Sin embargo, el debate actual sigue centrado casi exclusivamente en garantizar el suministro y la estabilidad de precios, dejando en segundo plano otras dimensiones igualmente fundamentales, como el acceso universal y la sostenibilidad ambiental. Esta visión parcial corre el riesgo de generar políticas incompletas que, si bien fortalecen ciertos aspectos del sistema energético, descuidan otros que son esenciales para garantizar una seguridad duradera y equitativa.
Construir sistemas energéticos verdaderamente seguros requiere adoptar un enfoque integral que contemple la interacción entre múltiples factores: la disponibilidad física de la energía, su asequibilidad para todos los sectores sociales y su sostenibilidad a lo largo del tiempo.
Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hemos impulsado esta mirada más amplia a través de iniciativas como la interconexión eléctrica entre países, una mejor focalización de subsidios energéticos, el acceso universal a la electricidad, la diversificación de fuentes de generación, el fortalecimiento y modernización de infraestructura existente y la integración de nuevas tecnologías más modernas y eficientes en los sistemas eléctricos, que en su conjunto, buscan equilibrar seguridad, equidad y sostenibilidad en la práctica.
En esta entrada detallamos cómo la región puede promover una estrategia de seguridad energética, capaz de responder a las necesidades reales de las comunidades y sus usuarios.
¿Qué es la seguridad energética?
En el ámbito de las relaciones internacionales, el concepto de seguridad energética cobró relevancia tras el embargo petrolero de los años 70. La Agencia Internacional de Energía (AIE), creada a raíz de ese hecho, la define como “el acceso ininterrumpido a fuentes de energía a un precio asequible”. Con el tiempo, y a medida que han evolucionado los sistemas energéticos, las tecnologías y las prioridades globales, esta definición también se ha ampliado.
Cabe resaltar que la mayoría de los países de la región han desarrollado sus propias definiciones de seguridad energética, adaptadas a sus condiciones particulares, recursos disponibles y prioridades nacionales. Aunque las formulaciones varían, el concepto ha tendido a ampliarse e incorporar múltiples dimensiones, lo que refleja la complejidad de garantizar sistemas energéticos realmente seguros.
En el BID hemos acumulado una sólida experiencia en infraestructura energética y seguridad del suministro, siempre con un enfoque integral en nuestro trabajo con los países. Algunos ejemplos de esta visión ampliada incluyen proyectos en:
- Argentina: Fortalecimiento de la sostenibilidad del sector eléctrico mediante la mejora de la focalización de los subsidios para proteger el consumo de los usuarios vulnerables.
- Surinam: Expansión del acceso a una electricidad adecuada, moderna y sostenible.
- Uruguay: Desarrollo de hidrógeno verde aprovechando recursos de energía renovable y el fortalecimiento del ecosistema para la innovación, el desarrollo de capacidades y la diversidad.
El nuevo auge de la seguridad energética
Eventos geopolíticos, climáticos e incluso sanitarios han renovado el interés por la seguridad energética, situándola en el centro del debate público y político. Ha quedado claro que las fuentes de energía están expuestas a riesgos externos que pueden afectar tanto su disponibilidad como su estabilidad en términos de precios y de acceso.
Frente a este panorama, muchos países han replanteado sus estrategias energéticas con el objetivo de reducir su vulnerabilidad ante interrupciones del suministro o fluctuaciones de precios en los mercados internacionales. A la vez, fenómenos climáticos extremos, como sequías prolongadas o lluvias intensas, han evidenciado la fragilidad de ciertas fuentes de generación y de sistemas eléctricos completos. Sin embargo, el enfoque dominante sigue centrado en la infraestructura física y el comportamiento de los mercados, relegando a un segundo plano una dimensión igual de crucial: las y los usuarios energéticos, en particular los pequeños. Esta visión más tradicional puede derivar en políticas públicas que priorizan lo técnico y lo operativo, pero que no garantizan un acceso equitativo, sostenible y resiliente para toda la población.
El trilema energético como marco
El World Energy Council propuso el marco conceptual del “trilema energético” para evaluar la capacidad de los países para proveer energía sostenible. Este se basa en tres dimensiones que incluyen:
- Seguridad energética,
- Asequibilidad, y
- Sostenibilidad ambiental
Si bien el objetivo es que las tres coexistan en equilibrio, en la práctica suele haber tensiones entre ellas y priorizar una puede implicar costos de oportunidad en las otras. De ahí, precisamente, el concepto del “trilema”.
En los últimos años, las crisis internacionales y los legados de estructuras energéticas poco diversificadas han generado un foco renovado en la seguridad del suministro. Esta tendencia, aunque comprensible, ha desplazado otras dimensiones igualmente importantes, como la equidad en el acceso y la sostenibilidad a largo plazo.
Por ejemplo, algunos países con abundantes recursos fósiles han mantenido sistemas energéticos poco diversificados y esquemas de subsidios que, aunque buscan garantizar precios accesibles, no siempre son financieramente sostenibles ni compatibles con los objetivos climáticos. De forma similar, en países con alta disponibilidad de recursos hídricos —como ocurre en buena parte de América Latina— la alta dependencia de la generación hidroeléctrica ha desincentivado la modernización de los sistemas o la incorporación de tecnologías renovables más resilientes frente a eventos climáticos.
Seguridad energética integral
No existe una seguridad energética real si su concepción excluye a los más vulnerables. Proteger la infraestructura y garantizar el suministro es crucial, pero no suficiente. Asegurar un acceso digno, continuo, sostenible y asequible para todos los hogares también debe ser una prioridad.
Cuando la seguridad energética se entiende únicamente como garantía de abasto y bajos costos, se dejan de lado impactos sociales profundos: pobreza energética, brechas urbano-rurales, exclusión digital, dificultades y deficiencias en el acceso a servicios de salud y educación, altos costos de producción, entre otros.
Por eso, las políticas públicas deben abordar la seguridad energética de forma integral, combinando medidas técnicas con estrategias centradas en la equidad y la sostenibilidad para todos. En este contexto internacional con efectos locales profundos, la pregunta sigue vigente: ¿Cómo aseguramos la seguridad energética sin dejar atrás a los más vulnerables?
El papel de los organismos multilaterales
Los organismos multilaterales desempeñan un papel estratégico al articular soluciones que trascienden fronteras y equilibran los objetivos de desarrollo con las necesidades inmediatas. El Banco Interamericano de Desarrollo actúa como puente entre la seguridad, la inclusión y la sostenibilidad, aportando conocimiento técnico, financiamiento y capacidad de coordinación a nivel regional.
En el ámbito de la seguridad energética, el BID cuenta con experiencia sólida en infraestructura y seguridad del suministro, que hoy se enriquece con este enfoque integral. Esta visión se traduce en iniciativas que promueven la integración energética regional, fortalecen la resiliencia de la infraestructura, impulsan la descarbonización del sector eléctrico y exploran nuevas fronteras tecnológicas y de gestión. Con ello, los organismos multilaterales contribuyen a una noción más robusta de seguridad energética, que no solo garantiza el suministro, sino que también incorpora la sostenibilidad, la inclusión y las particularidades de cada país.
En un contexto de mayor incertidumbre, una seguridad energética que no sea amplia e inclusiva es, por definición, incompleta. Gobiernos y organismos multilaterales deben considerarla como un bien público integral, no solo como un asunto de infraestructura o de geopolítica. ¿De qué sirve garantizar la seguridad energética si la luz no llega a quienes más la necesitan? ¿Qué políticas pueden ayudarnos a rebalancear el trilema energético en América Latina y el Caribe? Debemos trabajar para responder esas preguntas.
En América Latina y el Caribe, el BID acompaña a los países en este proceso, impulsando proyectos que incorporan el acceso equitativo y la sostenibilidad ambiental. Conoce más sobre el trabajo del BID en el sector energético.
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