La confianza implica una expectativa positiva sobre las intenciones y los comportamientos de los otros. Y esto no solamente aplica a las relaciones interpersonales, sino también a las instituciones públicas y el sistema democrático.
Cuando la ciudadanía percibe algún tipo de “maltrato” por parte de las burocracias, disminuyen las expectativas positivas sobre las instituciones y, en consecuencia, retrocede la confianza. Esta percepción de maltrato puede estar asociada a un retraso o insatisfacción con los servicios públicos, a la existencia de servidoras y servidores públicos poco calificados, a la debilidad de las respuestas judiciales, o la poca efectividad de la policía o de los mecanismos de control, entre otros factores.
Cuando existe desconfianza, existe un problema de acción colectiva. En palabras simples esto se da cuando la ciudadanía no tiene incentivos para colaborar a nivel interno ni con las autoridades. Cuando la confianza se exacerba en una sociedad, todos y todas pagan el precio. Se dan efectos negativos para la política, la economía y el bienestar de la ciudadanía.
¿Cuál es la situación actual de la confianza en la región?
Encuestas realizadas por el BID demuestran que en Latinoamérica y el Caribe la desconfianza a nivel interpersonal es alta, lo cual a su vez se ve reflejado en el ámbito gubernamental. Menos de 1 de cada 3 personas confían significativamente en la administración pública de sus países. En promedio, la confianza en la iglesia es del 61%, mientras que la confianza en la presidencia y en el gobierno es de 32% y 27%, respectivamente.
Y si comparamos estos datos con los de otras regiones, la situación de América Latina y el Caribe es delicada. En promedio, se registran veinte puntos porcentuales menos de confianza en las instituciones elegidas por voto popular que, en Asia, África, los países árabes y Eurasia.
Más preocupante aún, es que la confianza en el sistema democrático en la región se está desgastando. El informe Latinobarómetro 2023, señala que en 2023 solo el 48% apoya la democracia en la región, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales desde el 2010, donde el apoyo se encontraba en un 63%. Adicionalmente, entre 2020 y 2023 se observa una tendencia alarmante, ya que se muestra una alta preferencia hacia un gobierno autoritario en todos los países de la región, menos en Panamá.
El punto que nos interesa subrayar en este artículo es que la confianza es parte importante de incontables interacciones que son esenciales para construir sociedades informadas, comprometidas con los sistemas democráticos, y empoderadas para ejercer la rendición de cuentas.
La función pública tiende a colaborar menos cuando existe más desconfianza. Adicionalmente, los efectos de la falta de confianza en el sistema de reglas que ordena y rige el comportamiento social pueden observarse en nuestros países en la vida cotidiana. Carlos Nino, a principios de los noventa, fue uno de los primeros en observar el problema de acción colectiva con referencia, por ejemplo, al funcionamiento del tránsito. El jurista acuñó el término de anomia boba para hablar de la falta de cooperación social (por ejemplo, no respetar las señales de semáforos ni los máximos de velocidad) que vulnera e ignora las normas jurídicas que han sido puestas para el interés y la protección de las personas. La anomia es “boba” porque implica apartarse de las normas inclusive en cuando no es conveniente hacerlo. Si no hay confianza en que las reglas se cumplen y que habrá consecuencias sobre el no cumplimiento, en las calles rige la ley del más fuerte.
La confianza como eje transversal en la transparencia y rendición de cuentas
Si hilamos un poco más fino, el problema de la confianza también se vincula con temas de información y rendición de cuentas. Cuando los datos sobre cómo funcionan los servicios y cuál es el uso de los recursos públicos son limitados, las y los servidores públicos tienen más márgenes para actuar de manera incorrecta. Por lo que uno los factores centrales para que la ciudadanía confíe en las instituciones públicas es la transparencia y el acceso a información comprensible y actualizada.
Pero el tema no puede quedarse ahí. Hoy la ciudadanía espera mucho más que información. Portia Roelofs, señala que la transparencia abarca tres concepciones: transparencia en los datos, lo que equivale a la disponibilidad de información documental; transparencia en las cosas, cuyo requisito es la visibilidad de los resultados de las políticas públicas, en las inversiones; y transparencia en las personas, que implica la claridad sobre las redes y obligaciones en las que están inmersos los tomadores de decisión.
1. Transparencia en los datos
Esta primera dimensión es lo que motivó la primera ola de reformas de acceso a la información pública, que en Latinoamérica y el Caribe tuvo su pico de crecimiento a comienzo y mediados de los años 2000. El esfuerzo de los países de la región fue en la dirección correcta, especialmente porque el acceso a la información no solamente es un derecho fundamental de la ciudadanía, sino también una herramienta para prevenir y controlar la corrupción.
2. Transparencia en las cosas
La segunda concepción está asociada al acceso a la información llamado de segunda generación. Aquí el concepto clave refiere a las políticas de “transparencia focalizada”, cuya característica central es el uso de la divulgación de información para alcanzar un propósito de política pública en particular, tomando en cuenta las realidades de un grupo específico de personas usuarias, las necesidades de transparencia de las audiencias y utilizando mecanismos simples y eficientes que faciliten no sólo el acceso sino también el uso de dicha información.
En esencia esto es lo que se propone a través de MapaInversiones, que realiza un esfuerzo para mostrar a la ciudadanía lo que Roelofs denomina como la transparencia de las cosas, como los avances de las obras públicas. Para ello, el diseño de herramientas tecnológicas va de la mano con la comprensión de las necesidades, prioridades y capacidades de las personas usuarias de la información. Esta es una agenda que todavía es necesario seguir fortaleciendo.
3. Transparencia en las personas
La tercera concepción, es decir la transparencia sobre las redes y obligaciones en las que están inmersas las personas tomadoras de decisión, es tal vez donde existan mayores desafíos hoy en día. Como lo destaca Eduardo Ulibarri en Realidades Embusteras: un análisis crítico sobre la desinformación, las redes sociales pueden permitir la constante exposición de los actores políticos y su accionar o falta de acción, y con ello, reducir las asimetrías de información. Pero también generan confusión por vía de las fake news y hasta pueden alterar el buen funcionamiento de los sistemas electorales. Por esto, la construcción responsable y ética de las estrategias de transformación digital y herramientas de comunicación, incluyendo las redes sociales, se ha vuelto hoy un tema fundamental.
En resumen, el impulso de políticas y mecanismos para reducir las asimetrías de información y de poder es básicamente una apuesta democrática. La tecnología ya no es una barrera, como podía serlo hace diez o quince años, para divulgar más y mejor información. El foco está ahora en cómo la ciudadanía puede participar, coproducir e innovar directamente a través de canales digitales.
Bajo este contexto, los criterios de calidad y oportunidad de la información, credibilidad, facilidad de comprensión, comparabilidad y capacidad para compartir y difundir, así como de protección de datos personales se han vuelto aspectos de enorme importancia para las administraciones públicas.
Interesting study applied to evaluate, in the context of Public Administration, the trust variable in labor relations and productivity in the public service. Important, also, because its replication can be validated with methodological adjustments to Public Administrations in other countries.