América Latina y el Caribe han logrado avances muy importantes en materia de cobertura de agua potable. Según el reporte de condiciones sociales del BID, Pulso Social 2016, la cobertura en la región ha alcanzado el 96%. Pero al examinar la disponibilidad y calidad de los servicios aún queda una brecha grande por cerrar. Es por eso que es fundamental tener prácticas que aseguren la transparencia en el sector de agua y saneamiento.

Bajo este panorama, los programas de inversión como los que apoya el Banco para mejorar la calidad y el acceso a agua potable son una prioridad para el desarrollo regional. Actualmente el BID está financiando 36 proyectos con un valor aproximado de US$4.2 mil millones, en su mayoría para abastecimiento de agua en zonas urbanas y zonas rurales y periurbanas.

No obstante, los avances logrados y el impacto de los programas futuros pueden verse afectados por la falta de transparencia, que puede resultar en corrupción, fraude y colusión, ya que este sector está muy expuesto a lo largo de toda la cadena de suministro a riesgos de integridad (para ver ejemplos aquí y aquí). No es extraño saber de obras que quedan paralizadas o sin concluir, a pesar de contar con recursos asignados para su ejecución, dejando a comunidades desabastecidas de agua. O que el lugar de asignación de la obra obedece a intereses particulares, sin tomar en cuenta las necesidades de la población.

En el contexto del Congreso sobre agua y desarrollo 2017 que se llevó a cabo recientemente en Buenos Aires, Argentina hemos estado reflexionando sobre cómo podemos manejar el riesgo de integridad en el sector, para evitar que el fraude y la corrupción perjudiquen las inversiones y la calidad de los servicios de agua y saneamiento  en la región.

¿Por qué el sector de agua y saneamiento es tan vulnerable a riesgos de integridad? Una de las principales razones a esta vulnerabilidad es que es un sector que requiere altas inversiones de capital (aproximadamente el doble que otros servicios públicos), dado que los proyectos de construcción y suministro son de gran escala y complejidad técnica. Eso los convierte en un negocio lucrativo, susceptible a manipulaciones de las especificaciones técnicas, sobrecostos y decisiones discrecionales durante el proceso de contratación y ejecución de los proyectos.

Otro factor que influye en la vulnerabilidad del sector es la enorme demanda natural del servicio, lo que fortalece la posición de poder de los oferentes y facilita el aumento de precios, el cobro de sobornos y la extorsión. En este sentido, los resultados del último informe de Transparencia Internacional sobre el Barómetro de Corrupción en Latinoamérica y el Caribe muestran que un 29% de los ciudadanos encuestados han pagado un soborno para obtener un servicio público, y de estos, un 14% lo hizo para obtener acceso a utilidades, incluyendo agua.

Los más afectados por la corrupción

Lamentablemente, la corrupción perjudica con mayor frecuencia y de forma más desproporcionada a los sectores de la población más pobres, ya que el pago de sobornos representa un porcentaje mayor de sus ingresos.

El BID, a través de las Divisiones de Agua y Saneamiento y de Capacidad Institucional del Estado y del Fondo de Transparencia, han empezado una serie de actividades para fortalecer la transparencia en el sector de agua y saneamiento. Uno de los primeros pasos de este trabajo ha sido una revisión de las buenas prácticas de transparencia adoptadas por las empresas y entes reguladores de la región. Adicionalmente, actualmente se está ejecutando una cooperación técnica que busca apoyar a las empresas y entes reguladores del sector en mejorar los procesos y mecanismos de transparencia y rendición de cuenta. La herramienta de diagnóstico utilizada para este efecto, llamada  “Caja de herramientas sobre manejo de integridad”, también se presentó en el contexto del Congreso de agua y desarrollo,  con el apoyo de organizaciones como WIN, CEWAS y SIWI.

La  Oficina de Integridad Institucional (OII) también acompaña al sector de Agua y Saneamiento del BID para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en sus operaciones, mediante el fortalecimiento de la capacidad de los organismos que ejecutan nuestros programas, para que cuenten con las herramientas suficientes para detectar y mitigar riesgos de integridad y el manejo de conflictos de interés.

Entre algunas de las recomendaciones que OII ha formulado para mitigar riesgos de integridad en programas del sector están:

  • Realizar un análisis detallado del contexto en el que se desarrolla la operación, incluida la capacidad institucional de las agencias que participan en la ejecución de los proyectos, para identificar las fortalezas o debilidades que incrementan el riesgo de que ocurran fraude, corrupción u otras prácticas prohibidas en los proyectos de agua y saneamiento que financiamos.
  • Promover una participación más activa de organizaciones de sociedad civil y beneficiarios de los proyectos para que monitoreen y supervisen el progreso de las obras y los servicios que deberían recibir. Esto con el objetivo de generar y robustecer la demanda por información que genere mayor rendición de cuentas por parte de los contratistas y proveedores de servicios.
  • Comunicar la existencia de mecanismos para reportar irregularidades, como la plataforma denuncias del BID.

Consideramos que no hay un solo remedio que cure la enfermedad y estas son algunas ideas. ¿Qué otras alternativas podríamos considerar? Cuéntenos!

* Por Raquel Mayer, Marcello Basani y Franceso de Simone

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