En los últimos años, varios países latinoamericanos han tratado de conseguir inversión privada para ampliar los sistemas de agua corriente y alcantarillado. Millones de personas de la región carecen aún de acceso a servicios de agua potable y saneamiento gestionados de manera segura, y ante la falta de dinero de los gobiernos para proporcionar la infraestructura necesaria, los formuladores de políticas públicas han visto en la inversión privada una posible solución.
No obstante, el problema radica en que a menudo resulta costoso ampliar la infraestructura para atender a las poblaciones desatendidas y estas, a su vez, pueden no estar dispuestas a pagar para conectarse a servicios adicionales, lo que crea una disyuntiva entre la viabilidad financiera y la inclusión social.
Un estudio en Brasil
Ante este dilema, en un estudio reciente hemos tratado de examinar políticas que mejorarían las conexiones de agua y alcantarillado. Para ello, nos centramos en el Nuevo Marco de Legal de Saneamiento 2020 en Brasil que, por una parte, fomenta que los municipios celebren contratos con proveedores privados y, por la otra, fija como objetivos un 99% de hogares conectados a la red de agua potable y un 90% con sistema de alcantarillado.
Analizamos los datos detallados de facturación de los hogares de uno de los principales proveedores privados del país y los combinamos con información demográfica del censo nacional. Esto nos proporcionó información detallada sobre el consumo y mostró a qué códigos postales se expandió la empresa y qué servicios instaló (agua o agua y alcantarillado) dentro de su concesión.
Observamos que la empresa tendía a dar prioridad a la expansión de la infraestructura en los barrios más ricos, donde los consumidores pueden pagar por mejores servicios, así como en las zonas más cercanas a las redes existentes. Además, mediante simulaciones, demostramos que incluso si la empresa extendiera la infraestructura de agua y alcantarillado a todos los barrios posibles dentro de su área de concesión, solo alrededor de la mitad de los hogares se conectarían a la red de alcantarillado.
Esto crea una situación difícil. Es posible que las empresas no amplíen su infraestructura debido a que no pueden recuperar sus costos. Y es posible que los hogares no aprovechen el valioso servicio de conexión al alcantarillado por diversos factores como son los elevados costos de conexión a los que se enfrentan, el no estar dispuestos a pagar las facturas mensuales de alcantarillado y el no considerar las amplias ventajas sociales de contar con una adecuada recolección de aguas residuales. ¿Qué se puede hacer al respecto?
Con nuestras simulaciones de políticas públicas analizamos tres opciones diferentes:
- Subsidios para la conexión
Reducir o eliminar el costo inicial de la conexión de los hogares a la red de alcantarillado mediante la provisión de subsidios tiene efectos limitados. Aunque logra ayudar en los barrios que ya cuentan con servicio de alcantarillado, es muy poco lo que hace por incentivar a las empresas a expandirse debido a que las tarifas mensuales reguladas no logran recuperar el costo total de la expansión de la red. - Subsidios + Tarifas más altas
Combinar los subsidios para la conexión con un aumento de la tarifa mensual del servicio de alcantarillado resulta mucho más eficaz. Aumenta significativamente los incentivos tanto de la oferta como de la demanda, elevando las tasas de conexión a cerca del 82%. Se trata de una notable mejora en comparación con la línea de base, pero, por un lado, requiere una considerable inversión pública para financiar los subsidios, y, por el otro, un aumento de las tarifas podría encontrar oposición política. - Tarifas por disponibilidad del alcantarillado
El cobro de una tarifa a los hogares que ya disponen de infraestructura de alcantarillado —independientemente de si se conectan o no— también aumenta la adopción del servicio de alcantarillado, con lo que las tasas de conexión se sitúan en torno al 55%. Pero esto aún está lejos del objetivo de conexión del 90%. La política se autofinancia con la regulación actual y crea un incentivo tanto para las empresas como para los consumidores. Sin embargo, traslada la carga financiera a los hogares, lo que plantea problemas de equidad y asequibilidad para las familias de bajos ingresos.
La estrategia más eficaz parece ser la segunda: un aumento moderado de los precios del alcantarillado combinado con subsidios a los consumidores para que puedan pagar las conexiones, un planteamiento que fomenta tanto la expansión como la adopción.
El camino hacia el acceso al alcantarillado para todos
Las empresas privadas no ampliarán la infraestructura de alcantarillado si las tarifas no cubren los costos de ampliación y gestión de la red, y los hogares no se conectarán a la red si resulta demasiado caro. Las decisiones privadas por sí solas conducirán a una inversión insuficiente. Los gobiernos deben estar dispuestos a intervenir con políticas y regulaciones que creen incentivos. Aunque puede resultar complicado desde el punto de vista político y fiscal, los gobiernos deberían considerar la posibilidad de subsidiar la conexión de los hogares y crear estructuras de precios que permitan a las empresas recuperar los costos de expansión en las zonas desatendidas. Esto no solo estimularía la adopción, sino que beneficiaría a toda la sociedad al crear entornos más limpios y mejorar la salud general.
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