por Juan Pablo Severi.

En el día de la diabetes quiero hablar de un estudio reciente que reveló que en Uruguay, el 10,5% de los niños menores de 5 años sufren de sobrepeso y obesidad. Ya este blog trató el tema de la obesidad infantil en varios artículos. En ellos se destacan la importancia de la obesidad infantil por sus consecuencias en la salud presente y futura de los niños, dada la eventualidad de traer asociados desórdenes – entre otros–  en la producción de insulina que podría desencadenar en diabetes y en el control de la presión arterial. Si bien el estudio de marras destaca el problema por las mismas razones, este artículo tomará el ejemplo de Uruguay, para ocuparse de un punto que muchas veces pasamos por alto ¿de quién es el problema de la obesidad infantil en un país  y quiénes tendrían responsabilidades institucionales para resolverlo?

Primero lo primero: el ensanchamiento de la agenda sanitaria

Para hablar de responsabilidades en este caso, primero debemos conocer el contexto. Las enfermedades crónicas —a diferencia de las infecciosas—son de difícil, cuando no imposible, eliminación. Al mismo tiempo, una diferencia presumiblemente más importante, es que las enfermedades crónicas –tanto  en su desarrollo como en su tratamiento—suelen  estar asociadas con hábitos de comportamiento. De este modo se hizo cada vez más evidente que la salud desborda las competencias, alcances y posibilidades de los Ministerios específicos, e incluso, de toda la institucionalidad “clásica” del sector (toda ella nacida para y concentrada en la atención de enfermedades).

Hoy en día, la agenda sanitaria de los países de la región incluye (o debería incluir)  acciones para limitar el consumo de tabaco y alcohol, la promoción de la lactancia materna, la extensión del saneamiento y el acceso a agua segura, la disminución en el consumo de sal, azúcares y grasas, la promoción del ejercicio físico regular y del descanso, los métodos para mitigar el estrés, la prevención del embarazo adolescente, etc.

Es desde esta perspectiva que debemos ver el problema de la obesidad infantil. Así, volviendo al ejemplo de Uruguay, el estudio referido revela que ya antes de los dos años de edad la incidencia de sobrepeso y obesidad es alta (9.6%), y trepa hasta el 11.3% entre los niños de entre dos y cuatro años. Incluso, la obesidad en sentido estricto (relación peso talla en más de tres desvíos estándar) se sitúa en el orden del 2%. El problema es importante tanto en familias que viven en situación de pobreza (8.2%) como aquellas que no y no presenta asociaciones relevantes con el peso al nacer (solamente 1.8% de los niños con sobrepeso nacieron con bajo peso y un 12.2% pesaron más de 4 kilos). Sin embargo, quedan en evidencia los problemas en la dieta y prácticas de alimentación. En tal sentido,

  • Solamente un 19.4% de los menores de seis meses son alimentados exclusivamente con leche materna.
  • En casi el 50% de los hogares se agrega sal a la comida de los menores de un año.
  • Un 36% de los menores de dos años consumen habitualmente golosinas.
  • Un 90% de los menores de dos años consumen habitualmente alimentos con agregado de grasas.

En este marco, ¿quién tiene que arreglar o mitigar el problema de la obesidad infantil en un país?

Si miramos la arquitectura de los Estados en la región seguramente no podremos encontrar una sola Institución que simultáneamente reúna responsabilidades y capacidades para resolver este problema. Al caso, suelen converger mínimamente los ministerios de Educación y Salud, Organismos de Protección Social, Programas dedicados al Cuidado infantil, Institutos de Alimentación y otros.

Como mencionamos en un post anterior, el problema de la “multi-institucionalidad” no se agota, obviamente, en la creciente obesidad infantil. En general, los temas de la Nueva Agenda Social, entre los que mencionaríamos a modo de ejemplo los de juventud, familia, infancia, pobreza y tantos otros, demandan un funcionamiento del Estado diferente al que conocemos.

Esto es, un Estado funcionando en redes inter-organizacionales, donde la complementación, flexibilidad y colaboración sean lo habitual. Un Estado que se organiza discriminando adecuadamente las decisiones y coordinaciones necesarias a nivel central y las articulaciones requeridas a nivel territorial. Un Estado que migra hacia una nueva relación con la Sociedad Civil y adquiere nuevas formas de relacionamiento con la sociedad en general. Un Estado con agentes capaces de liderazgo político y técnico que hagan realidad procesos y mecánicas de intervención relevantes a un bienestar social incluyente.

En tu país, ¿cuál es el porcentaje de personas con diabetes? ¿cuál institución se ocupa de tratar el problema de la obesidad infantil? ¿Cómo lo hace? Cuéntanos en la sección de comentarios o mencionando a @BIDgente en Twitter.

Juan Pablo Severi es Especialista Líder en protección social en la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo.

 

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