Si alguna vez has observado un panal de abejas, habrás notado que funciona gracias a la coordinación. Cada abeja cumple un rol en un sistema basado en comunicación, cooperación y propósito común. De manera similar, la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres requiere articulación y enfoque integral.
Con esta premisa se llevó a cabo el Diálogo Regional de Política 2025 “Violencia contra las mujeres: Hacia un abordaje integral y coordinado”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en junio de 2025. El Diálogo reunió a 85 participantes de 19 países de América Latina y el Caribe para analizar desafíos, intercambiar aprendizajes y proponer estrategias concretas para fortalecer la coordinación institucional.
Un problema multidimensional, estructural y persistente
En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro mujeres ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja, proporción que aumenta si se considera la violencia ejercida por terceros. La región presenta tasas de femicidio de 4,17 por cada 100.000 mujeres, más del doble del promedio global. En 2023, se registró una muerte violenta por femicidio aproximadamente cada dos horas.
La vulnerabilidad aumenta para mujeres con discapacidad, afrodescendientes e indígenas, y se profundiza en contextos con presencia de crimen organizado. La trata de personas—perpetrada en su mayoría por grupos de crimen organizado—afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas, quienes representan el 62% de las víctimas en Sudamérica y el 82% en Centroamérica y el Caribe.
La violencia adopta diversas formas—física, sexual, emocional, control de conductas— y ocurre en hogares, espacios públicos, lugares de trabajo y entornos digitales. Estas manifestaciones se entrelazan, se transmiten entre generaciones y se sostienen en normas sociales que las toleran. Sus impactos son amplios: afectan la salud, la autonomía económica, el desarrollo infantil, la productividad y la cohesión social. Según estimaciones globales, la violencia y el acoso laboral generan pérdidas de hasta 6 billones de dólares anuales.
Romper silos para construir soluciones efectivas
Ante esta realidad, ninguna intervención aislada resulta suficiente. Se requieren estrategias integrales y coordinadas, basadas en evidencia.
Un abordaje integral articula prevención, protección, atención, acceso a la justicia, reparación, y reintegración socioeconómica, mediante la provisión de servicios esenciales–—salud, seguridad, justicia, educación, apoyo psicosocial y financiero—que sean culturalmente pertinentes y consideren los efectos diferenciados de la violencia en distintos grupos de mujeres.
La coordinación multisectorial es clave para identificar mejor las necesidades de las sobrevivientes, ofrecer respuestas coherentes y evitar su revictimización al relatar su experiencia múltiples veces. No se trata solo de reunir sectores, sino de mejorar la calidad de los servicios, reducir costos de acceso y aprovechar sinergias para garantizar atención oportuna y eficaz. A pesar de los avances, persisten desafíos como recursos limitados, escasez de datos, baja interoperabilidad y capacidades técnicas insuficientes.
Contar con evidencia sobre qué intervenciones son efectivas y escalables, así como identificar áreas dónde se requiere más investigación, es fundamental. Una revisión analítica reciente y esta plataforma de evidencias ofrecen información sobre qué funciona (y qué no) para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres.
Cinco prioridades clave para los gobiernos de América Latina y el Caribe
Durante el Diálogo Regional de Política 2025, representantes de alto nivel de instituciones para el adelanto de las mujeres y de los sectores de seguridad y justicia identificaron cinco áreas prioritarias:
- Modelos efectivos de coordinación: Institucionalizar espacios intersectoriales con mandatos claros, gobernanza definida, formación especializada, recursos técnicos sostenidos y participación de diversos sectores y niveles de gobierno, incluyendo mecanismos para el adelanto de las mujeres, salud, educación, policías, fiscalías y justicia, con sociedad civil y organismos internacionales. Ejemplos destacados fueron Ciudad Mujer y los Hope and Justice Centres.
- Actualización de marcos normativos y operativos: Mejorar la aplicación de leyes, políticas y protocolos; establecer herramientas de gestión de casos y sistemas de referencias y contrarreferencias efectivos a nivel central y territorial para asegurar atención oportuna y articulada.
- Sistemas robustos de datos e información: Producir datos comparables y desagregados, mejorar registros administrativos y herramientas de valoración de riesgo, promover interoperabilidad, fortalecer la seguridad de la información capacidades para análisis y uso estratégico en políticas públicas.
- Fortalecimiento de la rendición de cuentas: Incorporar análisis de impacto, evaluaciones de costo-beneficio e indicadores medibles en la planificación y formulación de políticas públicas, con monitoreo y evaluación continua.
- Prevención como estrategia esencial: Priorizar intervenciones preventivas, especialmente con jóvenes y hombres e incorporar enfoques que consideren movilidad humana y tecnologías digitales. La Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo—integrada por 22 países y 11 aliados estratégicos con secretaría técnica del BID—promueve respuestas integrales para mitigar el impacto del crimen organizado sobre poblaciones vulnerables, incluidas mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Compromiso colectivo para avanzar
Dada la naturaleza estructural y multidimensional de la violencia contra las mujeres, se requieren respuestas coordinadas y sostenibles. El BID continúa apoyando a los países de América Latina y el Caribe a cerrar las brechas de datos, promover sistemas interoperables, mejorar la articulación intersectorial y fortalecer capacidades estatales para abordar este problema como una prioridad de desarrollo.
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