Vientos de Cambio II, un clásico que vuelve

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Cinco años después de creada la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), las políticas para contar con gobiernos más transparentes, responsivos, colaborativos e innovadores se consolidan en los países de Latinoamérica y el Caribe.  Y también se consolida Vientos de Cambio, en su segunda edición, continuando el esfuerzo que iniciamos en 2014 cuando hicimos una recopilación, análisis y reflexiones críticas acerca de la formulación y puesta en marcha de los primeros planes de acción de los países de la Región.

En Vientos de Cambio II hacemos un análisis específico de los segundos planes de acción para actualizar y concentrar en un único documento las estadísticas de la cantidad de compromisos y los temas que abarcan. Hacemos foco en el proceso mismo de la AGA, con recomendaciones para dinamizarlo y mejorar la calidad de la información con la que se cuenta, y que permita fortalecer los mecanismos que ella supone, tanto en los aspectos de forma (procesos de co-creación, implementación, evaluación) como de fondo (la calidad, resultados y potencial impacto de los compromisos).

Para empezar, presentamos un resumen del funcionamiento de la AGA, y comparamos cuantitativa y cualitativamente los compromisos de los primeros planes de acción con los segundos planes de la región, lo que entrega un panorama actualizado a la fecha. En segundo lugar, a partir de un ejercicio con la metodología FODA respondida por los encargados de la agenda de gobierno abierto de los países, analizamos:

  • ¿Cómo fueron los procesos de elaboración de los planes y de la implementación de los compromisos allí contenidos?, y
  • ¿Cuáles son los factores de éxito y su vinculación con temas presupuestarios para financiar las soluciones?, entre otros detalles de interés.

Posteriormente, sintetizamos los resultados de la primera ronda de informes del Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) de la AGA y, finalmente, damos unas conclusiones con una mirada crítica con recomendaciones para el futuro:

El período reciente refleja nuevas fortalezas como la creciente voluntad política y compromisos de mayor impacto. Nuevas leyes de transparencia y/o acceso a información pública fueron aprobadas, entre las cuales se destacan los casos de Colombia (2014) y Paraguay (2014), junto a reformas más sistemáticas como la implementada por Chile a través de sus leyes de regulación de intereses, probidad de la función pública y financiamiento de los partidos políticos.

Sin embargo, la consolidación de esta tendencia ascendente de las iniciativas de gobierno abierto requiere que sus impactos sean evaluados. La consulta a los responsables de los planes de gobierno abierto en la región reflejó que las debilidades y amenazas principales radican en la escasez de recursos, la falta de conocimiento sobre los alcances del gobierno abierto y los cambios de gobierno. Tres desafíos que podrían ser sorteados con el desarrollo y difusión de evaluaciones de impacto rigurosas que permitan demostrar los resultados de los esfuerzos, darles sostenibilidad como política de Estado y acceder a nuevas fuentes de financiamiento.

Los aspectos positivos y el camino por recorrer

Uno de los aspectos más destacables y reflejo de la madurez que ha tenido el desarrollo de las políticas de gobierno abierto en la región en estos años se traduce en la superación, al menos parcial, de muchas de las paradojas que enunciábamos tiempo atrás. Por un lado, los países han ido configurando sus propios marcos de referencia para establecer los alcances, límites y fronteras del concepto de gobierno abierto a sus propios contextos institucionales, lo que se expresa en que en al menos seis países hoy se cuente con una definición operacional adaptada y adecuada a su propia realidad.

Por otro lado, se observa un tránsito del foco protagónico en el ámbito tecnológico y en iniciativas muchas veces demasiado ancladas en el marco de las estrategias de gobierno electrónico, herramientas digitales o datos abiertos, a compromisos más ambiciosos e integrales, que incorporan sectores específicos (salud, educación, medioambiente, etc.), nuevos ámbitos o niveles de acción (en iniciativas concretas en el espacio subnacional y/o municipal) y, servir de base para promover nuevos mecanismos que permitan garantizar derechos (en áreas como la población LGBTI y pueblos originarios; género y combate a la discriminación, entre otros).

De manera complementaria, los procesos de formulación e implementación de los planes han ido avanzando hacia espacios más participativos, con mayor involucramiento de nuevos actores, sentando en muchos casos las bases para un genuino espacio de co-creación. Lo anterior ha significado una especial preocupación por diseñar y mejorar las metodologías de trabajo y el fortalecimiento de los espacios para el monitoreo, seguimiento y evaluación de los compromisos, a través de foros o mesas permanentes con activa participación de todo el ecosistema de actores involucrados.  Todo ello ha ido acompañado de nuevas vías para sensibilizar, educar e informar a la ciudadanía sobre el tema, en un lenguaje más simple y accesible.

Finalmente y no menos importante: se reconoce un emergente proceso de institucionalización de las políticas de gobierno abierto en la región. En muchos casos y pese a recientes cambios de las coaliciones gobernantes, el tema ya forma parte muchas estrategias nacionales de desarrollo o es parte sustantiva de la agenda de modernización del sector público, por tanto se observa una progresiva tendencia a que este conjunto de iniciativas sean políticas de Estado, más allá del gobierno de turno.  Este fenómeno ha ido acompañando por un interesante debate de cómo promover y aplicar los principios del gobierno abierto más allá de las fronteras del poder ejecutivo, hacia el poder legislativo y judicial por ejemplo, o de incorporar a nuevos actores como son la academia y el sector privado, en la idea de construir un modelo propio a nivel regional al que se ha denominado Estado Abierto.

El debate además, considera en la actualidad los desafíos que impone la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la declaración que se ha promovido desde AGA para apoyar su adecuada implementación en el mundo, en particular lo que se asocia a configurar un nuevo marco de gobernanza pública que garantice, de acuerdo al Objetivo 16, la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Sobre este y muchos otros temas más hablaremos en el próximo Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto que se llevará a cabo en Montevideo, el 1 y 2 de Junio de 2016. Creemos que, desde una mirada de conjunto, los países de la región van por buen camino, aunque se requiere seguir potenciando la agenda, construir capacidades institucionales e ir consolidando un espacio fluido de trabajo abierto, colaborativo y basado en la confianza entre los gobiernos y la sociedad civil. Somos optimistas pues percibimos que los vientos de cambio soplan a favor y refuerzan la hoja de ruta trazada en la región.

Sobre los autores

Álvaro V. Ramírez-Alujas es fundador e investigador principal del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) y profesor del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile y es miembro del directorio de Fundación Multitudes en Chile. Sigue a Álvaro en Twitter @redmatriz

Nicolás Dassen se desempeña como Especialista Senior en Modernización del Estado en la División de Capacidad Institucional. Es experto en temas de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, ética pública y control de corrupción. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires (1994) y Master en Derecho Internacional en la Universidad de New York (1997). Antes de unirse al Banco, trabajó en temas de gobernabilidad y transparencia en la Oficina Anticorrupción de Argentina, el Consejo de la Magistratura y el Congreso Nacional. Fue experto titular de su país ante el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos. También representó a la Argentina ante el Grupo de Trabajo contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Fue profesor de derecho constitucional y prevención de corrupción en varias universidades, y autor de varios artículos sobre dicha temática. Sigue a Nicolás en Twitter @NicolasDassen

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