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¡Múlteme, por favor! Intuición vs evidencia en el diseño de políticas públicas

January 20, 2020 por Antonio Manzi - Nicolás Brener Maceiras Deja un comentario


Imagínate lo siguiente: eres el director de una guardería. Al terminar el día, la mayoría de los padres vienen a buscar a sus niños a tiempo. Sin embargo, siempre hay un número de padres que llega tarde, implicando que la maestra o tú se deban quedar fuera de horario hasta que el niño sea recogido. ¿Qué podrías hacer para que esto no siga ocurriendo? Una solución de sentido común que se le ocurre es cobrarle una multa por los minutos de demora. Seguramente esto incentivará a que los padres lleguen a tiempo, ¿no? 

Castigar no siempre funciona

Dos investigadores en Israel hicieron este mismo experimento, que luego fue difundido en varios lugares, más notoriamente en el libro Freakonomics. Seleccionaron aleatoriamente seis guarderías de las diez en Haifa, donde aplicaban una pequeña multa a padres que llegaban más de 10 minutos tarde a recoger a sus niños. Al finalizar el experimento, los resultados mostraron que, en promedio, la introducción de una multa no solo no redujo, sino que ¡duplicó la cantidad de padres que llegaban tarde a recoger a sus hijos!

Resulta que los padres tenían un conjunto de incentivos no-monetarios para no llegar tarde, como por ejemplo evitar tener que pedirle disculpas a la maestra que se quedaba fuera de hora, y que con una multa sentían que estaban “en su derecho” de llegar tarde o podían “comprar” esa mala conciencia.

Incentivos no financieros

Otro ejemplo de incentivos más allá de lo económico: durante varios años, sucesivos gobiernos del Reino Unido trataron, sin mucho éxito, de fomentar el ahorro energético residencial a través de subsidios para financiar la aislación térmica de altillos de los hogares. En el 2011, se le encomendó al Behavioural Insights Team (BIT) – un equipo de economistas y psicólogos enfocados en entender el comportamiento humano para mejorar las políticas públicas – determinar qué estaba fallando. Resultó que el dinero no era el problema principal. Lo que desmotivaba a las personas a llevar a cabo la aislación no era tanto el costo, sino el hecho de tener que vaciar todo el altillo para hacerlo.

Para buscarle la vuelta, el BIT propuso hacer unas pruebas en que, en vez del subsidio de aislación, se les ofrecía a los hogares un subsidio en servicios de retiro de artículos no deseados, con la condición de que posteriormente aislarían el altillo. Esto les costaba más a las personas, pero tuvo gran repercusión, triplicando el número de hogares que aceptaban el subsidio. Si la aislación también era subsidiada, este número se quintuplicaba.

El comportamiento influye en el diseño de programas

Estos son solo dos ejemplos de miles que demuestran la importancia de tratar de comprender a fondo cuáles son las mecanismos y procesos cognitivos que nos llevan a tomar decisiones en el día a día. Justamente, esto es lo que trata la aplicación de las ciencias del comportamiento en la gestión pública. Combinando distintas disciplinas como la psicología, la sociología, la economía, y métodos experimentales, se busca entender cómo la ciudadanía toma decisiones, algunas veces racionales y otras no tanto, en base al contexto, las normas sociales, los sesgos cognitivos y la forma en que se presentan las opciones. Con este conocimiento, se puede modificar la arquitectura de decisiones que se le presenta a un ciudadano a efectos de tomar una mejor decisión o acción para el bienestar general.

Esta metodología, que implica mucha experimentación social, evaluación, y uso riguroso de la evidencia, pone al ciudadano en el centro del diseño de políticas públicas. Iniciativas como el BIT, el Bloomsbury Policy Group y el Grupo de Ciencias del Comportamiento del Banco Interamericano de Desarrollo trabajan para difundir en América Latina buenas prácticas en el uso de evidencia en experimentos de policy making (diseño de políticas públicas) para mejorar la efectividad de ciertos programas sociales.

A veces esto implica cambiar de “chip” en nuestro raciocinio. Por ejemplo, en América Central existe un problema de anemia en las poblaciones infantiles de familias de bajos recursos. La solución que se ofreció fue entregar suplementos nutricionales a los padres. Pero esto no funcionó, porque los suplementos se estaban administrando incorrectamente en un 85% de los casos por dos factores con los que todos nos podemos relacionar: desconocimiento/falta de información y olvido. Un experimento del BID creó un paquete de recursos para las familias, que además del suplemento incluía información sencilla sobre la aplicación correcta del mismo, así como un calendario para marcar los horarios de cada dosis. Al cabo de dos años, el uso de suplementos se duplicó.

Prueba de que las políticas públicas deben ser continuamente evaluadas frente a la evidencia y preparadas a ser modificadas – o abandonadas – cuando los resultados no son los esperados.

Conoce más en este Policy Report

¿Conoces otros ejemplos donde se hayan aplicado las ciencias del comportamiento para fortalecer un programa o conseguir los resultados esperados? Cuéntanos en los comentarios.


Archivado Bajo:Políticas y programas Etiquetado con:América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, desarrollo infantil, economía del comportamiento, IDB, nutrición

Antonio Manzi

Socio fundador y Director Ejecutivo de Bloomsbury Policy Group. Economista recibido de la Universidad Católica del Uruguay y Mágister en Administración y Políticas Públicas por King´s College London, Universidad de Londres. Es agregado político de la Embajada Británica en Uruguay.

Nicolás Brener Maceiras

Socio fundador y Director Editorial de Bloomsbury Policy Group. Abogado recibido de la Universidad de la República, Uruguay y Magíster en Administración Pública por la Universidad de Londres, Colegio de Birkbeck y de Especialista en Elaboración de Normas Jurídicas por la Universidad de Buenos Aires (c). Es asesor legal para diversas administraciones públicas y Director de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

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