Cada día, millones de familias en América Latina y el Caribe organizan su vida alrededor del cuidado: de una niña o un niño pequeño, de una persona con discapacidad que necesita apoyos o de una persona mayor en situación de dependencia. Durante mucho tiempo, la conversación pública se centró casi exclusivamente en quienes recibían esa atención. Pero hoy el enfoque cambió: el bienestar ya no se entiende sin considerar también a quienes cuidan -con o sin remuneración- como parte de la misma ecuación. Esta mirada dual no es un detalle técnico: redefine prioridades, programas y la forma en que se asignan los recursos públicos. 

¿Por qué importa poner a la dupla del cuidado en el centro? 

• Productividad y sostenibilidad fiscal. En la región, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado representen en promedio el 21,4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a una contribución económica que permanece fuera de los registros fiscales. Formalizar y profesionalizar estos cuidados podría traducirse en un aumento de la recaudación tributaria y en una mejora de la productividad al incorporar plenamente ese capital humano al mercado laboral.  

• Eficiencia y calidad del cuidado. Los programas de apoyo psicosocial y formación para cuidadoras mejoran la experiencia tanto de quienes cuidan como de quienes reciben cuidado, además de reducir la rotación y el desgaste.  

• Salud mental y autonomía económica de las mujeres. En América Latina, las mujeres realizan en promedio tres veces más trabajo de cuidado no remunerado que los hombres, lo que limita su participación laboral y reduce sus ingresos presentes y futuros. Esta sobrecarga del cuidado afecta además la salud física y emocional de las cuidadoras, las cuales reportan mayores niveles de estrés, ansiedad y depresión. Los servicios de apoyo y programas de protección social, como los espacios de respiro – servicios temporales que, por ejemplo, incluyen visitas de profesionales de salud a personas mayores en situación de dependencia y ofrece descanso y apoyo a quienes cuidan-, así como las pensiones no contributivas, pueden aliviar estas cargas y facilitar el  acceso de las mujeres al empleo, la formación y el emprendimiento.  

Novedades de las políticas de cuidado 

1. El sujeto de la política se amplía. Las políticas ya no se limitan a garantizar apoyo a quienes requieren cuidados -niños, niñas, personas mayores en situación de dependencia y personas con discapacidad que requieren apoyo-, sino que reconocen que el bienestar de quienes cuidan también es una prioridad en sí misma y una condición esencial para la calidad del cuidado. 

2. Cuidar a quien cuida: servicios de relevo y respiro. Lo que antes era marginal, hoy entra en el menú principal. Los servicios de relevo -tiempos y actividades para que la persona cuidadora pueda descansar, acceder a salud, formación o bienestar mientras otra persona o servicio asume temporalmente el cuidado- se expanden e integran de manera más sistémica en las políticas públicas. 

3. Reconocimiento económico y seguridad social. Programas de apoyo económico y de protección social como transferencias, subsidios y pensiones, comienzan a reconocer explícitamente las trayectorias de quienes cuidan, tanto de manera remunerada como no remunerada. Fortalecer la protección social contributiva y no contributiva es clave para cerrar brechas de ingresos de las mujeres cuidadoras. El desafío sigue siendo la expansión y sostenibilidad de estas prestaciones, pero su orientación explícita a cuidadoras y hacia la vejez va ganando terreno en los rediseños nacionales.  

4. Profesionalización de las actividades de cuidado. La formación de personas cuidadoras es fundamental para garantizar competencias técnicas, relacionales y de autocuidado, prevenir el agotamiento físico y emocional, y asegurar atención de calidad. No obstante, el 46 % de las cuidadoras de personas mayores en la región carece de formación, el 20% ha recibido menos de 60 horas de capacitación y el 63,3 % no supera los nueve años de educación formal. Frente a este escenario, la implementación de un enfoque integral que combine capacitación a través de un currículo estructurado y sistemas de certificación permitirá reconocer el cuidado como profesión, fortalecer competencias y mejorar las condiciones laborales de la fuerza de trabajo del cuidado.  

Evidencia que mueve la aguja de los cuidados 

En la región se consolida el consenso sobre la necesidad de avanzar hacia sistemas integrales y políticas nacionales de cuidado. Este enfoque impulsa una mayor inversión pública y la definición de estándares de calidad para el sector de cuidados, mediante la coordinación entre ministerios sociales, de la mujer, de salud, trabajo y hacienda. 

El objetivo va más allá de “ayudar a las familias”.  Se busca reconocer el cuidado como un trabajo y como un pilar del crecimiento económico. Estos son algunos ejemplos: 

• Chile: los servicios de relevo forman parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida. Además, la reforma de pensiones de 2025 reduce los años requeridos a las mujeres para acceder al beneficio por trayectorias de cuidado no remunerado y amplía la cobertura del seguro por lagunas previsionales, entendidas como los períodos en que una persona no cotiza en el sistema de pensiones debido a la realización de labores de cuidado no remunerado. 

• Colombia: las Manzanas del Cuidado en Bogotá ofrecen itinerarios integrales que incluyen educación, salud, generación de ingresos, asesoría psicojurídica y actividades de respiro para cuidadoras. 

• México: el programa Pensión Mujer Bienestar otorga ingresos a mujeres mayores de 60 años como reconocimiento al trabajo de cuidado no remunerado realizado a lo largo de su vida. 

• Costa Rica: avanza con transferencias monetarias dirigidas a cuidadoras y cuidadores no remunerados de personas mayores, y con la plataforma cuidar.cr, que conecta la oferta y la demanda de cuidados remunerados con el apoyo del Estado. 

Lo que viene para las políticas de cuidado 

En 2025, la agenda de los cuidados en América Latina y el Caribe se juega en tres frentes: 

• Marcos normativos que reconozcan explícitamente la necesidad de atender ambas partes de la dupla del cuidado. 

• Financiamiento sostenible, a través de impuestos generales, fondos específicos y cofinanciamiento territorial, que priorice servicios de proximidad, de relevo, apoyos a ingresos y plataformas de intermediación laboral en cuidados.   

• Calidad y condiciones laborales en el sector, con formación, certificación y mejores salarios para cuidadoras remuneradas. 

La novedad no es simplemente agregar “un programa para cuidadoras”, sino reorganizar los sistemas y políticas de cuidados en torno a la dupla. Así, el cuidado deja de ser un eslogan y se convierte en infraestructura pública que sostiene la vida tanto de quienes reciben cuidados como de quienes los brindan.