“Success depends on intuition, on seeing what afterwards proves true but cannot be established at the moment.”
—Joseph A. Schumpeter
El pasado 28 de febrero, el Instituto de las Américas convocó en la Ciudad de México una mesa redonda para discutir la consolidación de la reforma energética que el gobierno mexicano implementó en 2013. El aspecto más visible de esta reforma es, sin duda, revertir la caída en la producción de petróleo y el déficit en nuevos proyectos de upstream y refinación; sin embargo, éste no es su único objetivo. Con la reforma energética se espera conseguir mayor seguridad energética—mediante aumentos de inversión en el sector, extensión de la red nacional de gasoductos, expansión del transporte, almacenamiento de petróleo y combustibles líquidos—, creación de un mercado de energía eléctrica más competitivo y la liberalización de los precios de combustibles fósiles, así como la reducción de los subsidios. Por tal motivo, el sector energético—especialmente sus órganos reguladores—se están transformando profundamente.
En los años noventa, la mayoría de los países en América Latina y el Caribe emprendieron reformas energéticas con fines y motivos distintos. No obstante, la reforma que se implementó en México ha sido la más ambiciosa de este siglo, debido a su alcance e implicaciones en toda la cadena productiva del sector energético. El gran logro político para aprobar legislativamente esta reforma energética ahora debe ser consolidado y fortalecido para que la población reciba sus beneficios y la legitime como una gran reforma en beneficio de los mexicanos. Se tienen que emprender varias acciones para consolidar la reforma, pero me gustaría destacar tres:
- Fortalecer los órganos reguladores que vigilaran e implementaran la reforma: la reforma energética fortaleció el papel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como regulador upstream, y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como regulador midstream y dowstream. Además, creó un órgano nuevo—Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente—que se encarga de garantizar la protección ambiental en el sector. La implementación oportuna de la reforma depende de la coordinación, independencia y el grado de autonomía que tengan estas instituciones.
- Fortalecer las instituciones responsables de la política energética: la Secretaría de Energía (SENER) seguirá a la cabeza del sector y se encargará de diseñar y definir la política energética, adjudicar asignaciones a Pemex y seleccionar áreas que podrán ser objeto de contratos para exploración y extracción de petróleo y gas natural.
- Diseñar, implementar y garantizar el cumplimiento de los mecanismos económicos, legales y comerciales que permitan tener a los operadores del mercado como gestores eficientes del sector energético en México.
El avance en la promoción de la participación del sector privado ha sido contundente como resultado de la Reforma. Ejemplo de ello son los resultados que se obtuvieron en las rondas 0 y en la 1. En esta última, Pemex—en asociación con Chevron (EE.UU.) e Ipnex (Japón)—ganó por primera vez un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas que representará una inversión de poco más de 2 mil millones de dólares.
Sin embargo, para seguir avanzando en los buenos resultados y consolidar exitosamente la reforma energética es importante avanzar en las tres acciones señaladas antes y en garantizar una clara separación de actividades entre los actores que llevan a cabo la política energética, los órganos reguladores y los agentes operadores en el mercado—incluyendo las empresas productivas del Estado (Pemex, CFE). Si bien la reforma energética representa un logro significativo, los resultados no serán evidentes en el corto plazo, por lo que se debe seguir trabajando en el fortalecimiento de las agencias reguladoras y de la SENER y en consolidar los marcos normativos que permitan una adecuada gestión de los agentes operadores del mercado.
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