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En mi último blog sugerí que el más importante reto para le región en el mediano plazo es manejar el crecimiento sin poner en riesgo el medio ambiente, la economía, la gobernabilidad y la calidad de vida de la ciudad. El crecimiento sostenible dependerá, en los próximos años, de cuantiosas inversiones en compra de suelo e infraestructura para mitigar riesgos ambientales y manejar las dinámicas urbanas (ej. transporte, movilidad, seguridad, etc.).  Recursos adicionales se requerirán para manejar los desechos líquidos y sólidos; para invertir en espacio público, servicios comunales, vivienda y servicios básicos; y en operaciones estratégicas de rehabilitación, consolidación, conservación, mejoramiento y expansión de usos de selo urbano.

Foto VISOREN

Vivienda Social en Alquiler. Asturias, España. Foto por VISOREN

A pesar de que las áreas urbanas de América Latina y el Caribe han contribuido significativamente al crecimiento económico de la región, éstas enfrentan graves problemas de infraestructura. Un gran número de las ciudades de la región tienen necesidades urgentes de infraestructura adecuada, específicamente en las áreas de abastecimiento de agua, saneamiento, gestión de residuos sólidos, caminos, transporte y vivienda. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que la región requiere de inversiones de más de $ 200 mil millones anuales en infraestructura.

La demanda insatisfecha de infraestructura, bienes y servicios para apoyar la prestación de servicios limita la capacidad de transformación y restringe la competitividad y oportunidades económicas de las ciudades de la región. La falta de inversión en bienes y servicios define la calidad de vida de los ciudadanos y no permite reducir la vulnerabilidad ante los desastres naturales. Es necesario invertir en infraestructura para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades.

Para impulsar el crecimiento económico y atender el déficit en infraestructura, las autoridades nacionales y locales, podrían saber beneficiarse de los recursos, la experiencia, habilidades y capacidad innovadora del sector privado, para trabajar en conjunto en la entrega de nuevos y mejores proyectos y servicios a las comunidades urbanas.

Una típica vinculación Público-Privada (PPP en inglés) permite que un socio privado asuma el riesgo de financiamiento y dos o más fases del desarrollo del ciclo de vida del proyecto. Esto puede incluir las fases de diseño y construcción del proyecto, financiamiento,  posterior mantenimiento, y la operación de las instalaciones del gobierno, en virtud de un cuidadoso contrato a largo plazo.

De toda la gama de posibles asociaciones PPP la que más ventajas trae es aquella que permite al sector privado asumir todos los riesgos de desarrollo del ciclo de vida del proyecto. Esta modalidad vincula los pagos al acceso al bien o servicio. A diferencia del típico contrato de producción que vincula los pagos al desempeño (entregas parciales) o entrega final del producto, esta modalidad de PPP califica los resultados del proyecto en términos de la calidad y la accesibilidad de los bienes y servicios durante el periodo del contrato.

Cualquier retraso en el cumplimiento de los plazos operativos lleva a que el socio privado, y no el estado, asuma mayores costos. Si en algún momento se ve comprometida la accesibilidad al bien o al servicio, es el socio privado quien no recibe el pago mensual, afectando así sus utilidades. Si el socio privado incumple o suspende la prestación del servicio las autoridades pueden imponer sanciones, preparar planes de contingencia efectivo y suspender el pago, afectando los ingresos del privado. Por lo tanto, el sector privado tiene un interés financiero y el beneficio directo de que el proyecto se entregue a tiempo (si no antes) y que sea accesible y operacional 365 días del año durante la vigencia del acuerdo a largo plazo.

Finalmente, esta modalidad libera los escasos recursos públicos para inversión, y brinda planes de pago más flexibles y de más largo plazo,  con cómodos pagos mensuales que a su vez están condicionados a la accesibilidad y calidad de los servicios prestados por el socio privado. 

Los organismos multilaterales como el BID, podrían prestar su aval en caso de devaluación de la moneda o incumplimiento en el pago de las autoridades gubernamentales, garantizando el acceso permanente a los bienes y servicios. El BID a través de su Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles selecciona intervenciones priorizadas y ayuda al gobierno local a movilizar financiamiento adicional de fuentes disponibles para la ejecución del proyecto. Esta modalidad puede ser la respuesta a esas necesidades de financiamiento.