La protección social de niñas, niños y adolescentes es uno de los desafíos más complejos que enfrentan las comunidades de acogida frente a los grandes flujos migratorios. El aumento de la demanda de servicios, sumada a la vulnerabilidad que caracteriza a la población migrante en América Latina y el Caribe (ALC), hacen que ofrecer servicios de protección social sea un reto complejo, especialmente de quienes no están acompañados.
Tradicionalmente, la principal respuesta ante la situación de niños, niñas y adolescentes que no cuentan con un referente familiar, fue el acogimiento institucional. Sin embargo, esta modalidad se asocia a problemas de salud, retrasos en el crecimiento, del desarrollo cerebral, y desarrollo socioemocional y mayores dificultades en la vida adulta.
En el caso de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana, condiciones como la irregularidad migratoria, la separación familiar, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos agravan su situación y requieren, además, de atención especializada.
La migración en Ecuador
En los últimos diez años, Ecuador se ha convertido en uno de los principales destinos para la migración sudamericana. Aproximadamente 871.000 inmigrantes pasaron por Ecuador en el período 2020-2023, lo que representa aproximadamente 1 de cada 20 residentes y, de estos, el 55% corresponde a ciudadanos venezolanos. Este flujo migratorio ha generado desafíos significativos, particularmente en la protección de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de múltiple vulnerabilidad.
Hacia una estrategia nacional de desinstitucionalización
Para ofrecer una nueva respuesta a esta realidad, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyó al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización, que busca cambiar el paradigma de atención a las niñas, niños y adolescentes, pasando de un modelo centrado en la institucionalización a promover el derecho de los niños a vivir y desarrollarse en un entorno familiar y comunitario.
La estrategia incluye la implementación de nuevas prácticas y un nuevo modelo de servicios alternativos que refuercen la protección especial de niñas, niños y adolescentes, mejorando las condiciones del sistema de protección para todos los niñas, niños y adolescentes en el país.
Entre los principales riesgos asociados a la institucionalización del cuidado y de los servicios de protección social a población migrante se encuentran la negligencia, el maltrato y la violencia sexual. No obstante, también se observan casos vinculados a la movilidad humana, como la trata de personas y el desplazamiento forzado. Cabe destacar que aproximadamente el 10% de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados son extranjeros.
Riesgos asociados a la institucionalización del cuidado y de los servicios de protección social a población migrante
Apoyo familiar y custodia familiar
Se brinda servicios de protección especial prolongada o permanente en modalidades alternativas al acogimiento institucional para niños, niñas y adolescentes. Ofrece identificación, evaluación, registro y acompañamiento de las familias acogientes o de custodia.
Se desarrollan talleres de acompañamiento familiar, psicosocial, pedagógicos con familias usuarias del servicio y de la comunidad donde se trabajan temas de sensibilización respecto al ejercicio y restitución de derechos de las personas migrantes, derechos de las niñas, niños y adolescentes, derechos humanos que prevengan la mendicidad y el trabajo infantil, trata de personas, violencia de género e intrafamiliar.
Atención y protección emergente a niñas, niños y adolescentes
Se procura atención y protección emergente a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el país, en presunta situación de vulneración de derechos, con necesidad de protección emergente, y que están en riesgo de perder o ya han perdido el cuidado parental o su medio familiar
Además, se brinda acogida temporal (incluyendo cama, alimentación, vestimenta y acompañamiento) y de la gestión para definir su estado y lograr la reunificación con la familia o la referencia a los servicios de protección especial prolongada o permanente (familiar o institucional) para la población infantil y adolescente no acompañada o en situación de negligencia, abandono u otra violación de derechos.
Brigadas multidisciplinarias “Ciudades de Acogida”
Las brigadas permiten incrementar la capacidad de provisión de servicios de protección social, a migrantes en condiciones de vulnerabilidad, especialmente niñas, niños y adolescentes, a través de información, consejería, apoyo y referencia a servicios sociales, según edad y necesidad de cada persona; incluyendo servicios de contención psicológica inicial, asesoría legal para la regularización del estatus migratorio u otros temas legales, consejería y acompañamiento para conocer y acceder a otros servicios sociales relevantes.
Además, se realizan talleres de capacitación que contribuyen al aprendizaje y fortalecimiento de oficios en diferentes áreas como: cocina, manualidades, modistería y otros, que les sirvan de inicio a emprendimientos, y los puedan beneficiar económicamente. De esta manera, el MIES atiende anualmente a cerca de 9.500 beneficiarios a través de 22 Organizaciones de la Sociedad Civil.
La evaluación del programa muestra que ampliar la cobertura de estos servicios mejora la calidad de vida de la población migrante vulnerable. Según el informe de evaluación de satisfacción de los usuarios del servicio de movilidad humana “Ciudades De Acogida” elaborado por el MIES en enero de 2024 “El 86,2% de los usuarios consideran que el servicio brindado les permitió superar condiciones de vulnerabilidad personales y familiares. El 56,3% de estos usuarios manifestaron que las condiciones superadas fueron tanto a nivel familiar como personal, siendo también significativa la respuesta del nivel familiar con el 25,5%. Estos resultados nos dan cuenta de que el servicio impacta significativamente en todo el entorno familiar.”
Regularización migratoria
Dada la múltiple vulnerabilidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y separados de su medio familiar, se trabaja en asegurar una atención integral que incluye la regularización migratoria, para garantizar su acceso a otros servicios y derechos en el país. Se destaca el trabajo interinstitucional impulsado por el MIES con los ministerios del Interior, Cancillería y Registro Civil.
Específicamente, en cuanto a la protección a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y separados, se necesita contar con un registro nacional, unificado y articulado interinstitucionalmente, que permita al país garantizar una protección, atención integral y un seguimiento de carácter nominal.
Este esfuerzo, se lleva adelante con la participación de organizaciones de la sociedad civil, aliados claves en este proceso de transformación
Durante el 2023 el personal de los servicios de movilidad humana ¨Ciudades de Acogida¨ trabajó de forma exhaustiva en el proceso de regularización migratoria de niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados en situación de movilidad humana. Su compromiso y el trabajo en colaboración entre las instituciones gubernamentales, Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil posibilitó la regularización migratoria de cerca de 900 niñas, niños y adolescentes. Los equipos continúan trabajando con este objetivo.
Con estas estrategias, el MIES con apoyo del BID busca reducir el número de niñas, niños y adolescentes en medidas de institucionalización, mejorar las condiciones del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes del país y apoyar la inclusión social efectiva de la población migrante en Ecuador.
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