Tres áreas donde los ministerios de finanzas pueden ayudar a solucionar la crisis climática

A nivel mundial, 2020 fue el año más caluroso registrado, junto con el año 2016, si se lo compara con la temperatura media global registrada entre 1951 y 1980, de acuerdo con datos de la NASA. En general, la temperatura promedio de la Tierra ha aumentado más de 1°C desde la década de 1880 y hay un consenso general que los países tienen que avanzar más agresivamente en la descarbonización de sus economías.

En este sentido, los ministerios de finanzas y planificación juegan un rol central. A fin de enfrentar la crisis climática, deben incorporar la acción climática dentro de sus prioridades y contar con políticas fiscales que consideren los impactos del cambio climático y contribuyan a una transición justa hacia economías bajas en emisiones de carbono.

En toda América Latina y el Caribe los impactos que genera el cambio climático son cada vez más importantes: los huracanes azotan al Caribe y América Central generando grandes pérdidas económicas y sociales; las sequías e inundaciones afectan grandes zonas productivas; permanentemente se pierden empleos en sectores con tecnologías obsoletas y contaminantes y, la transición energética y la electromovilidad ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal de los países productores de combustibles fósiles.

¿Qué pueden hacer los ministerios de finanzas?

Esta compleja situación requiere que los ministerios de finanzas asuman el papel que les corresponde en el diseño y la implementación de políticas fiscales que atiendan los impactos físicos del cambio climático a la vez que establecen las bases para una transición justa y ordenada hacia economías verdes y resilientes.

La coyuntura actual, con los esfuerzos que están realizando todos los países para impulsar el crecimiento económico después de los estragos causados por la pandemia, ofrece la oportunidad de invertir en un mejor tipo de desarrollo, uno que permita incrementar sustancialmente la capacidad adaptativa ante los impactos físicos del cambio climático y transitar hacía economías de emisiones netas cero de carbono.

En efecto, la ciencia más avanzada nos alerta que es necesario reducir sustancialmente las emisiones de carbono para el 2030 y alcanzar emisiones netas cero para mediados de siglo si queremos evitar los efectos más negativos del calentamiento global y limitar a que la temperatura mundial no supere los 1.5°C o 2°C respecto a los niveles preindustriales.

Es así que la nueva publicación Política Fiscal y Cambio Climático muestra los avances, desafíos y experiencias recientes de los ministerios de finanzas de América Latina y el Caribe en la aplicación de medidas de política fiscal para alcanzar esos objetivos. La publicación presenta tres áreas donde los ministerios de finanzas pueden ayudar a solucionar la crisis climática, y donde existen experiencias concretas que podrían contribuir a establecer políticas fiscales verdes.  

1.    Gestión de riesgos económicos y fiscales

El impacto de los eventos climáticos extremos genera grandes presiones fiscales, por lo que se debe contar con mecanismos para mitigar los riesgos utilizando instrumentos financieros, así como estableciendo mecanismos de gobernanza y gestión de riesgos dentro de la política fiscal.

Parte de este esfuerzo consiste en incorporar la gestión de riesgos dentro de la programación fiscal de mediano plazo e integrar elementos de resiliencia y sostenibilidad en la gestión de las inversiones públicas y privadas. Los beneficios potenciales de estas intervenciones son enormes: cada dólar invertido en la resiliencia de las infraestructuras puede generar hasta cuatro dólares en beneficios económicos.

A su vez, la transición hacia economías de cero emisiones netas trastocará sectores que han contribuido tradicionalmente a los ingresos fiscales como los hidrocarburos.  En efecto, las finanzas públicas de varios países se verán afectadas por la caída los ingresos provenientes de la explotación de petróleo y gas natural y por la existencia de activos que no podrán explotarse o utilizarse. Por esto, es importante que los ministerios de finanzas anticipen los riesgos que estos cambios tendrán en los ingresos y planifiquen medidas que garanticen la sostenibilidad fiscal.

La transición energética también requerirá que se eliminen las distorsiones de precios de las fuentes de energía contaminantes en relación con las fuentes limpias, de tal manera que se generen incentivos para mejorar la eficiencia energética y se apoyen los esfuerzos de innovación y adopción de tecnologías verdes. Para esto es necesario que los ministerios de finanzas reformen las políticas de subsidios energéticos y que, en muchos casos, establezcan medidas complementarias que mejoren la aceptabilidad de las reformas por parte de la ciudadanía; particularmente ayudando a los hogares, trabajadores y regiones más vulnerables.

2. Promoción de una transición justa e inclusiva

La transición a economías verdes tiene implicaciones muy importantes ya que generará nuevos patrones de producción y consumo. El rol de los ministerios de finanzas es clave en esta transición ya que este ministerio debe orientar el gasto y las inversiones públicas hacia actividades económicas que sean bajas en emisiones de carbono y que generen empleos. En efecto, se estima que la transición hacia economías de cero emisiones netas podría crear, si es bien manejada, hasta 15 millones de empleos nuevos netos en América Latina y el Caribe para 2030.

El direccionamiento de los recursos públicos hacia infraestructuras sostenibles es parte de los roles que deben cumplir los órganos responsables de la inversión pública (tal es el caso de los ministerios de finanzas o de planificación dependiendo del país). En este sentido, las políticas públicas de apoyo a la inversión sostenible son esenciales para canalizarlas hacia las nuevas áreas fuentes de empleo y de crecimiento económico que resulten de la adopción y el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Con estos efectos, es esencial que las inversiones estén alineadas con estrategias de mitigación y adaptación a largo plazo y vincularlas con la programación de inversiones, integrando la dimensión climática en las diferentes etapas del ciclo de proyectos; a la vez que se fortalece la capacidad de gestión de la inversión pública y la movilización de recursos de financiamiento.  

3.   Facilitación del acceso al financiamiento

Las políticas fiscales tienen un papel crucial en la facilitación de la inversión en infraestructura sostenible, ya que mediante ésta es posible establecer incentivos e implementar reformas regulatorias que mitiguen las barreras a la inversión público y privada. Por ejemplo, los ministerios de finanzas pueden contribuir a atraer recursos de financiamiento verde, estableciendo estrategias financieras frente al cambio climático que capturen el creciente interés de los mercados de capitales en colocar recursos en proyectos sostenibles.

Tal es el caso de la Estrategia Financiera frente al Cambio Climático de Chile que estableció un marco de acción bajo tres ejes de trabajo: i) la generación de información, datos y análisis para movilizar flujos de recursos consistentes con los objetivos climáticos del país; (ii) la promoción del diseño y la implementación de instrumentos financieros verdes y el impulso del mercado; y (iii) fortalecimiento de las capacidades del sector financiero local en materia de riesgos y oportunidades derivadas del cambio climático. Esta estrategia facilitó las emisiones soberanas de bonos verdes realizadas por Chile en el 2019 que no solo fueron las primeras de este tipo en el continente americano, sino que sirvieron para mostrar el potencial de esta nueva modalidad de financiamiento y el rol catalizador de los ministerios de finanzas en el desarrollo de nuevos mercados financieros verdes.

Los ministerios de finanzas pueden llevar la acción climática al siguiente nivel a la vez que apoyan una recuperación sostenible