Desde ya hace varios años los países de América Latina y el Caribe están tomando acciones y definiendo políticas para aumentar el ahorro de energía, en todos los sectores de la economía. Como parte de ese proceso, ha sido necesario ir ajustando los marcos institucionales, legales y regulatorios, vale decir, crear o modificar las estructuras de los gobiernos para dar cabida a este nuevo pilar en la política energética de los países. Esa transición no ha sido fácil, y en muchos países, está en desarrollo.
La promulgación de leyes eficiencia energética, es un paso clave. Permite por una parte establecer compromisos de largo plazo, fijar metas y objetivos macros que guíen la política energética de un país. En varios casos, además, estas leyes permiten definir cómo las iniciativas de eficiencia energética se financiarán en el largo plazo. Esto es vital. De nada sirven los compromisos si no hay dinero para financiarlos.
La experiencia ha demostrado que el financiamiento estatal es fundamental para crear y mantener programas de eficiencia energética. Ahora bien, no existe una respuesta única al nivel de inversión necesario por país, pero es interesante tener cifras en la mente: En México, por ejemplo, el presupuesto de CONUEE al año 2015 fue cercano a los US$6,5 millones. En el caso de Brasil, el presupuesto de PROCEL en 2013 fue cercano a los US$ 10 millones, mientras que el Gobierno de Chile destinó cerca de US$9,8 millones para programas a ser ejecutados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE).
El financiamiento vía el presupuesto estatal puede ser sin duda complementado por otros instrumentos y hay modelos interesantes en práctica que son interesantes de conocer.
Por ejemplo en Brasil, inicialmente la ley ANEEL del año 2000 –posteriormente modificada– obligaba a las empresas de distribución de energía a invertir el 1% de sus ingresos en el desarrollo y ejecución de programas de eficiencia para uso final y programas de I+D. Esto ha significado cifras de inversión anuales de US$150 millones promedio entre 2008 y 2015. En el caso de Uruguay, mediante la Ley 18.597 del 2009 se creó el Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética (FUDAEE). Las empresas prestadoras de servicios de energía deben aportar anualmente al FUDAEE para su financiación, al igual que los generadores de energía que desarrollan nuevas inversiones.
En el caso de Estados Unidos, 30 estados federados cuentan con algún tipo de “fondo de beneficio público” (PBF por sus siglas en inglés – Public Benefit Fund) que permite financiar programas de eficiencia energética o energías renovables a nivel de estado, usualmente a través de un cargo adicional en las facturas de electricidad de los consumidores (cargo de beneficio público). Estos cargos varían entre los 4,8 milésimas y 0,03 milésimas de dólar por kilowatt-hora y permiten financiar un amplio rango de programas de eficiencia energética.
Independiente de la fuente de financiamiento, los países o estados federados deben considerar no solo el costo de los programas en sí, sino también el costo de administrarlos. Recursos humanos y monetarios deben ser destinados para el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los programas a fin de asegurar una mejora continua de ellos. En algunos casos, estas actividades están concentradas en un organismo específico que tiene la misión de administrar los programas de eficiencia energética.
No existe un tipo de administrador único de programas de eficiencia energética. En alguno países, estos administradores cuentan con una alta participación privada en otras es un organismo puramente estatal. Sea cual sea el formato no cabe duda la relevancia que tienen las agencias encargadas del fomento de la eficiencia energética. Estas agencias – como es el caso de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética o la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía en México – han jugado un rol clave en la promoción y educación sobre el uso de la energía a nivel del consumidor final así como en la puesta en marcha de las acciones definidas como estratégicas a nivel país.
Fortalecer las instituciones para introducir la eficiencia energética como un pilar más de la política energética es esencial, pues la transformación de nuestra sociedad hacia una sociedad más eficiente es un proceso largo y complejo. Afortunadamente, muchos países en nuestra región ya han iniciado esta transformación.
Si deseas saber más sobre este tema, te invitamos a leer nuestra más reciente publicación: Guía D: Arreglos institucionales para programas de eficiencia energética.
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