Las diez mujeres se preparan. Peinado, maquillaje, ropa, postura. Incluso ensayan la velocidad a la que deben responder siguiendo el guión cuidadosamente preparado: cada una dirá que llegó a Lima desde un pueblo andino en busca de un futuro mejor para sus dos hijos.
Dirá que su pareja va a regresar después de pasar seis meses fuera trabajando y que no desean tener más hijos por el momento.
No, no tiene problemas de salud. Sí, sus partos fueron normales.
Hoy serán indígenas. Mañana sus historias cambiarán y serán mestizas.
Durante dos semanas, estas mujeres han sido capacitadas para actuar como pacientes simuladas en los servicios públicos de planificación familiar de Lima y el Callao, en Perú, con el propósito de explorar si la calidad de la atención prestada varía según ciertos atributos étnicos de mestizas e indígenas.
Años de políticas contradictorias disuadieron a las mujeres peruanas de utilizar métodos anticonceptivos o presionaron a los médicos para que realizaran esterilizaciones no voluntarias, particularmente a mujeres pobres e indígenas.
En 2004 el Ministerio de Salud comenzó a desarrollar marcos normativos y pautas clínicas en los que se definieron estándares de calidad en la atención de planificación familiar desde una perspectiva de derechos sexuales y reproductivos, así como de la promoción de la igualdad de género y de la diversidad.
En Perú, las disparidades étnicas en el uso de anticonceptivos se mantienen: solo el 21,9% de las mujeres indígenas utiliza anticonceptivos, frente al 34,7% de las no indígenas.
Al mismo tiempo, el 9,4% de las mujeres indígenas tiene una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, en comparación con el 6,5%, en el caso de las no indígenas.
¿Qué hay detrás de estas estadísticas? ¿Las diferencias están motivadas por preferencias culturales de las propias mujeres, o se deben en parte a factores relacionados con la organización del sistema de salud y el comportamiento de los prestadores de salud? ¿O se trata de ambas cosas?
En un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), en colaboración con el Ministerio de Salud, se quiso responder a estas preguntas.
Para ello se llevó a cabo un experimento con la participación de diez mujeres de entre 25 y 35 años con estudios superiores, en su mayoría obstetras, que interpretaron el papel de pacientes. Visitaron sin previo aviso los servicios de planificación familiar de 351 de los 408 establecimientos de salud pública de Lima y el Callao.
En las visitas, las pacientes simuladas actuaron siguiendo un mismo libreto que definía lo que tenían que decir sobre sus datos personales, el motivo de la consulta, información médica básica o experiencia en materia de anticonceptivos. Todas tenían exactamente las mismas características, con la única diferencia de que unas veces se presentaban como indígenas y otras como mestizas.
La caracterización se hizo modificando su vestimenta, peinado, accesorios y patrones de movimiento y de expresión corporal. A través de diversos análisis de validación antes y después de la intervención, se comprobó que los cambios permitían que las pacientes fueran claramente identificadas por los prestadores de salud de planificación familiar como mestizas o indígenas.
A la salida de cada consulta, las mujeres completaban encuestas en las que evaluaban de manera objetiva el tiempo y costo de la consulta, y si el prestador de salud que las había atendido cumplía o no con los estándares de calidad establecidos en la normativa del Ministerio de Salud.
Los resultados del estudio sugieren que las nuevas usuarias de los servicios de planificación familiar no reciben un trato diferenciado por ser indígenas o mestizas. Sin embargo, también evidencian que, más allá de su perfil étnico, todas reciben una calidad de atención baja.
En promedio, solo el 37% de las tareas técnicas requeridas por la normativa del Ministerio de Salud se lleva a cabo, mientras que el cumplimiento de competencias claves como ofrecer una gama apropiada de métodos anticonceptivos y explicar el método de elección es aún más bajo.
Las pacientes pagan en promedio cuatro soles (1,4 dólares) por servicios que deberían ser gratuitos y les tomó dos horas desde su llegada al establecimiento hasta la salida de la consulta de planificación familiar. Si se considera que la consulta dura en promedio 13 minutos, esto significa que el 90% del tiempo se dedicó a espera y papeleo.
Los resultados del estudio ponen de relieve la necesidad de explorar otros determinantes de oferta y demanda (por ejemplo la disponibilidad de insumos, recursos y personal) que expliquen el bajo cumplimiento de los estándares de calidad; asimismo resaltan la necesidad de realizar intervenciones que contribuyan a mejorar la calidad de la atención de los servicios de planificación familiar en Lima Metropolitana.
El estudio ejemplifica la manera en que la utilización de metodologías innovadoras puede ayudar a producir una evidencia rigurosa que no podría ser recolectada de otro modo.
Si bien una evaluación de este tipo requiere esfuerzo, tiempo y otros recursos, los beneficios justifican la inversión, pues se abren nuevas vías para mejorar las políticas públicas orientadas a disminuir las desigualdades en salud.
Algunos de los artículos que pertenecen a esta serie son:
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