Por Santiago Levy

Levy

En los últimos años, las agendas de política pública de varios países de la región han priorizado la atención a la primera infancia.

Esto se debe no sólo a la evidencia sobre los altos retornos a la inversión en desarrollo infantil (sobre esto les recomendamos leer la evidencia disponible para el Cono Sur, que demuestra que  los beneficios de asistir al prescolar son hasta 19 veces mayores a su costo), sino también a que las habilidades que se construyen temprano en la vida producen mayores beneficios de las oportunidades de aprendizaje posterior. Así lo confirma, por ejemplo, la mayor deserción escolar entre niños que se encontraban en circunstancias de desventaja  durante la infancia temprana. Además, la exposición a entornos desfavorables durante los primeros años de vida está asociada a resultados negativos en la adolescencia y la edad adulta, incluyendo   un incremento de los comportamientos antisociales, y mayores problemas de salud.

Para atender una creciente demanda por servicios de cuidado para niños pequeños, varios países de la región han invertido en la expansión de su cobertura. Sin embargo, en muchos casos, el énfasis de esos esfuerzos ha sido facilitar la inserción laboral de las mujeres y se ha prestado menos atención a la necesidad de asegurar servicios de calidad que promuevan el desarrollo integral de los niños. En varios países la expansión de cobertura se ha logrado a través de la sub-contratación de la provisión del servicio con terceros . No obstante, este proceso no ha venido acompañado de una definición de estándares de calidad ni del monitoreo del cumplimiento de los mismos entre los proveedores.

La poca evidencia sobre la calidad de los servicios existentes sugiere que ésta es heterogénea y, en muchos casos, de niveles precarios. La baja cobertura y la mala calidad van de la mano con presupuestos magros para el sector. A pesar del esfuerzo de expansión, las coberturas de los principales servicios de desarrollo infantil son muy bajas. A esto se suma que los distintos programas e iniciativas han surgido en forma aislada, sin articularse con una política nacional de desarrollo infantil y sin mayor vinculación con el resto de la oferta social destinada a la atención de los niños pequeños y a sus familias.

Un tema crítico es que  la mayor parte de los recursos humanos a cargo de la atención a los niños en los servicios de cuidado durante la primera infancia no es profesional ni cuenta con las competencias mínimas para realizar el trabajo que le corresponde. Incluso entre aquellas personas que cuentan con títulos profesionales, existe mucha variación en la calidad de la instrucción y el tipo de preparación recibida. La mayoría de países ha avanzado poco en la acreditación del recurso humano. De igual manera, en varias modalidades de cuidado infantil, el personal no recibe una remuneración por su trabajo (lo hace de forma voluntaria) o los salarios que se pagan son muy bajos.

La estrategia social del BID presentada en 2011 identifica al desarrollo infantil como un tema prioritario. Se plantean allí dos objetivos:

  • Para niños de 0 a 3 años: Identificar políticas e intervenciones que respalden a las personas encargadas del cuidado de los niños y a sus padres en la tarea de mejorar la calidad de la atención, asegurando el  acceso a servicios integrales de desarrollo infantil para poblaciones vulnerables, e identificando modalidades de servicio eficaces, de calidad, con tasas de deserción bajas, y sostenibles en el tiempo
  • Para niños de 4 a 6 años: Ampliar el acceso a los servicios de prescolar teniendo en cuenta aspectos de calidad y equidad y fortalecer iniciativas que articulen la enseñanza prescolar con el ciclo de educación primaria.

Además, la estrategia social del BID busca apoyar a los países en las tareas de revisar y reformar los procesos de selección, certificación y capacitación del recurso humano empleado en los servicios de atención a la primera infancia.

El BID ha sido un socio importante de los principales programas y políticas de desarrollo infantil en la región. Y actualmente se encuentra apoyando con financiamiento o asistencia técnica importantes procesos de reforma en varios países. Entre los países en los cuales estamos trabajando en el tema se destacan: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Todos ellos tienen en común un énfasis en el que los seguiremos apoyando sin claudicar: brindar servicios de calidad.

Santiago Levy Algazi es el vicepresidente de sectores y conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

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