Una de las estrategias exitosas en los países en desarrollo para aliviar la pobreza han sido los programas de transferencias monetarias condicionadas (CCT por sus siglas en inglés).
Con ellos se intenta reducir la pobreza y a la vez modificar comportamientos y acumular capital humano mediante la entrega de dinero en efectivo a las familias a cambio del cumplimiento de ciertos requisitos como enviar a sus hijos a la escuela.
Estos incentivos se han utilizado eficazmente para impulsar la matrícula y la asistencia escolar, disminuir el trabajo infantil y fomentar el uso de servicios de salud preventiva.
En Honduras, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha sido el principal socio financiero y técnico de un programa de CCT conocido como Bono Vida Mejor (anteriormente Bono 10.000).
Desde su creación en 2010, el Bono Vida Mejor ha beneficiado a 350.000 hogares, contribuyendo a reducir la tasa de pobreza y a mejorar moderadamente la asistencia escolar y la tasa de visitas de niños menores de tres años a los centros de salud.
Independientemente de sus logros, y al igual que numerosos programas de CCT, el Bono Vida Mejor gasta recursos considerables en garantizar el cumplimiento de las condicionalidades por parte de los beneficiarios.
Para los gestores del programa, asegurarse de que todas y cada una de las familias que reciben efectivo envíen a sus hijos a la escuela y los lleven al centro de salud conlleva elevados costos administrativos y financieros.
Esto ha generado un agudo debate: ¿Es realmente necesario hacer seguimiento y velar por el cumplimiento de las condicionalidades para lograr resultados? ¿Es posible que exista una mejor alternativa?
Uno de los aspectos complejos del Bono Vida Mejor —común a todos los programas de CCT— es que el impacto en las familias es heterogéneo.
Para algunas, la transferencia de efectivo puede ser más que suficiente para cambiar el comportamiento de las que quieren matricular a sus hijos en la escuela o llevarlos a un centro de salud pero otras familias no pueden hacerlo por restricciones o prioridades diferentes.
Incluso en algunos casos es posible que ese dinero adicional no sea suficiente para convencerlas de la importancia de estas nuevas oportunidades educativas y del cuidado de la salud. En este segundo grupo es esencial verificar el cumplimiento de los requisitos de la transferencia de efectivo con el fin de lograr el cambio de comportamiento deseado.
El Bono Vida Mejor redujo el costo de hacer seguimiento al cumplimiento flexibilizando algunas de las condicionalidades. Se conservó la idea original de las CCT, pero se requirió la verificación de aquellas únicamente para un niño por hogar.
Las familias recibían una transferencia de 500 dólares al año si al menos un hijo entre 6 y 18 años se matriculaba y asistía regularmente a la escuela. Entretanto, los hogares que solo tenían menores de seis años recibían 250 dólares al año si al menos uno de ellos era llevado regularmente a un centro de salud. Con ello se esperaba que los hogares beneficiarios no redujeran sus inversiones de capital humano en los hermanos.
El enfoque facilitó el proceso de verificación: redujo el número de niños a los que se les debía hacer seguimiento de sus condicionalidades, y lo hizo en un contexto en que los sistemas de seguimiento y registro aún se enfrentaban a múltiples dificultades, pues solo recientemente están comenzando a ser plenamente funcionales.
El BID implementó una evaluación aleatorizada a nivel de la aldea. Para la muestra se seleccionaron 2.221 de los hogares más pobres en las aldeas tratadas que recibieron la transferencia de efectivo.
Infortunadamente, en la evaluación se encontró que la reducción en las tareas de seguimiento también disminuía el impacto del programa en el uso de los servicios educativos y de salud.
En los hogares beneficiarios con solo un hijo, las probabilidades de ir a la escuela para aquellos entre 6 y 18 años eran en promedio ocho puntos porcentuales más elevadas, mientras que las de trabajar se reducían en seis puntos porcentuales.
En cambio, en aquellos hogares con más de un hijo en ese grupo de edad, el programa no tuvo un impacto significativo en la matrícula escolar o en el trabajo infantil.
De la misma manera, en los hogares con solo un hijo, las probabilidades de que los menores de 6 años hubieran cumplido con el último chequeo de salud eran en promedio siete puntos porcentuales más altas, mientras que en los hogares con hijos mayores el programa no tuvo un impacto significativo en las visitas a los centros de salud.
Las consecuencias son claras, por lo menos en el contexto de Honduras.
El cumplimiento de los requisitos o condicionalidades sí cuenta. También importa el rigor con que se llevan a cabo las verificaciones.
Esto significa que para que un programa de CCT dé resultados, es posible que haya que aportar recursos humanos y financieros importantes e imponer complejas disposiciones operativas.
Lo mismo en lo que se refiere a los sectores de la educación y la salud: deben invertir más en sus sistemas de información para poder producir datos sobre el cumplimiento de condicionalidades de manera automática y confiable.
Actualmente el gobierno hondureño está rediseñando su sistema de transferencias de efectivo de modo que se haga seguimiento a las condiciones por separado para cada niño en un hogar y para que el pago se entregue dependiendo de las conductas individuales.
Si se logra ese propósito, es de esperar que además de mejorar los sistemas de información, se produzcan los enormes beneficios en educación y salud a los que aspira el programa. Con sistemas de ese tipo, los gestores de los programas de CCT podrían constatar que reforzar las condicionalidades es más fácil y más barato.
Algunos de los artículos que pertenecen a esta serie son:
– Abriendo el mundo inglés a los hispanohablantes
– Cómo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores
– Desencadenantes de la productividad agrícola a corto plazo en Bolivia
– ¿Se puede evaluar una reforma de turismo sin una máquina del tiempo?
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