Por Vanesa Ruperez
La Línea 4 facilita la movilidad de millones de personas en São Paulo.
La región metropolitana de São Paulo comprende 39 municipios con una población total de 19 millones de habitantes. Esta alberga al 10% de la población del país y es la quinta aglomeración urbana más grande del mundo.
De la población total de esa región, más de 11 millones de personas viven en la ciudad de São Paulo, una de las más congestionadas del mundo, por lo que la mejora de los sistemas de transporte público es una prioridad de primer orden.
Hasta hace poco, el déficit de capacidad y la limitada cobertura del sistema de metro de São Paulo hacía que la mayoría de los viajeros optaran por el autobús y el vehículo particular, en detrimento de la movilidad urbana y la calidad del aire. Según estimaciones oficiales, la inmovilidad del tráfico en horas pico se extendía a veces por más de 200 km.
Con miras a remediar los problemas de transporte de la ciudad, el Gobierno de São Paulo lanzó una alianza público-privada para ampliar la red de transporte metropolitano mediante la construcción de la Línea 4 del metro.
La compañía privada ViaQuatro obtuvo la concesión para operar la Línea 4 durante un período de 30 años.
El BID ha apoyado el proyecto otorgando un préstamo sin garantía soberana por US$69 millones con recursos propios y movilizando US$240 millones en recursos de inversionistas privados.
La conclusión de la primera fase de construcción ha añadido 8,9 km y seis estaciones al sistema de metro, gracias a lo cual en 2015 la Línea 4 transportó 198 millones de pasajeros, según la Compañía del Metropolitano de São Paulo (Metro).
Cuando esté concluida, esta tendrá una longitud de 12,8 km, lo que ampliará en un 20% la red actual de metro y transportará casi un millón de pasajeros al día. La nueva línea conectará los grandes distritos comerciales con las zonas residenciales del corredor suroeste, caracterizadas por un intenso tráfico debido a la expansión de las zonas suburbanas y al auge de la actividad industrial.
La adición de la Línea 4 también incrementa la eficiencia general del sistema de transporte público, al conectar el sistema del metro con importantes redes ferroviarias y cinco estaciones de autobús. Además de mejorar la conectividad y reducir los tiempos de viaje, un sistema de transporte público más integrado genera cuantiosos beneficios ambientales y sociales.
Por ejemplo, al absorber parte de los trayectos cotidianos que utilizan la red vial, la Línea 4 está contribuyendo a moderar los niveles de contaminación atmosférica y de ruido gracias a la reducción de la flota de autobuses y del tráfico automotor en la zona suroeste de la ciudad.
Según un estudio de 2010, el sistema de metro de São Paulo emite unas 50 veces menos GEI por pasajero/kilómetro que los automóviles, y casi 25 veces menos que los autobuses. Por cada tonelada de CO2 equivalente emitida en la operación del sistema de metro se evita la emisión de 61 toneladas de CO2 equivalente que hubiesen provenido del tráfico de automóviles y autobuses.
Al apoyar la expansión de sistemas de transporte con bajas emisiones de carbono mediante proyectos como la construcción de la Línea 4 en São Paulo, el financiamiento del BID contribuye a mitigar la congestión del tráfico, acortar los tiempos de desplazamiento y generar beneficios sociales y ambientales para mejorar la calidad de vida.
Este proyecto produjo valiosas lecciones en materia de asociaciones público-privadas (APP). El acuerdo APP estableció que el Gobierno del Estado de São Paulo –la autoridad otorgante— realizaría la obra civil antes de entregar la operación y mantenimiento de la Línea 4 a ViaQuatro, el concesionario.
Sin embargo, se produjeron demoras sustanciales en la construcción de obras civiles de la Fase 1 del proyecto; en lugar de completar las seis nuevas estaciones de la Fase 1 simultáneamente, su entrega se dividió en tres sub-fases.
Fue por ello que la puesta en operación comercial de la Fase 1 de la nueva línea se retrasó 20 meses. Estos retrasos produjeron un sobrecosto de US$72 millones en el proyecto.
Aunque la estructura de financiación incorporaba un colchón de tamaño considerable para mitigar el riesgo de un retraso en la puesta en marcha, los sobrecostos implicaron que los patrocinadores privados del proyecto tuvieron que proporcionar fondos adicionales para evitar las dificultades de liquidez del concesionario.
Las dificultades encontradas durante la ejecución del proyecto permitieron que el Banco hiciera diversos hallazgos y recomendaciones.
En primer lugar, el compromiso con la autoridad otorgante durante las primeras etapas de la preparación del proyecto es clave para tener un contrato de concesión bien balanceado y asegurar su solidez bancaria.
En segundo lugar, la evaluación de la capacidad institucional del organismo otorgante para cumplir con sus obligaciones es tan importante como tener patrocinadores privados solventes para poder afrontar imprevistos como los que surgieron en este proyecto.
En tercer lugar, la flexibilidad es crucial.
Incluso cuando una concesión se encuentra en un estado bien desarrollado como São Paulo, y la autoridad otorgante es experimentada y fiable (por ejemplo, el Gobierno de São Paulo), es posible que exista la necesidad de que el proyecto y sus partes interesadas tengan que acomodarse a decisiones hechas por tal autoridad que afecten negativamente sus intereses, y por tanto estructurar soluciones en torno a ello.
Esta historia forma parte de las evaluaciones de impacto del Panorama de la Efectividad en el Desarrollo, una publicación anual que resalta las lecciones y experiencias de los proyectos y evaluaciones del BID.
Acerca de la autora:
Vanesa Ruperez es consultora de operaciones generales en la División de Efectividad en el Desarrollo de la Corporación Interamericana de Inversiones.
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