América Latina está sufriendo una grave crisis carcelaria que se ve reflejada en su población penitenciaria de cerca de 1,4 millones de individuos, incluyendo condenados y detenidos en prisión preventiva. En los últimos diez años, la población carcelaria en la región ha crecido un 76%, y hoy en día 241 personas de cada 100.000 habitantes están detenidas, aproximadamente el doble que en la Unión Europea. El hacinamiento y los frecuentes disturbios en las prisiones llevan a violaciones de la libertad condicional y a la reincidencia. Las malas condiciones de vida generadas por el hacinamiento de prisioneros propagan enfermedades contagiosas, incluyendo la Covid-19, poniendo en riesgo la vida tanto de reclusos como de la población en general.
Esta situación no es ni racional ni sostenible. La opinión pública que, a menudo se basa en información errónea, es la que motiva en gran medida la severidad de las sentencias. Por otro lado, el afán de la sociedad y de las autoridades judiciales por encarcelar a los delincuentes ignora las deficiencias de inversión social y las políticas de orden público. La buena noticia, según lo describimos Fernando Cafferata, Dan Gingerich y yo en un reciente estudio, es que proporcionar mejor información sobre la población carcelaria y las causas sociales de la delincuencia puede generar cambios en las actitudes de los ciudadanos. También puede hacer que se dé mayor énfasis a la prevención que al castigo.
El enorme aumento de las tasas de encarcelamiento en América Latina se ha visto impulsado por el incremento en el número de arrestos y de sentencias por delitos no violentos relacionados con drogas, así como por las condenas más largas (en particular en casos de delitos violentos). También responde a un incremento sustancial en el uso de la prisión preventiva; pues cerca del 41% de los detenidos aún no ha recibido sentencia. El creciente número de ciudadanos que exigen la creación de políticas punitivas cumple un papel fundamental en este sentido. Las sociedades en las que la opinión pública favorece las penas severas tienden a recibir con los brazos abiertos a los políticos dispuestos a promulgarlas, como fue el caso de Estados Unidos durante la década de 1970. Sin embargo, tales sentimientos, a menudo están en desacuerdo con la realidad. Encuestas de Gallup revelan sistemáticamente que desde la década de 1990 la mayoría de los encuestados en Estados Unidos cree que hubo un aumento interanual de la actividad delictiva, cuando esto está totalmente en desacuerdo con niveles reales de delincuencia durante la mayor parte de dicho período.
Las opiniones sobre el encarcelamiento pueden cambiar
Mis colegas y yo mostramos cómo se puede generar un cambio en esas actitudes. Utilizamos los resultados de un experimento único, diseñado e integrado en la ronda de 2017 de la Encuesta del Barómetro de las Américas realizada por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de Vanderbilt University. A los encuestados del grupo de tratamiento se les presentó una infografía que describía el bajo nivel educativo de los reclusos en Chile. Por su parte, los encuestados del grupo de control no recibieron dicha infografía. A continuación, se pidió a ambos grupos de encuestados que asignaran un presupuesto fijo entre los diferentes conjuntos de políticas públicas específicas destinadas a reducir la delincuencia, y se les preguntó si estaban de acuerdo con las tácticas policiales de mano dura. Nuestros hallazgos muestran que las preferencias en materia de política contra la delincuencia varían sustancialmente, dependiendo de la información que tenga la gente. Los del grupo de tratamiento que se enteraron de las desventajas educativas de la población carcelaria asignaron entre un 20% y un 50% más del presupuesto a las políticas sociales o de disuasión que a las políticas punitivas. Dicho grupo también fue menos propenso a aceptar el uso de la fuerza sin restricciones por parte de la policía.
Castigar con severidad el crimen es un elemento necesario para la disuasión. No obstante, es poco probable que las firmes estrategias de lucha contra el crimen, que aumentan la severidad de los castigos, pero ignoran los factores sociales que contribuyen a la delincuencia, resulten eficaces a largo plazo. Por ejemplo, en América Latina, las penas severas generan cuellos de botella en el poder judicial (más de dos tercios de los presos en Chile aún no han recibido sentencia). Si los jueces consideran que las penas son desproporcionadas, el endurecimiento de las mismas también puede dar lugar a una menor tasa de condenas.
La falta de imposición del estado de derecho
Para muchos ciudadanos, el deseo de imponer una justicia severa a los autores de delitos comunes (y comúnmente atroces) es una respuesta emocional a la incapacidad de las autoridades estatales de establecer el estado de derecho. Los políticos responden de la misma manera. Dado que las medidas efectivas requieren décadas de compromisos para abordar las desigualdades sociales y reformar los disfuncionales sistemas de justicia penal, resulta más fácil para los titulares de cargos públicos, con la vista puesta en el calendario electoral, prometer enfoques de mano dura que darán resultados rápidos y milagrosos.
Afortunadamente, las preferencias políticas de los ciudadanos no están escritas en piedra. Las preferencias con respecto a las cuestiones de la ley y el orden son maleables, incluso en sociedades con altos niveles de polarización en torno al mantenimiento del orden público. En Chile, el firme apoyo a la policía ha sido fuertemente influenciado por tres factores: el temor persistente que dejó la dictadura de Pinochet, una estrategia efectiva de comunicación policial, y el apoyo de los medios de comunicación y la élite política. El hecho de que mediante el suministro de información más detallada sobre los prisioneros se haya logrado modificar las preferencias en materia de política contra la delincuencia en ese país sugiere que es probable que también pueda hacerse en otros entornos.
En términos más generales, nuestros resultados apuntan a la posible importancia de personalizar la información sobre los afectados por las decisiones políticas. Al dar a los ciudadanos una mejor idea de las personas reales cuyas vidas, bienestar y libertades están en juego, se podría allanar el camino para una deliberación más reflexiva sobre la forma en que se deben utilizar los recursos públicos para resolver importantes problemas sociales.
Menos encarcelamiento significa mayores ganancias
El cambio de preferencias de políticas punitivas a unas más eficaces en la lucha contra la delincuencia a mediano y largo plazo tiene claras ventajas. Al hacerlo, no solo se reduce la presión sobre el sistema de justicia penal, sino que se disminuyen las desigualdades. La pandemia COVID-19 y las protestas mundiales de 2020 contra la brutalidad policial ponen de relieve la importancia de avanzar en estos ámbitos: ayudar a la reconciliación de las poblaciones marginadas con sus fuerzas policiales y hacer que, en el proceso, la policía sea más eficiente en la erradicación de la delincuencia. La reducción del hacinamiento en las cárceles mediante políticas más racionales también puede aminorar la probabilidad de que las cárceles sirvan como focos multiplicadores de contagio de enfermedades. En una región con elevadas tasas de delincuencia y homicidio, una población carcelaria creciente, y una pandemia de Covid-19 en aumento, ese es un camino que bien vale la pena tomar.
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