Navegando la Tormenta Perfecta: Crisis de Confianza a nivel Sub-nacional

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En un post anterior hablamos de la difícil situación a la que se enfrentan los gobiernos, presionados por la llegada de menos recursos del sector primario y una ciudadanía que cada vez aguanta menos abusos de poder y exige mejores servicios.

En esta oportunidad nos gustaría llamar la atención a un tema clave: la necesidad de reforzar el apoyo a las instituciones y la calidad de la gobernanza pública en los niveles sub-nacionales de gobierno.

Los gobiernos locales de nuestra región se enfrentan a un delicado equilibrio. Han estado recibiendo más recursos y responsabilidades, como consecuencia de las transferencias por regalías y procesos de descentralización. Pero muchos de estos gobiernos no han desarrollado su capacidad institucional para gestionar estos recursos y responsabilidades de manera eficiente y eficaz, en particular en lo que respecta a las inversiones públicas.

Los niveles sub-nacionales son la interfaz más directa entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil. Si los gobiernos locales no pueden cumplir con la prestación de servicios de manera eficaz, esto genera presiones para que las empresas intervengan y ocupen estos vacíos: estrategias para obtener la “licencia social” para operar. En muchos casos esto crea una situación en la que la sociedad civil construye expectativas erradas sobre el papel que le corresponde al sector privado y a los gobiernos en la prestación de servicios.

Apoyar de manera integral el fortalecimiento de las instituciones en los niveles sub-nacionales de gobierno es una tarea urgente. En el libro Gobernanza con Transparencia en Tiempos de Abundancia, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, mostramos que en Brasil, por ejemplo, un mayor flujo de recursos de las regalías puede estar asociado con menos transparencia y menos controles.

Cuando uno analiza los aspectos clave de las iniciativas exitosas para fortalecer la gobernanza en este sector durante los últimos años, se da cuenta del rol central que pueden ocupar las innovaciones tecnológicas. El desarrollo de la infraestructura de datos abiertos y plataformas de geo-referenciación para publicar datos provenientes del sector minero energético, como por ejemplo Mapa Regalías en Colombia, representa un punto de entrada para reformas políticas de mayor alcance.

Existen ejemplos prometedores de municipios y provincias de la región que están utilizando plataformas digitales para procesar información de alta calidad. Véanse, por ejemplo, las iniciativas de datos abiertos en México, en la ciudad de Xalapa, en Argentina, en la ciudad de Bahía Blanca, en las grandes ciudades como Quito, o en el estado de Minas Gerais en Brasil, con Data Viva.

Estas plataformas no sólo están haciendo la información existente accesible y comprensible para los ciudadanos, sino también ayudan a los gobiernos a diseñar mejores políticas y ponerlas en práctica. Estas iniciativas demuestran que la transparencia en los gobiernos sub-nacionales es posible. Han logrado construir un estándar que va más allá de las ciudades o municipios donde fueron implementados. Los ciudadanos y los periodistas de la región que se benefician del uso de estas plataformas pueden alentar a los responsables de la toma de decisiones en el sector extractivo para unirse a la ola de la transparencia.

La innovación tecnológica puede también apoyar procesos de diálogo y reflexión para lograr un trabajo comunitario más eficaz, ayudando a identificar necesidades de información para impulsar estrategias de desarrollo sectorial con visiones de largo plazo y compatibles con las necesidades de la sociedad.

Por último, los sistemas de inversión pública pueden ser un punto de entrada efectivo para impulsar reformas a favor de una buena gobernanza en el sector. Esto va más allá de la conciliación de datos entre los pagos de las empresas y los ingresos de los gobiernos sub-nacionales. Se trata de centrarse directamente en el uso oportuno y eficaz de estos ingresos. En este sentido, estas plataformas no son solamente poderosas porque ponen a disposición del público información relevante sobre el sector extractivo; pueden ser la cara visible de procesos de reforma y de mejora de las instituciones.

En muchos países de la región, la corrupción generalizada y la baja capacidad de ejecución han generado una desconexión notable entre los proyectos de inversión pública y planes de desarrollo nacionales y regionales. Esto está impulsando a varios países de la región a realizar importantes esfuerzos para modernizar los sistemas nacionales de inversión pública.

Esto último incluye la mejora de los sistemas de gestión de la información, que es un elemento fundamental para planificar, ejecutar y controlar las inversiones públicas. El fortalecimiento de los sistemas de información de la inversión pública genera ganancias que van más allá de la transparencia con efectos en la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas.

Los sistemas de información pueden ayudar a conectar el ciclo presupuestario con la implementación de programas de inversión pública y privada. Además aseguran la trazabilidad de los recursos de inversión pública para que los ciudadanos de contar con información oportuna y de calidad en todo el ciclo de inversión. Por último, son insumos claves para mejorar la toma de decisiones, tanto sea a nivel del diseño o implementación de políticas.

En este contexto tan desafiante, ¿porque no trabajar en conjunto para que estas iniciativas sean implementadas a lo largo y ancho de la región? Como decía el autor Javier Cercas: “a la corrupción no nos la hemos inventado nosotros, (…); existe desde que el mundo es mundo: los seres humanos somos así. El problema, por tanto, no son los corruptos: el problema es el sistema que no impide o que alienta la corrupción; hay que cambiar a las personas, pero antes hay que cambiar el sistema. Lo difícil no es cambiar a los mangantes por personas decentes, sino impedir que las personas decentes se conviertan en mangantes.”

Este post fue publicado en inglés en el Blog de Energía del BID.

Sobre los autores

Walter MartinMartin Walter actualmente es consultor de la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Posee un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern y el Institut d’Etudes Politiques de París, y trabaja sobre temas de gobernanza transparente y sostenibilidad en las industrias extractivas. Puedes contactarle a: martinw@iadb.org


foto juan cruz
Juan Cruz Vieyra
se incorporó al BID en 2006 y actualmente es especialista en la División de Capacidad Institucional del Estado. Se ha especializado en operaciones destinadas a fortalecer la gestión pública, la transparencia y el acceso a la información. Antes de integrarse al Banco, fue investigador en la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de Sistemas Políticos Comparados en la Universidad Católica de La Plata y ayudante de investigación en la School of Advanced International Studies, Universidad de Johns Hopkins. Cuenta con una licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Católica de La Plata y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y de la Universidad de Johns Hopkins. Actualmente es doctorando en Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella. Sigue a Juan Cruz en Twitter @jcruzvieyra

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  1. Genara Reply

    Me parece, que no cabe duda que el fortalecimiento de las instituciones en los niveles sub-nacionales de gobierno es una tarea urgente. Así como, es fundamental la implementacion de las innovaciones tecnologicas para el desarrollo de plataformas digitales para procesar información de alta calidad. La información de calidad es la base en el planteamiento de cualquier proyecto, planificación, proyeccion etc.

    Pero, quien o quienes serian los indicados para impulsar estas iniciativas.

  2. Erwin Melgar Reply

    Muy interesante el articulo, de acuerdo en las variables que analizan, sin embargo habrà que tomar en cuenta aquellos paises pobres que han entrado en la implementación de políticas públicas de corte seudo “socialistas” como son los casos de Bolivia y Paraguay, donde las necesidades son tantas que las innovaciones comunicacionales si bien son una herramienta importante para trasparentar la información y luchar contra la corrupción, no son de prioridad para su implementación en estos paises. Esto no significa que los gobiernos sub- nacionales no esten asumiendo nuevas responsabilidades como son; salud y educación principalmente, aspecto que demuestra una carencia sustancial de recursos humanos capacitados que apoyen la realización de una eficiente y eficáz gestión. En este sentido, vemos nuevamente el circulo vicioso de los burocratas oficialistas que se aprovechan de esta situación para seguir aumentando su patrimonio particular a costa de la pobreza del pueblo

    • René Rivera Reply

      Muy buen punto Erwin, creo que una necesidad muy sentida en nuestros países es retomar las reformas del servicio civil (en vez del desagastado servicio militar que consume gran parte de nuestra escasa riqueza). Ahora bien, el artículo abre una ventana muy oportuna que es el uso de datos, la generación de información desde la ciudadanía para generar políticas públicas. Un aspecto muy poco utilizado, en Bolivia por ejemplo, es contar con herramientas que permitan generar estos datos, analizarlos y convertirlos en propuestas y mejores servicios para la ciudadanía. Ahí están las aplicaciones móviles que, en manos de los ciudadanos, abrirían una puerta utilísima para el big data y mejores gobienos al servicio de la ciudadanía e instituciones verdaderamente públicas, no como patrimonio privado -como ahora ocurre- del partido de turno.

  3. Juan Cruz Reply

    Estimados Genara, Erwin y René. Muchas gracias por vuestros comentarios. Creemos que la promoción de estas iniciativas que articulan el uso de nuevas tecnologías para una mayor transparencia refleja un interés compartido por gobiernos, industria y ciudadanos. En cuanto a su implementación, no hay un único modelo. Depende del contexto de cada país y del tema específico sobre el cual se monten estas herramientas. En Colombia, por ejemplo, el sistema geo-referenciado para transparentar el ciclo de la inversión pública (MapaInversiones) está siendo impulsado directamente por el gobierno central (Departamento Nacional de Planeación). En Perú, una plataforma para visualizar obras públicas (INFOOBRAS) es implementado por la Contraloría General de la República. En Chile, el Portal GEO-CGR Control Ciudadano de Obras, fue impulsado por la Contraloría General de la República, en colaboración con los Ministerios de Obras Públicas y Desarrollo Social, así como con la Dirección de Compras y Contratación Pública, ChileCompra. Finalmente, coincidimos en que es importante que las acciones para fortalecer las instituciones en favor de la transparencia sean complementadas con otras reformas para fortalecer la gestión pública, incluyendo el fortalecimiento del servicio civil. Sobre este último tema, el BID ha publicado recientemente un interesante libro, les dejo el vínculo por si les interesa: https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6636/Al-servicio-del-ciudadano-Una-decada-de-reformas-del-servicio-civil-en%20America-Latina.pdf?sequence=1

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