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Participación ciudadana en control fiscal BID

¿Cómo promover la participación ciudadana en el control fiscal a partir de buenas prácticas internacionales?

30 July, 2024 por Nicolás Dassen - Renzo Lavin Deja un comentario


Resulta paradójico afirmar que, a pesar de la crisis de representatividad, reflejada en el informe de Latinobarómetro 2023, donde solo el 48% de personas encuestadas apoya la democracia en América Latina y el Caribe, frente a un 63 % en 2010, la participación ciudadana en el control de auditoría a cargo de las Entidades de Fiscalización Superior ha aumentado en los últimos 20 años gracias a la innovación digital.

Este crecimiento ha sido impulsado por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS) y la Organización Internacional de Entidades de EFS (INTOSAI) a partir de la creación de comisiones de participación ciudadana que promueven el trabajo colaborativo con la sociedad civil.

Un estudio reciente de OLACEFS señala que el 56% de las EFS ha realizado actividades relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en colaboración con la sociedad civil.

Ante este panorama, es clave trata fusionar un modelo de accountability o control social de la gestión pública más abierto que incluya a una ciudadanía más comprometida y demandante de mejores servicios públicos, por medio de un control técnico realizado por organismos especializados a través de auditores que están cambiando su visión, a veces escéptica, del valor de la participación ciudadana.

La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) pueden ayudar a identificar áreas de posible mal uso, ineficiencia o corrupción del gasto público, y añadir información valiosa al proceso de auditoría, enriqueciendo los resultados, especialmente en áreas donde tienen conocimientos y experiencia relevante como, por ejemplo, protección del medioambiente, políticas de igualdad de género y diversidad, y salud reproductiva.

Es así como hemos relevado más de 60 casos de participación ciudadana en el control fiscal por medio de canales digitales en todo el mundo.

Clasificamos estos casos de acuerdo con el ciclo de control fiscal, cuyas fases incluyen: (i) Planificación; (ii) Implementación; (iii) Difusión; y (iv) Seguimiento.

  1. Planificación: Durante esta etapa, el objetivo de la participación ciudadana es contribuir a identificar áreas, programas o políticas prioritarias para ser auditadas. Un ejemplo sencillo es el de la Corte de Auditoría de Austria, a través del cual se hace un llamado a la ciudadanía para enviar propuestas de manera virtual ya sea por correo electrónico como por Facebook, o bien por correo postal.
  2. Ejecución: En la fase de ejecución se busca obtener información y evidencia relevante para una auditoría o un ejercicio de fiscalización particular, aumentar la eficiencia del trabajo de control al acceder a recursos y capacidad externa, mejorar la calidad de los hallazgos y las recomendaciones. Un buen ejemplo internacional puede ser el de las auditorías participativas ciudadanas de la Comisión de Auditoría de Filipinas, que combina participación ciudadana presencial con participación virtual.
    Otro  menos conocido corresponde al de la Corte de Auditoría de los Países Bajos sobre auditoría de infraestructura escolar. Entre 2012 y 2016, la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) auditó las instalaciones de las escuelas del país y abrió una plataforma para recolectar datos a raíz de la recurrente presentación de quejas sobre la calidad de los edificios, su tamaño y longevidad, lo que daba cuenta de que no había información real y técnica sobre el estado de las escuelas ni supervisión regular.
  3. Difusión: La fase de difusión promueve la generación de contenidos amigables y accesibles para distintas audiencias y el incremento del conocimiento de los hallazgos de auditoría a través de formatos diversos y su difusión por medios de los canales de comunicación pertinentes. Una buena práctica es la de la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido que sube contenido de síntesis de hallazgos mediante videos en X y YouTube, y así ilustra los datos distintivos de cada auditoría. Un ejemplo de esta iniciativa es una auditoría que muestra que, mientras algunos niños y niñas con necesidades educativas especiales y discapacidades que asisten a escuelas primarias y secundarias tradicionales reciben apoyo de alta calidad, muchos otros (as) no reciben la ayuda que deberían.
  4. Seguimiento: Finalmente, el ciclo de seguimiento busca fortalecer la demanda de rendición de cuentas y aumentar los incentivos para cumplir las recomendaciones de auditoría. La Oficina de Auditoría de Gobierno de Estados Unidos (GAO) publica en su página web la base de datos de recomendaciones que formula en los procesos de auditoría. Esa base contiene recomendaciones de informes que aún deben abordarse y recomendaciones que cataloga como prioritarias, a saber, aquellas que merecen principal atención.

Los desafíos para fomentar la participación ciudadana en el control fiscal en la región aún son grandes y requieren atención y esfuerzos continuos. Para ello, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, impulsamos la generación de conocimiento de punta y el desarrollo de espacios de diálogo para buscar soluciones integrales, a partir de las experiencias y casos implementados a nivel regional e internacional.

Te invitamos a conocer una serie de recomendaciones y acciones prácticas en nuestra nueva publicación “Participación ciudadana en el control fiscal a través de medios digitales ” que releva 60 diferentes buenas prácticas de participación ciudadana en el control fiscal a través de medios digitales.

Estas experiencias podrían abrir el camino para que los países de América Latina y el Caribe puedan analizar y adaptar estas soluciones a sus contextos y necesidades particulares para empoderar a la ciudadanía y fortalecer la rendición de cuentas en las diferentes fases del ciclo de control fiscal.

Este trabajo no solo aporta nuevas ideas para las EFS de la región, sino que también sirve como un valioso recurso educativo para aquellas ciudadanas y ciudadanos con interés en el desarrollo participativo de políticas de gobierno abierto.

Participación ciudadana en el control fiscal a través de medios digitales: relevamiento en entidades de fiscalización superior

Archivado Bajo:Gobernarte, Transparencia y anticorrupción Etiquetado con:accountability, América Latina, auditoría gubernamental, control fiscal, Entidades de Fiscalización Superior, gobierno abierto, OLACEFS, participación ciudadana

Nicolás Dassen

Nicolás Dassen es abogado por la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y máster en Derecho Internacional en la Universidad de Nueva York (EEUU). Actualmente, desempeña el puesto de especialista líder en Modernización del Estado en la División de Innovación para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es experto en temas de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, ética pública y control de corrupción. Recientemente ha ampliado su trabajo hacia entidades de fiscalización superior, laboratorios de innovación pública, datos abiertos y big data. Antes de unirse al BID, trabajó en temas de gobernabilidad y transparencia en la Oficina Anticorrupción de Argentina, el Consejo de la Magistratura y el Congreso Nacional. Fue experto titular de su país ante el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA). También representó a Argentina ante el grupo de trabajo contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Ha sido profesor de Derecho Constitucional y prevención de corrupción en varias universidades, conferencista y autor de varios artículos sobre dichas temáticas. Google Scholar: http://scholar.google.com/citations?user=_d5G9O0AAAAJ&hl=en

Renzo Lavin

Renzo Lavin es abogado por la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard (EEUU), donde fue becario Fulbright y Ford Foundation Mason Fellow. Actualmente, es consultor en el grupo de Transparencia e Integridad de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo. También colabora con diversas organizaciones, entre las que se incluyen organismos internacionales, instituciones filantrópicas, think tanks, ONG e instituciones del sector público de distintos países, en proyectos sobre estado de derecho, transparencia, anticorrupción y gobierno abierto. Fue codirector ejecutivo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en Argentina y ha trabajado como consultor para el Banco Mundial, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), el International Budget Partnership (IBP), Open Society Foundations (OSF) y otras organizaciones. Ha coordinado numerosas investigaciones y ha publicado estudios y artículos en los temas de su especialidad.

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