Cuando el exceso de pequeñas empresas afecta la productividad

Los responsables de políticas han aceptado desde hace ya mucho tiempo la función medular de la innovación como estímulo para la productividad agregada y el crecimiento. Han entendido la llegada de nuevos sistemas de organización y nuevas tecnologías, desde la máquina de vapor hasta la electricidad e Internet, como catalizadores del progreso material en la era moderna. Pero al hacerlo puede que hayan subestimado la importancia de otro elemento crítico: la naturaleza de las empresas en una economía.

Esto es importante porque para que un país experimente un crecimiento pujante también debe asignar mano de obra y capital a las empresas más productivas. Y en América Latina y el Caribe—así como en gran parte del mundo en desarrollo—eso no suele ocurrir. Por el contrario, por razones relacionadas con los impuestos, la normativa laboral y la aplicación irregular de las leyes, en los países de la región se tiende a favorecer a las compañías pequeñas, que son en general menos innovadoras y productivas que las grandes empresas.

Tomemos el caso de los impuestos en México. El país tiene un impuesto corporativo del que están exentas muchas firmas pequeñas. Tiene asimismo un impuesto a la nómina que muchas de estas últimas pueden evitar legalmente. Eso se debe a que sus empleados son copropietarios, como ocurre con las cooperativas y los negocios familiares, o a que trabajan a destajo o por comisión y no ganan sueldos ni salarios. Entretanto, la aplicación de la normativa legal implica un sesgo hacia las grandes empresas, ya que es más fácil y económico supervisarlas. Todo esto les da a las pequeñas empresas la motivación para buscar maneras de evitar pagar impuestos al no pagar salarios, o si los pagan, para hacerlo por debajo de la mesa. Según el Censo Económico de México de 2008, casi una cuarta parte de todas las empresas contratan trabajadores de manera ilegal.

El resultado es efectivamente un subsidio a las pequeñas empresas y un impuesto a las grandes que tiene un efecto enorme en la economía. Dado que las pequeñas empresas gozan de menores costos laborales que las grandes debido a la diferencia entre sus cargas tributarias, termina habiendo más de estas en la economía. Además, las pequeñas empresas terminan contratando más empleados de los que de otro modo habrían reclutado. Un 90% de los negocios de México son diminutos, pues cuentan con no más de cinco empleados. Aun así representan alrededor del 38% de la población económicamente activa, cifra en general similar a la de las firmas que tienen 50 o más empleados, mayores economías de escala y niveles más altos de productividad.

Asignar recursos de esta manera, para que las firmas pequeñas acaparen una parte desproporcionada de los mismos, tiene un impacto no solo a nivel de empresa sino también a nivel agregado. Ciertamente, se trata de una de las principales distorsiones de la economía. Los economistas Chang-Tai Hsieh y Peter Klenov calcularon en un estudio de 2009 que Estados Unidos y China podrían aumentar su productividad agregada en un 43% y un 86%, respectivamente, si eliminaran ciertas distorsiones, como los problemas relacionados con el crédito, la recaudación fiscal y la aplicación de la normativa legal. De acuerdo con un estudio del BID, eliminar distorsiones similares, entre las que se destaca el tratamiento favorable a las empresas pequeñas, podría elevar la productividad agregada de México por la cifra muy superior de 200. Los beneficios para México pueden ser enormes, tanto en términos de crecimiento como de salarios reales más altos para los trabajadores del país.

Nada de esto es fácil de resolver. Pero el punto de partida es una mejor legislación que trate a los empleados asalariados y a los no asalariados de manera más equitativa en cuanto a la recaudación fiscal y que mejore la aplicación de la normativa legal, de manera que no haya incentivos para la evasión. Ambas medidas probablemente produzcan una distribución más eficiente de firmas pequeñas y grandes.

Pasos concebidos de forma análoga para hacer aumentar la eficiencia en la distribución de recursos podrían ayudar mucho en América Latina como un todo. Esto incluye forjar mejores regímenes tributarios y de aplicación de la ley. Y también, mejorar las normas laborales actuales, que hacen extremadamente difícil despedir y contratar trabajadores, y que afectan de forma desproporcionada a las empresas grandes. La región está dejando de premiar a sus firmas más competitivas. Pero mediante reformas que apunten en una dirección distinta, se pueden hacer aumentar sus oportunidades de crecimiento y mejorar sus niveles de vida.

 

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El Autor

Matías Busso

Matías Busso

Matias Busso es Economista Senior en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Es también Economista Investigador en el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de La Plata Argentina y miembro del comité ejecutivo del Network of Inequality and Poverty en LACEA. Su investigación utiliza teoría y evidencia empírica para analizar el diseño de políticas publicas más efectivas en áreas relacionadas con el mercado laboral, educación y productividad. Matias obtuvo su Doctorado en Economía en la Universidad de Michigan en 2008. Ha publicado artículos de investigación en la"American Economic Review" y en "The Review of Economics and Statistics" entre otros.

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