Cinco razones para mejorar la gobernanza del sector extractivo en América Latina

PrintEn un reciente artículo publicado en el Financial Times, Thomas Lassourd y David Manley describen algunas de las principales consecuencias para países ricos en recursos naturales de la caída de los precios del petróleo y de los metales.  Los autores señalan la aparición de nuevos desafíos en el sector extractivo, tanto para gobiernos como para empresas. Este nuevo escenario internacional ciertamente genera grandes complejidades políticas y económicas, pero creemos que también abre grandes ventanas de oportunidad para promover cambios positivos duraderos en la forma en que se gestiona el sector extractivo.

Basados en el libro Gobernanza con Transparencia en Tiempos de Abundancia, recientemente publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, a continuación exponemos cinco  motivos por los cuales vislumbramos un sostenido aumento en los próximos años de las iniciativas para mejorar la gobernanza en el sector extractivo de América Latina y el Caribe:

  1. Respuesta a los escándalos de corrupción. La caída de los precios de los commodities ha coincidido con crisis institucionales a lo largo y ancho de la región, asociadas con casos de corrupción que envuelven a las cúpulas más altas del poder. Estos escándalos han generado crisis de opinión pública para la clase dirigente, y fomentado una batería de iniciativas orientadas a fortalecer la gobernanza y recobrar la confianza de los ciudadanos. En Brasil, el sector extractivo es justamente el foco de mega escándalos de corrupción, y esto alienta el desarrollo de iniciativas de mejora de la gobernanza, en política pública y en las prácticas corporativas. La gigante Petrobras recientemente reportó perdidas de aproximadamente 2 mil millones de dólares entre 2004 y 2012, a causa de la corrupción. La publicación de estos datos se entiende como un intento de recobrar la confianza en los inversores y facilitar el acceso a mercados de crédito a nivel internacional. Como respuesta a esta crisis, la empresa ha dado señales con el objetivo de implementar iniciativas que fortalezcan la gobernanza en el largo plazo. En Chile, en las últimas semanas Codelco ha reaccionado fuertemente ante cuestionamientos hechos en su contra por posibles conflictos de interés. El Directorio de esta empresa, la cual es vital para la economía chilena, ha aprobado un paquete de medidas destinadas a elevar los estándares de transparencia, probidad y buen gobierno corporativo. Estos cambios elevarán las exigencias en cuanto a la regulación de conflictos de interés, declaraciones de intereses y patrimonio, vínculo con personas relacionadas, lobby, límites a la obtención de regalos y vínculo con personas políticamente expuestas.
  1. Reacción a la conflictividad social en torno a proyectos extractivos. La conflictividad social en toda la región continuará presionando a los gobiernos a esforzarse institucionalmente por combatir sus causas. Hoy más que nunca, los ciudadanos esperan que los gobiernos comprometan a las empresas a brindar información oportuna, útil y de fácil acceso sobre los efectos de sus actividades en la agricultura, el agua y otros factores clave para las economías locales. Esperan también que sus opiniones sean tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones que los afectan. El empoderamiento de la sociedad civil, gracias a mejoras en la conectividad y mecanismos de intercambio de información, es un proceso que creemos continuará afianzándose en América Latina y el Caribe. Con ello, más allá de los vaivenes de los precios y de los flujos de inversión, continuará creciendo la demanda por buenas políticas de gobierno y buenas prácticas corporativas. Los países ya aprovechan la tecnología para dar respuesta a demandas por mejor gobernanza. El gobierno de Colombia, por ejemplo, ha puesto en marcha una herramienta llamada MapaRegalias, que permite publicar información de forma amigable sobre las inversiones realizadas a partir de regalías del sector extractivo (aproximadamente 30 por ciento de la inversión pública total). En definitiva, los conflictos y las demandas sociales en el sector continuarán acompañando a los esfuerzos por incrementar la capacidad de respuesta de los gobiernos de la región.
  1. Mayor conciencia sobre los grandes desafíos de gobernanza que existen en los niveles sub-nacionales de gobierno. Gobiernos de América Latina como Argentina, Brasil, Perú y México han promovido la descentralización de importantes aspectos de la gobernanza del sector extractivo para afrontar sus principales problemas; asignando mayores responsabilidades de gestión y supervisión a entes sub-nacionales. El caso del canon minero en Perú es paradigmático, y demuestra el sostenido interés por resolver desafíos pendientes en el sector a distintos niveles de gobierno. En declaraciones recientes, el ex-presidente Toledo admitió que, si bien se transfirieron competencias y recursos económicos a los gobiernos descentralizados durante su mandato, no se complementó este proceso con la suficiente capacitación de funcionarios regionales y municipales, y que esto ha generado problemas en la gestión de los recursos. Estas visiones son compartidas por el Presidente Humala, que declaró recientemente que: “es importante que nos demos la mano alcaldes, el gobierno regional y el Poder Ejecutivo, y resolvamos los entrampamientos [que dificultan y retrasan la ejecución de obras de infraestructura en beneficio de la población].” La conciencia sobre la necesidad de mejorar la gobernanza atraviesa ideologías políticas y coyunturas económicas.
  1. Negocios limpios son buenos negocios. Independientemente de la respuesta a casos de corrupción y otros conflictos, la apuesta por acciones en favor de la transparencia y de la mejora institucional serán también reflejo de intentos por mejorar la competitividad, fortalecer la eficiencia y asegurar el buen desempeño económico del sector extractivo. Las empresas del sector extractivo, tanto de propiedad publica como privada, están continuamente explorando formas de reducir sus costos y ampliar los mercados de manera creativa. Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol en Colombia, describió la importancia de los conceptos de transparencia, competitividad, eficiencia y creatividad como antídoto para combatir los bajos precios internacionales del petróleo. Estas ideas reflejan la ya bien conocida relación entre la calidad de las instituciones y el desempeño del sector. En voz de actores de la política y de la industria, ya se comprende que la calidad institucional y la transparencia no solamente son elementos necesarios para enfrentar desafíos operativos en el sector, sino que pueden ser la clave para un mayor crecimiento. En 2008, en respuesta a acusaciones de corrupción, la empresa Siemens tuvo que “limpiar” prácticamente toda su cúpula directiva. La empresa aprovecho la oportunidad para transformar su modo de hacer negocios. Gracias a estos cambios, en 2012, la empresa reportó un incremento sostenido en sus ingresos. Sus máximas autoridades no tardaron en asociar esta recuperación con un fortalecimiento de la gobernanza. El mensaje era claro: “los negocios limpios son buenos negocios”.
  1. Empuje coordinado a nivel internacional en favor de la transparencia. Finalmente, la promoción de acciones concretas para mejorar la gobernanza del sector extractivo se ha tornado también en una prioridad a escala global. Los actores internacionales no solamente están compartiendo valores, sino también coordinando más eficientemente sus acciones. La gobernanza transparente del sector extractivo ya conforma el cuarto pilar del Código de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI). El BID, el Banco Mundial, UNDP y otras agencias internacionales se han comprometido a apoyar iniciativas para la mejora de la calidad institucional en el sector extractivo, por ejemplo, a través del apoyo a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), y coinciden en cada una de las reuniones de coordinación más importantes sobre estos temas a nivel global. Asimismo, actores privados con influencia transnacional han adoptado importantes iniciativas de transparencia, como es el caso de la Bolsa de Valores de Nueva York y su adopción de las estipulaciones de la Sección 1504 de la Ley Dodd-Frank. De esta forma, están disponibles hoy en día múltiples recursos financieros y de información para apoyar a los países y las empresas interesadas en promover mejoras de la calidad institucional y de la gobernanza en el sector. Las iniciativas globales continuarán influyendo y contribuyendo a que los esfuerzos de los gobiernos y de las partes interesadas en la región se traduzcan en reformas concretas y positivas para el desempeño del sector extractivo. Aquellos países interesados en beneficiarse de forma más efectiva del potencial de sus riquezas naturales tienen y continuarán teniendo acceso a este apoyo, lo que contribuirá a facilitar procesos de mejora de la gobernanza y de las capacidades del estado.

Vemos como contracara a los desafíos del sector extractivo una serie de incentivos y oportunidades para promover exitosamente iniciativas de fortalecimiento institucional para el sector extractivo. Transformar riquezas naturales en beneficios tangibles para los ciudadanos demanda el respeto de la ley y la adopción de prácticas social y ambientalmente responsables, ambos retos formidables para los países de la región. Sin embargo, por las cinco razones enunciadas arriba, creemos que podemos estar frente a una oportunidad importante para la adopción de políticas de largo plazo, cada vez más alineadas con las necesidades de los ciudadanos. Varios países de la región ya han dado muestras concretas de sus intenciones de trabajar en esta dirección, incluyendo a Colombia, Guatemala, México, y Perú, quienes han formalizado su voluntad de continuar fortaleciendo la gobernanza del sector mediante la promoción de la transparencia y del Gobierno Abierto.  Para Lograr el éxito de estas iniciativas, no solamente bastará con enunciados grandilocuentes, sino que habrá que dedicar todos los recursos que sean necesarios, desde el sector público y el privado, para instrumentar estos procesos de cambio.

Sobre los autores

Juan Cruz VieyraJuan Cruz Vieyra se incorporó al BID en 2006 y actualmente es el Coordinador del Programa Especial para el Desarrollo Institucional, el Fondo de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional, el Fondo de Transparencia, y el Fondo Canadiense para la Identidad Legal Universal. Se ha especializado en operaciones destinadas a fortalecer la gestión pública, la transparencia y el acceso a la información. Antes de integrarse al Banco, fue investigador en la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de Sistemas Políticos Comparados en la Universidad Católica de La Plata y ayudante de investigación en la School of Advanced International Studies, Universidad de Johns Hopkins. Cuenta con una licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Católica de La Plata y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y de la Universidad de Johns Hopkins. Actualmente es doctorando en Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella. Sigue a Juan Cruz en Twitter @jcruzvieyra

Walter MartinDr. Martin Walter es consultor de la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern y el Institut d’Etudes Politiques de París, y trabaja temas de la transparencia y la sostenibilidad en las industrias extractivas. Puede contactarle a: martinw@iadb.org

 

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