La región de América Latina y el Caribe posee un enorme potencial de ahorro energético, pero su aprovechamiento dependerá en gran medida de los arreglos institucionales que pongan en marcha los distintos países.
Los arreglos institucionales son aquellas leyes, normas e instituciones que permitirán acelerar el ritmo de transformación del mercado hacia un escenario energéticamente eficiente. Uno de los puntos más relevantes para tener en cuenta a la hora de estructurar dichos arreglos es la sostenibilidad de las políticas, ya que el estudio de casos en varios países indica que por cada año de suspensión de las actividades programáticas en torno a la eficiencia, se pueden perder los esfuerzos de entre cinco y diez años en materia de ahorro energético.
Sin embargo, no existe un modelo único de arreglo institucional, sino que cada país deberá definir con qué mecanismos y estructuras contará teniendo en cuenta sus particulares condiciones sociales, económicas e institucionales.
La guía D, Arreglos institucionales para programas de eficiencia energética, ofrece una serie de pautas que garantizan la penetración de las medidas de eficiencia energética en los distintos mercados. Los arreglos institucionales de una economía permiten:
- Crear entes administradores de programas.
- Propiciar las condiciones para disponer o eliminar subsidios energéticos.
- Modificar la planificación estratégica a largo plazo, para la adecuación de recursos y el desarrollo sostenible.
- Lograr que los estándares de desempeño eficiente se conviertan en parámetros obligatorios.
- Definir las reglas que permitan distribuir los beneficios financieros del ahorro entre los actores involucrados.
- Incentivar a los proveedores de energía a ejecutar programas de eficiencia energética, o dotar a los reguladores de la capacidad de exigirlos.
- Crear las condiciones para que prosperen los nuevos intermediarios del mercado provenientes del sector privado.
Como se dijo anteriormente, cada arreglo dependerá de la singularidad de cada país, ya que son muchos los actores que intervienen en este proceso.
- El gobierno central, la entidad supervisora y el regulador.
- Los entes administradores y evaluadores de programas.
- Los socios y los proveedores de bienes y servicios.
- Las empresas de servicios energéticos.
Asimismo, son numerosas las actividades que supone un arreglo institucional sobre diferentes asuntos concretos:
- Estrategias y planes de acción.
- Presupuestos y objetivos.
- Leyes, derechos y regulaciones.
Financiamiento: esa es la cuestión
Los autores de la guía ensayan algunas respuestas para estos interrogantes cruciales.
¿Por qué se llevan a cabo los programas?
Si bien no es posible estimar un monto exacto, es importante desterrar un concepto erróneo muy frecuente en la región de América Latina y el Caribe: no es suficiente con un par de millones de dólares para financiar un programa por varios años. El financiamiento siempre viene de uno o varios de estos actores: contribuyentes, empresas de servicios públicos, donantes internacionales, participantes del programa o entidades financieras. Hay suficiente experiencia acumulada como para reconocer que transformar los mercados en energéticamente eficientes no es un proceso simple ni rápido, por lo tanto la tendencia actual es prever financiamiento por períodos largos y sin límites fijos. Como nota final, cabe destacar que todo lo dicho no sería posible sin la correcta elección de un ente administrador de programa, que será aquel capaz de lograr los objetivos de ahorro deseados, adaptándose al mercado y a las condiciones económicas, y que cuente con el consenso de todos los actores involucrados. Para este rol tan sensible puede asignarse a una agencia del gobierno, una organización no gubernamental independiente, una corporación autónoma, las propias empresas de servicios públicos o una combinación de todos ellos.
¿Por cuánto tiempo?
Algunos países han introducido métodos innovadores de financiamiento. Por ejemplo, en Brasil, mediante una ley que fue luego modificada, se obligaba a las empresas distribuidoras de energía a invertir el uno por ciento de sus ingresos en el desarrollo y la ejecución de programas de eficiencia energética. Por otro lado, en los Estados Unidos unos treinta estados federados cuentan con algún tipo de fondo de beneficio público –conformado habitualmente por un cargo adicional a la factura de electricidad de los consumidores– destinado a programas de eficiencia energética o de energías renovables.
¿De dónde proviene el financiamiento? ¿Cuánta inversión requieren?
Los gobiernos financiarán programas de eficiencia energética toda vez que estos sean de costo efectivo para sus respectivas economías (es decir, siempre que los beneficios superen a los costos de modo tal que las medidas resulten rentables). Los beneficios de estos programas se traducen de manera directa en el ahorro de energía, pero también de forma indirecta en la generación de empleo, el aumento de la seguridad energética y la mitigación del cambio climático.
¿Por qué se llevan a cabo estos programas? ¿Cuánta inversión requieren? ¿De dónde provienen los fondos? ¿Por cuánto tiempo? Estas son las cuatro preguntas fundamentales que deben formularse los responsables de llevar a cabo políticas relacionadas con la eficiencia energética, y todas tienen que ver con el financiamiento. Es que el impacto de una reforma institucional sin el adecuado financiamiento podría disminuir dramáticamente.
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Guía D: Arreglos institucionales para programas de eficiencia energética
Autores: Vieira de Carvalho, Arnaldo; Rojas Sánchez, Laura; Méndez, Paola; Dufresne, Vincent; Langlois, Pierre; Couture-Roy, Marie; Flamand, Sébastien
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