Por María José Retana y Tsuneki Hori*

El 19 de septiembre de 1985 la ciudad de México fue sacudida por el terremoto más destructivo de su historia. A las 7:19 am los capitalinos despertaban con una de las tragedias que marcarían la historia del país. El terremoto tuvo una magnitud de 8,1 grados Richter con epicentro en la costa del Pacífico. Tuvo una duración de 2 minutos y múltiples replicas que se extendieron hasta un día después, aumentando el pánico y la paranoia de los mexicanos. Hubo cerca de 10.000 fallecidos, 33.000 afectados y 400 edificios que quedaron completamente destruidos y 6.000 se vieron afectados, de acuerdo al registro por la autoridad nacional, con cifras aproximadas. Más de un 1.2 millones de personas se quedaron sin electricidad y más de 516.000 metros cuadrados de la carpeta asfáltica de las calles resultaron afectados por grietas y hundimientos. Numerosos hospitales y alrededor de 3.500 escuelas públicas y privadas sufrieron daños de diversa magnitud. México enfrentaba con dolor y sorpresa una de las mayores tragedias del siglo XXI. Las pérdidas estimadas de la catástrofe fueron de US$11.400 millones de dólares.

En comparación, el 21 de marzo de 2012, la ciudad de México sufrió un terremoto de 7,8 en la escala Richter. Sin embargo, en esta ocasión no hubo fallecidos, 11 heridos, y 5.000 viviendas afectadas. Ninguna edificación se derrumbó. Aun cuando la magnitud de los sismos no siempre es comparable debido a los muchos factores que influyen en para el desarrollo del fenómeno natural, la diferencia en cuanto a los daños si lo es ¿qué hizo México para mejorar su infraestructura y gestión de riesgos y reducir significativamente el impacto de las amenazas naturales? Sabemos que los sismos son fenómenos impredecibles, pero, ¿se puede mitigar el impacto y evitar la catástrofe?

Alto riesgo, mayor prevención

En el territorio de México interactúan 5 placas tectónicas, lo cual ocasiona que sea un país con alta sismicidad. Además de la alta actividad sísmica, aproximadamente 40% del territorio Mexicano y más de una cuarta parte de su población están expuestos a tormentas, huracanes e inundaciones. La vulnerabilidad física de la infraestructura expuesta, en conjunto con la fragilidad social de algunos sectores de la sociedad, provocan pérdidas materiales y humanas que representan un alto costo social y económico para el país. México está expuesto a fenómenos naturales con alto potencial destructivo. Este es un hecho que no va a cambiar; los sismos, tormentas, huracanes e inundaciones no se pueden evitar, pero los desastres sí.

A partir de finales de los años 80, México decidió cambiar su rumbo y no arriesgar más la seguridad de su infraestructura y a su vez de su población. Las reglas de construcción se volvieron más estrictas, se estableció una campaña de información y prevención así como un sistema de alerta sísmica. Se fundaron diversos organismos como el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y se publicaron diversas leyes como la Ley General de Protección Civil, la Ley de Vivienda, la Ley General de Infraestructura Educativa, la ley de obras públicas entre otras.

¿Pero cómo medir si estas acciones de gobernanza son suficientes? Desde el 2005, el BID ha generado un sistema de indicadores que miden las actividades de cada país miembro en relación a las actividades de prevención y mitigación de riesgo de desastres. Dentro de estos indicadores se encuentra el Índice de Gobernabilidad de Políticas Publicas en Gestión del Riesgo de Desastres, que aborda la creación de condiciones normativas, institucionales y presupuestales para poder implementar adecuadamente políticas públicas de gestión del riesgo de desastres a partir de 6 componentes fundamentales de reforma:

  1. marco general de gobernabilidad para la Gestión de Riesgos de Desastres
  2. identificación y conocimiento del riesgo,
  3.  reducción del riesgo,
  4.  preparación de la respuesta,
  5.  planificación de la recuperación post-desastre; y
  6.  protección financiera.

El puntaje del índice IGOPP se mide con una escala que va de 0-100. y se clasifica en 5 niveles dependiendo del valor del índice, estos niveles son: sobresaliente, notable, apreciable, incipiente y bajo.

 La siguiente figura  muestra la evolución del iGOPP en gestión de riesgo de desastres en México desde 1980 hasta el 2013, mostrando la evolución de su gobernanza  en relación al tema con el paso de los años. También se muestra de forma esquemática algunas fechas clave en las reformas y las políticas nacionales introducidas tras esas fechas. Por ejemplo en junio del 2012 se publicó la Ley General de Protección Civil, ésta introduce el concepto de “gestión integral del riesgo” y lo  establece como un aspecto fundamental en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del país. También se puede apreciar que a partir del año 1985 comienza un enfoque hacia la mitigación de desastres causados por amenazas naturales.

TerreMX-Tabla

 

Como se puede observar, existe un aumento del valor del iGOPP en el tiempo, lo que indica que la política pública desde la perspectiva de la existencia de mecanismos de control y rendición de cuentas, así como de información y participación ciudadana ha mejorado. No obstante, el valor está aún lejos de sus valores máximos posibles y, de acuerdo con el sistema de clasificación citado anteriormente, el índice se sitúa aún en un nivel apreciable. Esto quiere decir que, a pesar de los avances generales en la creación de dichas condiciones de gobernabilidad para la gestión de riesgos de desastres, aún existe un importante espacio de mejora.

Desarrollar y consolidar la gobernabilidad del riesgo y los desastres es una condición imprescindible para el desarrollo sostenible. Hoy, después de 30 años del terremoto, México aprendió de su historia y es uno de los países de Latinoamérica cuya infraestructura está mejor preparada para enfrentar desastres naturales. Aun cuando todavía hay áreas de oportunidad, el país ha sabido implementar una gobernabilidad que protege la seguridad de su población. Lo que hace 30 años fue una tragedia, hoy es una lección aprendida, una infraestructura más estable y una población más segura.

*Las autoras son Especialistas en Manejo de Riesgos de la División de Infraestructura del BID