nivel municipal y con fondos aportados por el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), se concentró en la construcción de centros recreacionales, planteles educativos, centros deportivos y demás instalaciones dirigidas a mejorar la oferta de medios de solaz y esparcimiento e indirectamente acrecentar el capital social de la población. El objetivo más inmediato fue inyectar fondos en el sector de la construcción, que se había desplomado al reventar la burbuja habitacional del país. Ello hizo aumentar la tasa de empleo de alrededor de 8% a mediados de 2007 a más de 11% en 2008.

Los efectos del programa, como muestra Daniel Montolio en un estudio de 948 municipios catalanes, fue prácticamente instantáneo. El gobierno central invirtió alrededor de €1.300 millones en esos proyectos en Cataluña. De importancia fundamental fue que no se impusieron restricciones ‒ni en cuanto a antecedentes penales ni de otro tipo‒ a quienes solicitaran esos empleos. Eso hizo que el desempleo se redujera en promedio en 11% durante los primeros cinco meses del programa y que los delitos contra la propiedad disminuyeran en promedio en 13%, pero el mayor efecto se registró en los robos y los robos violentos de vehículos.

Las ramificaciones para América Latina y el Caribe son evidentes. La delincuencia es un problema apremiante de la región y figura entre las mayores preocupaciones de sus habitantes; además es costosa. Obliga a la región a desviar recursos preciosos hacia las entidades policiales y los servicios privados de seguridad. Afecta al comercio internacional y la inversión, la iniciativa empresarial, el valor inmobiliario y la confianza en las instituciones públicas. Más importante aún es que se trata de algo que se puede prevenir eficazmente a la vez que se cubren las necesidades de infraestructura de las comunidades municipales; pero únicamente si los proyectos de infraestructura y empleo son incluyentes y mejoran las perspectivas económicas de todos – incluida la población masculina de escasa preparación y con antecedentes penales.

*Autor Invitado: Daniel Montolio es profesor de economía en la Universidad de Barcelona (España) e investigador en el Instituto de Economía de Barcelona (IEB). Durante 2015 fue visiting scholar en el Research Department del BID.

Foto: Flickr CC PresidenciaRD