Las empresas de las industrias extractivas divulgan sus pagos a los gobiernos con más frecuencia, pero aun queda mucho por hacer.

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Foto: Mark Vegas – Creative Commons

Durante más de una década, varias iniciativas globales han promovido el diseño e implementación de estándares internacionales para que los gobiernos y las compañías del sector extractivo publiquen información detallada acerca de producción e ingresos. En el 2002, después de que surgieran grandes escándalos de corrupción en Angola, Publish What You Pay (PWYP, Publica lo que pagas; una coalición global de organizaciones de sociedad civil) exigió que las empresas petroleras, mineras y de gas informaran lo que pagaban a los gobiernos.

A partir de esta exigencia global que implicaba tomar medidas, el Primer Ministro del Reino Unido de ese momento, Tony Blair, lanzó en el 2002 la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, Extractive Industries Transparency Initiative), un régimen de rendición de cuentas voluntario. Según los principios de EITI, los países deben establecer reglamentaciones  y guías para la divulgación de información para las empresas extractivas, con la idea de conciliar los datos de pagos e ingresos proporcionados por las empresas y los gobiernos.

Además de la iniciativa EITI, que ha triunfado en la creación de un movimiento mundial de información cada vez más notorio, (específicamente sobre contratos e ingresos), se ha observado un aumento en la cantidad de requisitos vinculantes para lograr que las empresas y los contratos sean más transparentes.

Durante los últimos años, se ha prestado mucha atención a leyes de Estados Unidos (Sección 1504 de la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank, más conocida como “la Ley Dodd-Frank”) y de la Unión Europea (Directivas sobre transparencia y contabilidad) representan requisitos de divulgación obligatorios (para obtener más información acerca de Dodd Frank y las Directivas de la Unión Europea, consulte el Capítulo 5 de Gobernanza con transparencia en tiempos de abundancia).

A pesar de que puede ser difícil de comprender, la información abierta sobre los pagos y los ingresos de las industrias extractivas beneficia tanto al sector público como al privado y también puede beneficiar a los ciudadanos directamente.

¿Qué pueden hacer los gobiernos, los ciudadanos y las empresas

con la información divulgada sobre los contratos extractivos?

Gobiernos Ciudadanos Empresas e inversores
–  Crear un mecanismo de rendición de cuentas de ingresos para arrancar la corrupción de raíz

– Eliminar la información asimétrica sobre los ingresos y los contratos de recursos naturales entre las oficinas de gobierno y los distintos niveles de gobierno

– Controlar los proyectos extractivos dentro de sus límites, así como lograr que la recaudación y la distribución de los ingresos se más eficaz y transparente

–  Exigir que el gobierno rinda cuentas

–  Detectar la corrupción en la cadena de valor de las empresas extractivas

–  Comprender el volumen de flujo de ingresos que se puede esperar de los proyectos extractivos a sus comunidades

 

– Evaluar y administrar riesgos con más facilidad y ajustar sus inversiones y ganancias en consecuencia

– Demostrar a los ciudadanos el valor de un proyecto de extracción que, posiblemente, apacigua la oposición

El gran desafío: implementación

A estas alturas, todos sabemos que la transparencia es clave para combatir la corrupción. También sabemos que la transparencia y el buen gobierno son herramientas importantes para aumentar la eficiencia de las economías nacionales. Sin embargo, a pesar de su aceptación general en la Unión Europea y Canadá, las leyes sobre transparencia y los requisitos obligatorios del sector extractivo mencionados anteriormente se han enfrentado a desafíos en EE. UU. que hacen que la implementación futura sea confusa en el país que primero adoptó los requisitos para que las empresas petroleras, mineras y de gas informaran lo que pagaban a los gobiernos de todo el mundo.

En 2010, la Ley Dodd-Frank de Estados Unidos fue el primer estatuto adoptado que creó estos requisitos de rendición de cuentas obligatorios, pero el estatuto establece que U. S. Securities and Exchange Commission (SEC) debe publicar las reglamentaciones de implementación. El estatuto no estará vigente hasta que estas reglamentaciones se publiquen. La SEC publicó reglamentaciones en agosto de 2012, pero el Instituto Americano del Petróleo, la Cámara de Comercio de EE.UU. y otros desafiaron esas reglamentaciones en la corte, donde en julio de 2013 se estableció que la SEC necesitaba volver al punto de partida. El período para la presentación de comentarios públicos sobre las nuevas reglamentaciones revisadas de la SEC acaba de terminar. Estas fueron recibidas con gratitud por la ONG Publish What You Pay en EE. UU. La SEC ha establecido que tomará una decisión sobre las nuevas reglamentaciones finales antes del 27 de junio de 2016.

Oxfam America estima que, durante los cinco años posteriores a la adopción de la Ley Dodd-Frank, se produjo petróleo por aproximadamente $1,5 millón de billones en  países en vías de desarrollo en los cuales la transparencia financiera eras limitada o inexistente. . Gran parte de las inversiones y las transacciones cuyos pagos no se están revelando en la actualidad se realizan en el mundo que está en vías de desarrollo, donde las debilidades en materia  de transparencia coinciden con falta de capacidad institucional y sistemas de control inadecuados, lo que da lugar a la corrupción.

A pesar de los contratiempos que existen en EE. UU., otros países están avanzando. El Reino Unido fue el primer país que promulgó por completo los requisitos de rendición de cuentas obligatorios y, a partir de enero de 2016, las empresas petroleras, mineras, de gas y madera del Reino Unido deben realizar un seguimiento de sus pagos a los gobiernos de todo el mundo. Dentro de poco, la rendición de cuentas debería expandirse a  las empresas que se encuentran en otros estados miembro de la Unión Europea, ya que se les exigió a todos los países de la Unión Europea que adoptaran leyes de rendición de cuentas obligatoria antes de noviembre de 2015. En Canadá, entró en vigencia una  en junio de 2015. Sin embargo, aunque haya leyes y reglamentaciones vigentes, la generación de datos, así como el conocimiento para analizarlos, procesarlos y usarlos, no puede darse de la noche a la mañana.

Este es el momento de avanzar, brindar información y determinar no solo cómo usar esa información, sino cómo medir el impacto de ese uso. KPMG, por ejemplo, ya recomienda a las empresas que no esperen que las reglamentaciones de las leyes estén finalizadas y que se  creen programas piloto para poner en práctica mecanismos que permitan el seguimiento de los pagos. Al mismo tiempo, los gobiernos están implementando políticas específicas que comprueban cuánto puede mejorar el sector si la transparencia aumenta. En América Latina y el Caribe, el interés por estos tipos de iniciativas ha aumentado. Perú, Trinidad y Tobago y Guatemala son cumplidores del  estándar de EITI. Colombia y Honduras son países candidatos de EITI y otros países de la región, incluidos México, República Dominicana y Guyana, han expresado interés por implementar el régimen de EITI.

Puede encontrar más información sobre la ley Dodd-Frank, las Directivas sobre transparencia y contabilidad de la Unión Europea y otras iniciativas del sector extractivo en el Capítulo 5 de Gobernanza con transparencia en tiempos de abundancia.

Sobre la autora

Heather-Lowe1Heather Lowe se desempeña como Asesora Legal y Directora de Asuntos Gubernamentales en Global Financial Integrity y encabeza los esfuerzos de defensa de la organización en EE. UU. y otros países. La Sra. Lowe tiene un papel activo en la política anticorrupción y contra el lavado de dinero y en las comunidades internacionales. Realiza la coordinación junto con la sociedad civil, los funcionarios del gobierno y las organizaciones intergubernamentales en varios países para promover políticas que tienen el fin de reducir los flujos financieros ilícitos. Heather es una de los dos representantes de la sociedad civil que participan en las consultas de la industria sobre las pautas internacionales contra el lavado de dinero, conocidas como Recomendaciones FATF. Está involucrada activamente en la iniciativa BEPS de OECD, se ha desempeñado como miembro del Anti-Bribery Working Group de OECD y forma parte del Council on Transparency and Anti-Corruption de World Economic Forum.

Es líder dentro de la comunidad de sociedad civil que trabaja en los flujos financieros ilícitos, se desempeña como vicepresidente de Financial Transparency Coalition global y es miembro del Steering Committee of the U.S., con especialización en Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition. La Sra. Lowe se ha presentado en muchas conferencias internacionales y seminarios web sobre lavado de dinero, corrupción y evasión de impuestos en el extranjero. A menudo se hace referencia a ella en los medios de comunicación clásicos, como The Wall Street JournalThe New York TimesReuters y Bloomberg, y ha aparecido como invitada en CNN, Fox Business News, la BBC y RT TV, así como en varios programas de radio.

Este post fue publicado en inglés en el Blog del Global Financial Integrity

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Juan Cruz Vieyra
Sobre el autor
Juan Cruz Vieyra se incorporó al BID en 2006 y actualmente es especialista en la División de Capacidad Institucional del Estado. Se ha especializado en operaciones destinadas a fortalecer la gestión pública, la transparencia y el acceso a la información. Antes de integrarse al Banco, fue investigador en la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de Sistemas Políticos Comparados en la Universidad Católica de La Plata y ayudante de investigación en la School of Advanced International Studies, Universidad de Johns Hopkins. Cuenta con una licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Católica de La Plata y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y de la Universidad de Johns Hopkins. Actualmente es doctorando en Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella. Sigue a Juan Cruz en Twitter @jcruzvieyra

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