A pesar de décadas de gobiernos democráticos y reformas políticas, la desigualdad económica en América Latina sigue siendo una realidad pertinaz. La concentración de ingresos y riqueza entre el 10% más rico de la población ha dejado al 10% más pobre con menos del 2% de los ingresos totales. Las disparidades han perdurado durante los últimos 30 años, incluso en democracias relativamente estables como Chile, Colombia y México.
Esto representa un marcado contraste con la mayoría de los países desarrollados. Por ejemplo, el índice Gini general de desigualdad del ingreso en América Latina era de 53,3 en 2000 y bajó a 45,7 en 2018, todavía muy por encima del promedio de la OCDE, que es de 33,2. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto desigualdades persistentes y empeoró la situación para los más vulnerables, haciendo que algunos países de la región registraran un aumento de su índice de Gini después de 2020.
Un estudio reciente del BID lanza la pregunta, ¿qué papel desempeñan los factores de gobernanza en la persistente desigualdad en América Latina? El estudio concluye que las democracias más sólidas han implementado más políticas redistributivas, incluido el gasto en protección social, al tiempo que han avanzado en términos de participación electoral. No obstante, los altos niveles de desigualdad siguen caracterizando a las sociedades de la región debido a las limitaciones de la gobernanza en materia de oferta y demanda, incluida la escasa confianza política e interpersonal, las percepciones distorsionadas de la distribución de ingresos, la limitada demanda de políticas públicas en favor de los pobres y la fragilidad institucional.
Se necesitan reformas políticas más específicas y eficaces para avanzar con decisión en la lucha contra la desigualdad. A fin de lograr repercusiones duraderas, la acción política exige mejoramientos en la gobernanza mediante la protección de las instituciones democráticas, ganándose la confianza de los ciudadanos y limitando la compra de votos.
La mala gobernanza obstaculiza la eficaz formulación de políticas públicas
En teoría, las democracias que funcionan bien deberían abordar la desigualdad económica mediante políticas orientadas en torno al gasto y la tributación redistributivos y respaldados por la demanda mayoritaria. No obstante, en América Latina, estos mecanismos no han tenido la contundencia necesaria. Si bien, países con instituciones democráticas más sólidas, como Costa Rica y Uruguay, han adoptado políticas más redistributivas, sigue imperando una gran desigualdad después de impuestos en toda la región.
El aumento de la participación electoral en estos países, que ha pasado del 63,2% en 2000 al 67,5% en 2018, constituye un avance positivo. Entretanto, las protestas por motivos económicos también se han hecho más frecuentes, especialmente en las democracias más débiles, pasando de una protesta al año a más de seis, en promedio, en la última década, lo que indica una desconexión entre las respuestas en materia de políticas y las exigencias de la sociedad.
Aunque la participación ciudadana es necesaria para el buen funcionamiento del proceso político, los sesgos del electorado pueden a veces acallar políticas redistributivas eficaces en la región. Por ejemplo, una encuesta realizada en Argentina reveló que cerca de una tercera parte de los individuos sobrestimaban su posición en la escala de la distribución de ingresos, lo que reducía su apoyo a las medidas redistributivas. Otro factor que también complica el proceso de formulación de políticas públicas es la escasa confianza política e interpersonal. Por ejemplo, una encuesta BID-Cornell reveló que los encuestados con ingresos más bajos tenían menos probabilidades de tener conocimientos precisos sobre los síntomas y la prevención del COVID-19, lo que influía no solo en sus preferencias en materia de políticas sino en su confianza en las medidas gubernamentales.
En América Latina, tanto la confianza política como la interpersonal son perceptiblemente bajas. La desconfianza influye en el comportamiento de los votantes y en las decisiones de políticas públicas, porque crea una preferencia por las transferencias focalizadas frente a bienes públicos más amplios. Los datos de la encuesta indican que los votantes con poca confianza en las promesas de las campañas políticas apoyan alrededor de siete puntos porcentuales menos las inversiones públicas en educación y seguridad en comparación con aquellos que tienen mayores niveles de confianza. Por el contrario, cuando las elecciones se consideran legítimas y hay una amplia participación del electorado, las políticas redistributivas tienen más probabilidades de éxito. Por ejemplo, en Brasil, una modificación en la tecnología electoral, que facilitó el voto a ciudadanos con bajo nivel de alfabetización, provocó un cambio significativo en el gasto público hacia políticas en favor de los pobres, como la salud pública.
Mantener los avances en la lucha contra la desigualdad
Datos recientes indican que, aunque se han producido notables avances en la reducción de la desigualdad, siguen existiendo desafíos significativos. El gasto público en protección social ha aumentado, con un incremento de la protección social como porcentaje del PIB del 3,24% en 2000 al 4,09% en 2018, incluida la ampliación de la cobertura de los programas de transferencias monetarias condicionadas y pensiones no contributivas. Las democracias más sólidas de la región, con un índice de democracia promedio de 8 a 10, han tenido más éxito a la hora de reducir la desigualdad mediante políticas fiscales, con un índice de Gini que ha descendido en promedio de 50,6 a 43,7 después de impuestos. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para cerrar la brecha de la desigualdad. Los datos también muestran un aumento en la participación electoral y las protestas callejeras, lo que pone de relieve la compleja relación entre el compromiso democrático y la eficacia de las políticas públicas.
Resolver la desigualdad persistente en América Latina requiere políticas audaces, que a su vez exigen una buena gobernanza. El fortalecimiento de las instituciones democráticas y el fomento de la confianza ciudadana son medidas cruciales. Los formuladores de políticas públicas deben centrarse tanto en la oferta como en la demanda, asegurándose de que, por un lado, se representen con precisión las preferencias del electorado y, por el otro, se reduzcan al mínimo las restricciones institucionales. Esto incluye mejorar la visibilidad y eficacia de las políticas redistributivas y aumentar la capacidad del Estado para una implementación más eficiente. Resulta esencial abordar los factores sociales y económicos subyacentes que contribuyen a la desigualdad para fomentar sociedades más equitativas y estables. Ello implicará mayor investigación y reformas políticas específicas para garantizar que la democracia alcance su potencial a la hora de reducir el problema. Abordar el tema de la compra de votos, que se observa sobre todo en países con partidos políticos poco institucionalizados, es un ejemplo de cómo ayudar a canalizar las políticas redistributivas a través del proceso político legítimo.
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