Con la inflación de alimentos en 14% para el país promedio de América Latina y el Caribe en 2022, el nivel más alto de los últimos 20 años, y una inflación core en 7% –medida que excluye la energía y los alimentos– los bancos centrales de la región se han visto obligados a mantener altas las tasas de interés. Esto ha contribuido a un importante objetivo social, ya que los pobres gastan la mayor parte de sus ingresos en bienes y servicios, y la inflación es lo que más los perjudica.
Pero este esfuerzo por combatir la inflación y proteger a los pobres requiere un delicado acto de malabarismo. Las altas tasas de interés impuestas por los bancos centrales han logrado reducir la inflación en muchos países. Al mismo tiempo, están teniendo un efecto moderador sobre la inversión y el consumo y, al ralentizar la economía, podrían reducir el empleo. En países con mucha informalidad, como los de América Latina y el Caribe, también pueden reducir los ingresos de los trabajadores informales –muchos de ellos pobres– más que los de los formales, porque los informales no están protegidos ni por los salarios mínimos ni por las negociaciones contractuales que caracterizan a los trabajadores formales.
La naturaleza de doble filo de la lucha contra la inflación
Así pues, la lucha contra la inflación puede ser un arma de doble filo: por un lado, reduce los precios, que beneficia a toda la población, con un énfasis en los más pobres, mientras que, por otro, a corto plazo, pone en riesgo los ingresos y aumenta la fragilidad laboral de estos últimos. Esto plantea un enorme desafío a la hora de mitigar el impacto de la inflación. Desafío que se analiza en el cuarto capítulo del recién publicado Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2023.
Para empezar, los gobiernos deben ser extremadamente cuidadosos en las negociaciones salariales. Los salarios en América Latina y el Caribe en el sector formal están estrechamente indexados a la inflación pasada, esto crea un círculo vicioso en el que los aumentos salariales perpetúan, en lugar de simplemente compensar, los incrementos de los precios. Aumentar los salarios de manera excesiva en este escenario puede perjudicar el empleo si la inflación cae y los salarios reales son superiores a lo que los empresarios están dispuestos a pagar. Por ello, los salarios negociados en función de la inflación esperada, y no de la pasada, no solo ayudan a mantener los precios bajo control, sino que también pueden proteger el empleo en el sector formal.
Mientras tanto, los subsidios energéticos y alimentarios, dirigidos a sectores muy concretos, pueden mitigar parte del sufrimiento de los más necesitados y vulnerables. La inversión en infraestructura, desde carreteras hasta innovaciones digitales que conecten a dichos sectores con bienes y servicios, puede aumentar sus ingresos. Al fin y al cabo, está demostrado que una mejor infraestructura y una mayor eficiencia benefician más a los más pobres.
La necesidad de una reforma del mercado laboral
Las reformas dirigidas a mejorar el funcionamiento de los mercados laborales y reducir la informalidad tienen un papel decisivo. En tiempos económicos difíciles, las empresas suelen mostrarse reacias a contratar trabajadores debido a las costosas obligaciones que ello conlleva, incluido el seguro médico y las pensiones e indemnizaciones por despido. Los trabajadores también pueden optar por trabajar de manera informal porque las empresas formales deducen de sus salarios el costo de cumplir con dichas obligaciones. Sin embargo, si se suavizaran las regulaciones y los trabajadores tuvieran acceso a tipos de seguro universal que cubrieran sus necesidades de salud y pensiones, estando empleados o no, las empresas podrían estar más dispuestas a contratar trabajadores y los trabajadores más dispuestos a trabajar en el sector formal, con todas las ventajas que ello conlleva en cuanto a salarios más altos, estabilidad laboral y promoción profesional.
Otros tipos de políticas también ayudarían a los trabajadores, entre ellos los que se centran en la creación de nuevas empresas y sistemas de búsqueda de empleo, así como bases de datos que permitan a empleadores y a empleados potenciales encontrarse fácilmente.
Revirtiendo el deterioro de los indicadores sociales
Los primeros 15 años del siglo XXI en América Latina y el Caribe generaron avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Pero esos indicadores positivos empezaron a revertirse en los años posteriores debido al estancamiento del crecimiento, y se deterioraron aún más como consecuencia de la pandemia COVID-19. Aunque la recuperación económica de los dos últimos años ha devuelto las cifras de pobreza a su tendencia anterior a la pandemia, los principales indicadores sociales se siguen deteriorando en la región, y es poco probable que el lento crecimiento del PIB del 1%, previsto para este año, logre darles el impulso necesario. No obstante, si se implementan las políticas adecuadas, hay motivos para ser optimistas. Si se logra controlar la inflación, destinar subsidios a los pobres y crear las condiciones para mejorar los mercados laborales, se podrá aliviar mucho sufrimiento hasta que la mejora de las condiciones económicas mundiales siente las bases de un crecimiento y un bienestar renovados.
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