En América Latina y el Caribe, gobiernos, empresas, operadores y ciudadanos muestran un compromiso creciente con la mejora de la calidad, cobertura y circularidad de los servicios de gestión de residuos sólidos. No obstante, la sostenibilidad financiera y la baja recuperación de costos continúan siendo desafíos sustanciales que enfrenta el sector.
Para abordarlos, la regionalización en la gestión de los residuos sólidos se presenta como una estrategia clave que ya ha sido implementada con éxito, tanto en la región, como a nivel global. Esta estrategia ha generado importantes beneficios desde múltiples perspectivas: política y de planificación, económica, ambiental y social.
Recientemente fue aprobado un proyecto con objeto de financiar el saneamiento ambiental de la Cuenca del Río Motagua, en Guatemala. Con una inversión de US$250 millones, este programa representa un claro ejemplo de aplicación de la estrategia de regionalización en las operaciones del BID.
Un sector con “equilibrio de bajo nivel”
Históricamente, el sector de residuos sólidos municipales ha enfrentado retos relevantes en cuanto a su sostenibilidad financiera. En gran medida, esto se debe a la falta de esquemas de cobro de tasas o tarifas que reflejen el costo de inversión y operación de las actividades, sumado a una limitada cultura de pago por parte de los generadores. Por consiguiente, la financiación recae en presupuestos públicos, lo que obliga a los gobiernos locales a cubrir los costos con recursos originalmente destinados hacia otras áreas.
Esta situación genera un “equilibrio de bajo nivel”, donde los escasos recursos disponibles derivan en una inadecuada prestación de los servicios y esto, a su vez, repercute negativamente en la calidad ambiental y en la apropiación por parte de los usuarios. ¿Cómo romper este círculo vicioso?
La regionalización como estrategia clave
Según Hickman la regionalización en la gestión de residuos sólidos ocurre cuando dos o más jurisdicciones políticas colaboran para gestionar conjuntamente sus residuos. En lugar de que cada municipio construya y opere su propia instalación, los modelos regionales permiten compartir una infraestructura común, como estaciones de transferencia, plantas de separación, clasificación, compostaje e incluso rellenos sanitarios. Las instalaciones regionales facilitan la gestión de mayores volúmenes de residuos, lo cual genera economías de escala, optimiza el uso de recursos y reduce el costo por tonelada.
Más allá del ahorro económico, la regionalización ofrece múltiples beneficios adicionales:
- Mayor capacidad técnica y administrativa reflejada en procesos de compras más eficientes, personal mejor capacitado, acceso a financiamiento y disponibilidad de recursos financieros continuos y previsibles
- Acceso a tecnologías innovadoras de mayor calidad técnica y ambiental
- Facilita la participación de la inversión privada
- Disminuye el número de instalaciones necesarias, reduciendo posibles impactos ambientales (emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación, olores) y sociales, así como costos de vigilancia y control
- Aumenta los volúmenes e ingresos por venta de subproductos, como materiales reciclables
- Genera ahorros en la búsqueda de terrenos, obtención de permisos, contratación de personal y adquisición de equipos
Exitosa implementación en América Latina y el Caribe y otras regiones del mundo
Un ejemplo destacado es el de Estados Unidos, donde el número de instalaciones de disposición final se redujo desde más de 6.000 en la década de 1980 hasta 1.200 en 2018. Esta transformación fue impulsada por la promulgación, en 1976, de la Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), una ley federal que estableció estándares estrictos para los rellenos sanitarios. Como resultado, numerosos sitios no controlados fueron cerrados y se promovió un escenario de planificación regional coordinada a nivel estatal para cumplir con los requisitos técnicos de la legislación.
Ilustración 1 Sitios de disposición final en los Estados Unidos
Fuente: https://www.statista.com/statistics/193813/number-of-municipal-solid-waste-landfills-in-the-us-since-1990/
En Europa, destaca el caso de Portugal, donde ocho municipios del Gran Oporto se asociaron para crear la empresa pública Lipor, responsable de la gestión deaproximadamente 967.000 toneladas por año, a través de infraestructura asociada a transferencia y aprovechamiento. Bajo este esquema regional, se han alcanzado altos niveles de valorización mediante la implementación de estrategias conjuntas de reciclaje.
En India, la disposición final regional de 159 localidades redujo costos en un 62%.
En América Latina y el Caribe se han documentado numerosos resultados positivos generados por la regionalización. En Uruguay una publicación del BID muestra que la modelación de la disposición final regional en 4 ciudades generó ahorros de entre 9% y 18%. De igual forma, estudios realizados por el BID en Honduras, en 2024, compararon la gestión integral de residuos sólidos municipales en instalaciones regionales (32) frente a instalaciones individuales (71), concluyendo que el modelo regional generó una reducción de hasta 34% en los costos de inversión.
Desde 2003, Colombia ha sido pionera en la promoción de esquemas regionales. Para 2021, más de mil municipios disponían sus residuos en 71 rellenos sanitarios regionales, gracias a que incentivos económicos, tarifas reguladas y un marco normativo facilitaron la recepción de residuos en instalaciones compartidas entre diferentes municipios. Este modelo no requiere la conformación de asociaciones intermunicipales, sino que opera a través de contratos de servicio entre el dueño del proyecto (público o privado) a cambio del pago de una tarifa (‘gate fee’) por cada tonelada recibida.
Ilustración 2 Evolución de la disposición final en Colombia.
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Superservicios (2023)
En Chile, la infraestructura puede ser gestionada por empresas públicas o privadas que prestan el servicio a cambio de una tarifa, lo que ha promovido contratos con los sitios de disposición final. Mientras tanto, en Brasil se ha fomentado la creación de consorcios intermunicipales mediante acceso preferente a recursos nacionales, logrando que 1.979 municipios se organicen en 148 soluciones compartidas. Un ejemplo destacado es el consorcio público intermunicipal CIMVI, formado por 15 municipalidades del Estado de Santa Catarina – Vale do Itajaí que gestionan aproximadamente 79.000 toneladas por año, a través de infraestructuras regionales.
En Argentina, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gestionan sus residuos de forma integrada desde hace más de cuatro décadas, por medio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Esta entidad opera con sistemas de transferencia, cobro por ingreso de residuos e incorporación de tecnologías de valorización y disposición final, consolidando un modelo regional de gestión.
Los esquemas regionales deben adaptarse a las condiciones específicas de cada territorio
No existe un único modelo de negocio para la implementación de modelos regionales de gestión de residuos. Por el contrario, hay múltiples formas de regionalización que pueden incluir contratos de servicio a cambio del pago de una tarifa por tonelada entregada (‘gate fee’), como en los casos de Colombia y Chile; asociaciones intermunicipales, tal cual sucede con LIPOR en Portugal, los consorcios intermunicipales en Brasil o CEAMSE en Argentina; y modelos mixtos, en los que parte de los servicios se tercerizan a operadores públicos o privados. La clave para el éxito de estos modelos se encuentra en el diseño de esquemas que se ajusten al marco normativo vigente, a las capacidades institucionales locales y a las características geográficas y sociales del territorio.
A su vez, es crucial reconocer los desafíos propios de la regionalización. Entre ellos se encuentran la necesidad de consenso o acuerdos entre diferentes municipios para compartir una misma infraestructura; la alineación con el marco normativo; la viabilidad técnica considerando factores como las distancias y condiciones de las vías de acceso; la participación de las comunidades del municipio donde se ubica la infraestructura regional; la asignación de riesgos; la remuneración adecuada por la prestación del servicio; y el fortalecimiento de los operadores.
Guatemala: un ejemplo de regionalización en operaciones del BID
Un caso destacado de aplicación de la estrategia de regionalización en América Latina y el Caribe es el Programa de Saneamiento Ambiental en la Cuenca del Río Motagua, en Guatemala, una operación aprobada por el BID el pasado 3 de septiembre, por un monto de US$250 millones. El objetivo de este proyecto es reducir la contaminación en la cuenca del río Motagua – la mayor del país- y beneficiar a 391 mil hogares, de los cuales 225 mil contarán una gestión adecuada de residuos sólidos, y 166 mil con acceso a saneamiento.
El programa contempla, entre otras acciones,la construcción de centros regionales de gestión integral de residuos sólidos complementados con estaciones de transferencia, y unidades municipales de compostaje para reducir desde la fuente la cantidad de residuos sólidos a ser gestionados en destino final. Asimismo, incluye el cierre de botaderos a cielo abierto.
La comparación de alternativas municipales/individuales y regionales/compartidas fue esencial para la sostenibilidad financiera del proyecto. El análisis técnico demostró que la regionalización podría generar una reducción de hasta 35% en los costos de inversión y de alrededor de 20% en los costos de operación.
Además, se espera que la operación contribuya a mitigar al menos un 30% de las emisiones de metano con respecto a la situación base, en concordanciacon el Acuerdo de Paris y la iniciativa Too Good to Waste del BID, apoyada por el Global Methane Hub y el fondo multidonante Aquafund.
Hablar de gestión de residuos sólidos requiere hablar de eficiencia, competitividad, modelos de prestación y desarrollo regional. Por ello, la planificación estratégica y la evaluación de enfoques como la regionalización, no solo representan soluciones técnicas viables, sino también oportunidades para fortalecer la colaboración entre territorios, mejorar la prestación de servicios esenciales y avanzar hacia un desarrollo circular, sostenible e inclusivo.
Sirly Castro, Gerente Senior de Programas en el Departamento de Agua y Saneamiento de SIWI para América Latina y el Caribe, también contribuyó a esta publicación.
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