¿Es posible hacer reformas por ley?

Banner Publicaciones Caso Espana_v2La experiencia española de los servicios en línea como un derecho ciudadano

Es común que académicos y profesionales del gobierno coincidan sobre los riesgos de asentar procesos de reforma del sector público en el cambio de marcos legales o en el mandato generado por una ley o decreto. Esta preocupación se basa en la importancia de tener en cuenta factores cuya generación no está asegurada por cambios legales o normativos como, por ejemplo, el cambio de actitudes y la generación de capacidades requeridas para llevar a cabo las reformas,

Sin embargo, la observación de algunas experiencias nos permite afirmar que un nuevo marco legal puede cumplir un papel importante en el contexto de la implementación de reformas administrativas, en especial en cuanto a la movilización de capital político y  del apoyo popular alrededor de agendas que resultan realmente relevantes para el desarrollo. La legislación como eje articulador y sobre todo catalizador de la implantación de una política pública puede ayudar a establecer plazos precisos, definir requisitos básicos y asignar recursos necesarios para impulsar el cambio. Un ejemplo de esto es la Ley Procedimientos Administrativos promulgada en 2003 en Chile, cuya implementación ha contado con el apoyo del BID. Esta Ley redefinió la relación del Estado con los ciudadanos con efectos importantes en la reducción de los costos de transacción asociados a esa relación.

Otro ejemplo de esto lo constituye la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, cuya aprobación marcó el impulso definitivo de la administración electrónica en España. En la segunda edición de la serie “Innovaciones en la prestación de servicios”, el BID está publicando el estudio Los servicios en línea como derecho ciudadano. El caso de España, donde se documenta esta experiencia, resaltando el efecto tractor que tuvo esta ley en la implantación del gobierno electrónico en el país y los avances que se generaron a partir de su aprobación.

Quizá la característica más relevante de esta legislación es el reconocimiento como derecho ciudadano de la posibilidad de relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos, lo que a su vez supuso el establecimiento de una obligación para las instituciones de habilitar canales que permitieran a la ciudadanía ejercer este derecho. Al momento de la aprobación de la ley, el acceso electrónico a los servicios públicos dependía de la voluntad política o de los recursos técnicos y económicos de los que dispusiera cada organismo implicado; la ley entonces buscó garantizar a nivel nacional un acceso igualitario a estos servicios. Como consecuencia del impulso generado por la legislación, hoy el ciudadano español tiene la posibilidad de realizar 99% de los procedimientos del Gobierno Central de España electrónicamente. En el 2012, casi un 75% del volumen total de tramitaciones de ciudadanos y empresas con la Administración General del Estado, se iniciaron de forma electrónica.

Es importante destacar que la implantación de la administración electrónica en España no se debió en exclusiva a la promulgación de esta ley. Sin embargo, la aprobación por unanimidad del Parlamento nacional- fue un claro mensaje de consenso político, demostrando un importante nivel de apropiación de esta agenda por parte de las cúpulas más altas del liderazgo político español. Sumado a esto, el hecho de que la formulación de la ley se realizara de manera participativa involucrando activamente a los distintos sectores sociales interesados fue clave para la legitimidad de la agenda de la administración electrónica en España.

A pesar de la grave crisis económica que afectó a España los años posteriores a su aprobación, la Ley 11/2007 condujo a un aumento significativo de los servicios digitales disponibles en el país en un corto espacio de tiempo. Sin embargo, su implementación no ha estado exenta de problemas y lecciones aprendidas. La publicación describe, por ejemplo el reto del modelo de gestión de la identificación. Una de las principales barreras para el uso de los servicios públicos electrónicos fue la complejidad de los sistemas de firma y certificación digital disponibles para los ciudadanos. La búsqueda de la solución a este tema ha implicado costos significativos y un replanteamiento de la opción tecnológica originalmente elegida.

Les invito a leer esta nueva publicación, conocer las lecciones de la experiencia española, y entender como un nuevo marco legal, alineado con la realidad política, administrativa y social de un país, puede apalancar procesos de mudanza significativos, siempre que no sea considerado como condición suficiente para el cambio.

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Pedro Farias
Sobre el autor
Pedro Farias es un ciudadano brasileño. Su formación académica incluye una licenciatura en Ingeniería Civil y una Maestría en Administración Pública en la Universidad de Brasilia, además de cursos de especialización en la Escuela Nacional de Administración Pública de Brasil, George Washington University y Carleton University. Se desempeñó como un oficial en el Gobierno Federal de Brasil por 13 años, trabajando en varias agencias en diferentes funciones como Director de la Secretaría de Reforma del Estado y Secretario General Adjunto del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión. Ha publicado varios artículos y ha participado como panelista en numerosos eventos en gestión pública y financiera, prestación de servicios públicos, gobernanza regulatoria, servicio civil y reforma del estado. Desde 2003, ha trabajado en el BID, apoyando a los gobiernos latinoamericanos en proyectos y coordinando estudios analíticos relacionados con la gobernanza y la capacidad institucional de los gobiernos.

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