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Por Ursula Giedion. 

Al igual que la mayoría de países de ingresos medios y altos del mundo, México enfrenta una creciente presión sobre sus presupuestos de salud debido a una mezcla de variables tales como una prevalencia creciente de enfermedades no transmisibles costosas, el envejecimiento de su población, un compromiso de avanzar hacia la cobertura universal en salud, expectativas cada vez mayores de su población y, muy importante, la aparición de nuevas tecnologías en salud, entre otras.

En un reciente seminario web y una publicación de la serie Breve de CRITERIA*, el ministro de Salud de Colombia ilustró vívidamente los desafíos arriba mencionados haciendo un llamado a los gobiernos de la región para que evalúen de modo crítico las tecnologías en salud con el fin de decidir qué financiar y cuánto pagar. Se han adoptado diferentes estrategias en el mundo, a menudo combinadas, para utilizar la evidencia disponible con el objetivo de determinar los precios, adoptar decisiones en materia de cobertura y asignar los recursos con sensatez.

La mayoría de países de altos ingresos han puesto en marcha mecanismos específicos de control y regulación de precios de las medicinas, como lo ilustra un reciente informe de la OCDE. América Latina ha seguido esta tendencia y muchos países han adoptado políticas públicas para influir en los precios de los medicamentos que compran ya sea a través de la regulación directa de los precios o del uso de alguna forma de mecanismos consolidados de adquisición y negociación.

Como explicó el doctor Francisco Bañuelos en un reciente seminario web de CRITERIA*, México implementó en 2008 un proceso de negociación centralizada de precios a fin de negociar con la industria farmacéutica los precios de las medicinas patentadas o provenientes de una sola fuente para todo el sector público, que es altamente segmentado. Antes de 2008 todas las instituciones públicas negociaban individualmente con cada fabricante de fármacos un precio de adquisición para los medicamentos patentados.

Como resultado de las reformas introducidas en el mecanismo de adquisición, se estableció una Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud (CNPMIS). Esto permitió a las partes intervinientes clave y a los aseguradores del sistema de salud mexicano –el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Ministerio de Salud– a negociar conjuntamente, como una sola entidad, con los laboratorios individuales de medicamentos un solo precio de adquisición aplicable a toda la nación durante un año para todas las instituciones públicas, incluidas aquellas no comprometidas en la negociación.

La política estuvo motivada por la necesidad de controlar el gasto destinado a los medicamentos de patente y de fuente única, para los cuales la competencia no es una opción como mecanismo de reducción de precios. Con esa política se aprovecha el poder de compra combinado para negociar precios para todo el sector público. Pese a que en México solo el 4% de todas las medicinas cuya comercialización está aprobada son patentadas, representan aproximadamente el 56% del total del gasto público en fármacos.

El proceso está liderado por una comisión intersectorial de negociación de precios conformada por representantes de diferentes segmentos del gobierno mexicano y el sistema de salud pública (delegados de los ministerios de finanzas, economía y salud y del IMSS y el ISSSTE). La CNPMIS trabaja con el apoyo de diferentes comités técnicos: comités asesores clínicos, económicos y de propiedad intelectual examinan los medicamentos desde diferentes ángulos para orientar el proceso de negociación.

Cada año se negocian de 97 a 218 medicamentos con 16 a 38 laboratorios. Aunque muchos desafíos persisten, como describió CRITERIA en uno de sus BREVES, el proceso ha conducido a ahorros sustanciales en el sector público. Por ejemplo, durante el primer año (2008) los ahorros representaron cerca de 5000 pesos mexicanos (más de USD 400 millones), una cantidad equivalente al pago anual de aproximadamente 1,6 millones de afiliados al Seguro Popular.  Hay ahorros adicionales que han disminuido en el transcurso de los años porque algunas reducciones posteriores en los precios de los medicamentos que ya habían sido negociadas se volvieron cada vez más difíciles de consolidar. Las reducciones en los precios han variado en un rango del 5% al 50%.

Se han logrado muchos otros resultados colaterales:

  • La adquisición pública se ha armonizado y organizado mejor, lo que ha conducido a la fijación de precios homogéneos y a la adopción de esquemas terapéuticos.
  • La comprensión del mercado así como los esquemas terapéuticos utilizados en las instituciones de salud pública han mejorado pues el cálculo del volumen ahora se basa en cifras de consumo mientras que antes a menudo se lo estimaba o ajustaba al presupuesto disponible.
  • Los procesos de compra y las transacciones se han simplificado.

Quizá lo más importante sea que la CNPMIS se ha convertido en un articulador clave del sistema de salud mexicano y ha promovido el aprendizaje y la cooperación interinstitucionales a través de prácticas de adquisición compartidas.

Se trata de una externalidad positiva importante para el sistema de salud mexicano, pero también de un mensaje significativo para los sistemas de salud de América Latina, muchos de ellos fragmentados: para ser exitosas, las políticas públicas destinadas a controlar la presión cada vez mayor a través del aumento del gasto en atención pública requieren de una acción común y coordinada de todas las partes intervinientes.

¿Cuál es el proceso de negociación de precios de los medicamentos en tu país? ¿Podría aprenderse algo de la experiencia mexicana? Coménta en la sección que aparece abajo o mencionando a @BIDgente en Twitter.

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Ursula Giedion es la coordinadora de CRITERIA.

*CRITERIA es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que busca apoyar a los países de la región para que cuenten con la evidencia y las instituciones requeridas para el mejoramiento de la asignación y priorización del gasto público en salud. A través del fortalecimiento de procesos, la promoción del trabajo colaborativo y el intercambio de conocimiento y experiencias sobre priorización en salud, CRITERIA propone ideas y alternativas para avanzar hacia la cobertura universal en salud en un contexto de recursos restringidos y costos crecientes.

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Showing 2 comments
  • PEDRO
    Responder

    En nuestro país no existe una política de negociación de precios con la industria farmacéutica, en realidad en promedio, los trabajadores y funcionarios públicos en el Perú, ven en la industria a un enemigo de la salud y en muchos casos consideran incompatible negociar con ella. En el Perú se usan las compras corporativas y concursos o adquisiciones públicas para los medicamentos; sería una gran cosa que el BID ayude al gobierno, especialmente al ministerio de salud, a desatanizar a la inversión privada, incluida la industria, luego de los sucesos de octubre.

  • Matías
    Responder

    Que bien que hay buenos resultados sobre las adquisiciones conjuntas de medicinas en México; pero que nos puede decir de los resultados de la gestión en esta materia, como por ejemplo el control de la corrupción, cómo lo controlan; por que valgan verdades si bien es cierto que estas compras corporativas tiene muchas ventajas, pero también tienen sus desventajas como: 1) se demoran una eternidad para luego decirte a fin de año ya hagan sus compras individuales; 2) se centraliza la corrupción y el negociado con las necesidades a escala mas grande; 3) muchas veces se compran cosas que nunca se usan o su uso es mínimo y luego están almacenados en los depósitos; 4) lo que más se necesita no lo compran y siempre en las farmacias de los centros de salud te dicen “NO HAY”, entonces el enfermo o su familia debe comprarlos en la farmacia “del frente” que esta enganchado con los doctores de los centros de salud; 5) lo peor que no hay sanción real para los corruptos, hay mucha impunidad y corrupción del poder judicial que con el cuento DEL DEBIDO PROCESO NO SE SANCIONA EJEMPLARMENTE A LOS CORRUPTOS TANTO DE LAS EMPRESAS PRIVADAS COMO DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS.

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