Gobierno Abierto y participación ciudadana: reflexiones para un debate realista

Participación ciudadanaUna de las mayores interrogantes expresadas por los participantes del Primer Diálogo Regional de Política de Gobierno Abierto del Banco Interamericano de Desarrollo fue cómo promover una mayor participación ciudadana.

De acuerdo al informativo estudio presentado por Ramírez-Alujas y Dassen (ver estudio completo), uno de los mayores desafíos para los países en materia de Gobierno Abierto es precisamente hacer mejores esfuerzos en las tareas relativas a los componentes de participación y colaboración. Los avances en estos temas en América Latina y el Caribe han sido disímiles puesto que cada país ha ido adoptando medidas de acuerdo a sus necesidades institucionales. Sin embargo, hubo consenso respecto de que los componentes de participación y colaboración han sido menos protagónicos en las agendas nacionales de Gobierno Abierto (ver reciente post de Ramírez-Alujas).

En un intento por aportar luces al debate, en la conferencia presenté los desafíos políticos relativos a la implementación de estrategias de participación y colaboración ciudadana. (Buscar en “Documentos” en esta página “Presentación Análisis sobre los desafíos para implementar políticas de Gobierno Abierto en ALC”).

Desde mi perspectiva, la implementación integral de cualquier agenda de Gobierno Abierto se tensiona políticamente al momento de incorporar los componentes de participación y colaboración.

¿Por qué? Porque presupone gestionar la interacción entre ciudadanos y gobierno; porque se trata de una interacción multidireccional, tornándola más dinámica; porque se busca transitar desde un ciudadano-receptor a un ciudadano-gestor de la provisión de servicios públicos y porque requiere que los gobiernos entiendan que el poder ya no lo ejercen solamente ellos, sino que hay una ciudadanía que ha transformado el espacio público para influir en el debate nacional.

Mostré un caso para el mundo local donde comparé dos aproximaciones opuestas de dos Municipios chilenos respecto del involucramiento ciudadano para la provisión de servicios públicos. (Ver cuadro 1).

Cuadro 1

Al respecto hay algunos aprendizajes en torno a dicha experiencia que pueden ser útiles, sobre todo para hacerse las preguntas correctas al momento de avanzar hacia espacios más colaborativos en la co-ejecución de servicios públicos. Los cuadros 2 y 3 sintetizan dicho análisis.

Cuadro 2

 

Cuadro 3

A partir de esta evidencia, hay seis tensiones que genera implementar estrategias de participación ciudadana que deben tomarse en cuenta:

  • Éxito electoral vs. políticas participativas y colaborativas. Involucrar a la ciudadanía es costoso en tiempo, liderazgo y presencia de autoridad.

 

  • Velocidad de los cambios vs. democratización de los espacios de toma de decisiones. ¿Puede detenerse el desarrollo de un país esperando que decida una asamblea?

 

  • Conocimiento técnico vs. conocimiento local. ¿Cuánto de cada uno? ¿Y cómo organizarlo para que ambos enfoques conversen adecuadamente?

 

  • Institucionalizar la participación vs. no anularla. ¿Cómo propiciar institucionalmente la participación sin cooptar liderazgos locales?

 

  • Promoción de prácticas participativas vs. desconfianza hacia instituciones políticas. ¿Cómo promover la participación en un contexto de descrédito de las instituciones públicas y políticas?

 

  • Institucionalizar la participación vs. gestionarla realmente. Es recurrente el error de creer que la sola apertura de nuevos canales de interacción entre gobierno y ciudadanos logra por sí sola la gestión de procesos participativos.

 

Esta última tensión plantea un problema aún mayor que tiene que ver con la aproximación a la gestión pública que tienen en general los funcionarios públicos en América latina y el Caribe. (Pero también en el mundo).

Taylor define a los gobiernos como “casas editoriales” en el sentido que dedican gran parte de su tiempo a escribir y publicar leyes e instructivos, creyendo que la labor de los organismos públicos termina una vez que tales escritos han sido publicados, desatendiendo la complejidad que implica gestionar el accionar de otros actores políticos y sociales.

Si al hablar de Gobierno Abierto se habla de innovación en el sector público, se debe transitar desde “los gobiernos como editoriales” hacia una cultura de “los gobiernos como diseñadores e innovadores”, donde los funcionarios públicos puedan probar con y para la gente nuevas prácticas que involucren a la ciudadanía. Esto implica  adquirir un mayor gusto por los errores y por procesos tal vez más largos, administrando la inherente tensión de alinear expectativas ciudadanas con los tiempos electorales, tal como lo refleja el caso local chileno.

Si hubo una gran conclusión del primer diálogo regional fue que los países presentes estuvieron de acuerdo en el valor que representa el nuevo paradigma de política pública llamado Gobierno Abierto. Por tanto, el desafío ahora es pasar de un enfoque de las políticas públicas (qué hacer) a otro de gestión pública (cómo hacerlo y lograrlo).

En ese sentido, los gobiernos no sólo tienen la tarea pendiente de hacer mandatos participativos y colaborativos más explícitos, sino que además, una vez declaradas tales intenciones, dedicarle energías, recursos y liderazgo a gestionar realmente que eso suceda.

Finalmente, de las diez reflexiones finales expuestas en la presentación que hice, hay cuatro que pueden ayudar a trazar caminos realistas (que consideran las dificultades políticas) para promover mejores espacios de participación en la región:

  • Replicar y escalar rápido. Como vimos en el caso de estudio, la gestión de la participación ciudadana sucede de mejor manera en contextos locales. Por tanto una buena forma de aproximarse a un Gobierno Abierto integral sería desarrollar pilotos a nivel local que se hagan cargo de las tareas pendientes de Gobierno Abierto (participación y colaboración) y luego replicarlos y escalarlos a niveles nacionales.

 

  • Recalibrar los indicadores de éxito político. Es cierto que la gestión de la participación esta tensionada por los tiempos políticos. Reconocer este hecho permite diseñar estrategias que contemplen estos desafíos y busquen alinear incentivos tanto electorales como de mejora de la democracia en general.

 

  • Liderazgo. Otra gran conclusión de la conferencia fue que el rol que las autoridades políticas tienen en estas complejas agendas es crítica para el éxito del Gobierno Abierto. De nada sirve repensar el paradigma de política pública si no hay liderazgos capaces de implementar cambios difíciles. Eso significa adoptar medidas muchas veces impopulares y asumir que un nuevo estándar en la provisión de servicios público es posible y deseable.

 

 

Abrirse a reflexionar estos temas ya es un logro. Pasar de un debate abstracto y teórico a uno práctico y político es un gran primer paso para avanzar en la línea correcta. Ahora depende que los gobiernos estén dispuestos a gobernar nuevas ciudadanía con también nuevos paradigmas.

 

Sobre el Autor

Juan Felipe López Egaña se desempeña actualmente como investigador en el Centre for Cities en Londres, Reino Unido. Además es co-fundador de Diseño Público, una empresa que gestiona procesos de innovación, diseño e implementación de servicios públicos. Sigue a Juan Felipe en twitter @juanfelopez / http://disenopublico.cl/

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  2. jorge sanchez chavalie Reply

    el ejercicio de la participacion ciudadana en los gobiernos tiene un componente fundamental que es la voluntad politica de la autoridad para aperturar los dialogos con los sectores sociales y sean estos los que orienten el desarrollo de los territorios

    • JF Lopez Reply

      Opino exactamente igual, Jorge. De hecho en el estudio del cual se desprende esta columna está desarrollado ese tema. El problema, también, es que la enorme asimetría entre las estructuras de participación que se crean y las ganas reales de participar. Muchas veces se crean enormes aparatos (virtuales y presenciales) que nadie usa, o que sólo se usan en niveles muy precarios. Gracias por tus comentarios.

  3. Biopsicosis Reply

    Excelente articulo. Gracias.

    • JF Lopez Reply

      Gracias a ti por leerlo. JF

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  5. kabza pro Reply

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  7. Marcelo Fierro Yantorno Reply

    Me representa absolutamente el paper y las opiniones; sin voluntad política no se producirán jamás los cambiosd paradigmas, pero esa voluntad debe estar consciente que la apertura es para todos, no sólo para nuestros electores fidelizados, debe hacerse sin cálculos mezquinos, reales por esencia, sin esquemas o cortapisos. Esto obliga a las autoridades autoexigencia permanente en el trabajo, la gestión, la intachabilidad y la excelenciaque terminará por descubrir al verdadero modelo de “servidor público”. Abrazos.

  8. Geovanny Vicente Romero Reply

    Saludos, comparto un artículo que publique en El Nuevo Diario sobre la participación ciudadana:

    La participación ciudadana de los dominicanos y dominicanas, a través de actores sociales como la Coalición Digna por la Educación, la Plataforma No a la Cementera, Justicia Fiscal, entre otras, han venido ganando espacio de manera paulatina en la incidencia de las tomas de decisiones del país en algunos temas que afectan directamente el desarrollo de la Nación, y que por tradición se manejaban de manera unilateral desde las instancias de Gobierno, con lo cual se han venido instaurando los cimientos para un Estado Democrático y Derecho en la República Dominicana. Un ejemplo palpable de esta situación fue la gran unidad lograda por todas las organizaciones de la sociedad civil en pro de la implementación del 4% para la Educación donde estas organizaciones jugaron un papel de primer orden y lograron un despertar de la participación ciudadana en estos procesos.

    Este despertar ha sido evidente en la lucha por la potencialización de la igualdad de género en República Dominicana. Mientras que movimientos como Justicia Fiscal nacen producto del factor indignación que tiene la ciudadanía con el gasto publico desmedido. Hablar de participación significa que las personas sean parte integral de los procesos sociales, económicos y políticos, siendo estos tomados en cuenta en la decisiones que se tomen al respecto.

    La discapacidad no ha sido la excepción en nuestro país, pues estas Entidades civiles han aunado sus esfuerzos a los fines de lograr el reconocimiento de la dignidad e integridad humana de las personas que la padecen, logrando que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la habilitación y a la participación publica, así como a la educación e igualdad de oportunidades a la inserción laboral. En ese sentido, la Ley 42-00 sobre Discapacidad es una conquista.

    Podemos citar la discriminación como el principal factor que genera esta lucha por la igualdad de derechos y oportunidades de los discapacitados, que van desde el acceso a la educación hasta las dificultades sufridas para acceder al transporte publico. Sin embargo la discriminación es uno de las factores, pero pienso que el mas importante es la unidad lograda entre estas organizaciones que han definido muy bien tener intereses por causas comunes.

    Otro factor muy importante en términos de participación ciudadana ha sido la creación del marco normativo que ha venido a darle legitimidad legal a las luchas reivindicativas, a través de un conjunto de leyes como la Ley General de Educación, la Ley General de Saludo, y la Ley de Planificación e Inversión Publica.

    Todos estos acontecimientos adquieren mayor fuerza en los días de la llamada Primavera Árabe que fue el despertar de los pueblos de ese hemisferio que se levantaron y ocuparon las plazas llegando a derribar gobiernos por el reclamo del cese de abusos que por años mantuvo mermada sus respectivas democracias. Dicho movimiento se fue un reflejo de lo ocurrido con los indignados de España y los indignados de Wall Street.

    No hay duda que, uno de los avances obtenidos hasta la fecha ha sido la figura del presupuesto participativo a nivel Municipal dando la oportunidad a los munícipes de participar en las reuniones de discusión para determinar el destino del presupuesto establecido para las obras de gran impacto municipal. La participación de la sociedad civil se ve reflejada en lo que la legislación municipal denomina Cabildo Abierto que es el descenso que hace la Sala Capitular para que sus sesiones puedan efectuarse de manera abierta, publica y participativa.

    Vale destacar que nuestra Carta Magna en su articulo 251 establece el Consejo Económico y Social diciendo que la concertación social es un mecanismo esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social.

    Finalmente, la Carta Sustantiva en su articulo 272 instituye el Referendum aprobatorio para aspectos específicos ante una reforma constitucional y dejando el procedimiento para que este se realice de manera participativa con el conocimiento y aprobación de la Asamblea Nacional Revisora.

    Geovanny Vicente Romero
    Abogado, Politólogo y Académico.
    @geovannyvicentr
    #GobiernoAbierto

    Fuente: http://www.elnuevodiario.com.do/mobile/article.aspx?id=356325

  9. Geovanny Vicente Romero Reply

    El Gobierno Abierto u Open Goverment, Experiencia Dominicana

    El Gobierno Abierto u Open Goverment se define como la doctrina política que sostiene que los temas de gobierno y de la administración pública deben ser abiertos a todos los niveles, en relación a transparencia, unido al mismo tiempo a la creación de espacios permanentes de participación y colaboración ciudadana, como una manera de legitimar las acciones de los gobiernos en función de las políticas públicas implementadas.

    Gobierno Abierto u Open Goverment, se sustenta en tres pilares fundamentales que son: transparencia, colaboración y la participación, y yo le agregaría un cuarto elemento, el acceso a la información, a través de lo cual se da cumplimiento a los tres anteriores.

    En ese orden, como países a destacar ya se han dado varias iniciativas de Gobierno Abierto, entre las más interesantes podemos mencionar las siguientes:

    A nivel de países
    · Nueva Zelanda
    · Estados Unidos
    · España
    Gobiernos Locales:
    · Ayuntamientos de Washington DC,
    · Los Ángeles o Nueva York.
    · Ayuntamientos de San Baudilio de Llobregat

    A nivel nacional:

    Desde el año 2011, la República Dominicana forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) Open Government Partnership (OGP), dicha alianza constituye una plataforma internacional a través de la cual los países se comprometen a rendir cuentas, ser más abiertos y mejorar su capacidad de respuesta a los ciudadanos a través del cumplimiento de 4 principios: Transparencia, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas e Innovación y Tecnología. En la actualidad 64 países son miembros de la AGA.

    Cabe resaltar que esta Alianza se adhirió el 20 de septiembre de 2011, y que constituyeun esfuerzo global para mejorar los gobiernos. Es una iniciativa multilateral dirigida a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para:
    Como una forma de dar respuesta al impacto negativo que estaba generando la imagen de las instituciones y las políticas públicas en relación al tema de la transparencia en la gestión gubernamental en la ciudadanía, desde el 2010, y como una iniciativa para contrarrestar la percepción existente, la Presidencia de la República pone en marcha las IPAC por sus siglas o las Iniciativas Participativas Anticorrupción, dicha iniciativa fueron integradas por actores claves del gobierno, la empresa privada y la sociedad civil.

    Las IPAC tenían como objetivo:

    Contribuir a mejorar los niveles de transparencia de la sociedad dominicana, a través de un proceso de concertación con la participación de los distintos actores representativos de la sociedad, las mismas se organizaron en mesas temáticas tal como se destaca en el párrafo a continuación.

    La función inmediata de las mesas era:

    · Compilar información disponible sobre experiencias exitosas de promoción de transparencia;
    · Identificar carencias de información en el tema y cómo suplirlas;
    · Compilar y analizar la información,
    · Recomendar acciones concretas a la Presidencia de la República.

    En cada mesa se presentó un tema, a saber: contrataciones y adquisiciones, servicio civil, gestión financiera, acceso a la información, infraestructura, salud, educación, energía, agua y organismos de control.

    En la actualidad, y dando continuidad a estas iniciativas a través de las cuales se busca seguir legitimando la gestión gubernamental, la República Dominicana cuenta con un organismo que tiene la función de vigilar esa gestión, como es la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que tiene como finalidad ser el órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información en el ámbito administrativo gubernamental.

    Autores:
    Eridania Bidó Fernández
    Geovanny Vicente Romero

    Sobre los autores:

    Eridania Bidó Fernández
    Contadora de profesión, MAGP, Especialista en Función Pública, Gestión de la Calidad, ISO 9001, Investigadora Senior CPDL-RD @cpdlrd con mas de 8 años de trayectoria profesional a nivel publico.

    Geovanny Vicente Romero
    Abogado| Politólogo| Académico. Especialista Criminología Penitenciaria y Políticas Públicas. Presidente. CPDL-RD @cpdlrd | Analista de Función Pública MAP. Escritor, Articulista de diversos medios, con experiencia en el sector publico dominicano en temas de Gestión y Función Pública.

    Centro de Políticas Publicas, Desarrollo y Liderazgo RD (CPDL-RD) @cpdlrd #PNJ2015 #CPDLRD #CPDLRDLIDERAZGO

    #GobiernoAbierto #ParticipacionCiudadana #LibreAccesoAlaInformacion

  10. Geovanny Vicente Romero Reply

    La participación ciudadana de los dominicanos y dominicanas, a través de los actores sociales como la Coalición Digna por la Educación, la Plataforma No a la Cementera, Justicia Fiscal, Participación Ciudadana, entre otras, han venido ganando espacio de manera paulatina con su incidencia en la toma de decisiones del país, en algunos temas que afectan directamente el desarrollo de la Nación y que por tradición se manejaban de manera unilateral desde las instancias de Gobierno, con lo cual se han venido instaurando los cimientos para un Estado Democrático y Derecho en la República Dominicana.

    Los avances logrados en el nivel de empoderamiento ciudadano han tenido un carácter de primer orden para la transformación del Estado dominicano en uno de concertación, orientado a un Gobierno Abierto, participativo y de colaboración ciudadana cuyo objetivo debe ser el Estado y la Sociedad trabajando juntos.

    Un ejemplo palpable de esta situación fue la gran unidad lograda por todas las organizaciones de la sociedad civil en pro de la implementación del 4% del PIB para la Educación, donde estas organizaciones jugaron un papel estelar y lograron un despertar de la participación ciudadana en estos procesos y un involucramiento de la población en el diseño y ejecución de la política educativa, como motor de desarrollo de todo país.

    Este despertar, vale indicar que ha sido evidente en la lucha por la potencialización de la igualdad de género en República Dominicana. Por otra parte, movimientos como Justicia Fiscal nacieron producto del factor indignación que tiene la ciudadanía con el gasto público desmedido, es decir, el descontrol del dispendio. Hablar de participación significa que las personas sean parte integral de los procesos sociales, económicos y políticos, siendo estos tomados en cuenta en las decisiones que se tomen al respecto.

    En este sentido, la discapacidad no ha sido la excepción en nuestro país, pues estas entidades civiles han aunado sus esfuerzos a los fines de obtener el reconocimiento de la dignidad e integridad humana de las personas que la padecen, logrando que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la habilitación y a la participación pública, así como a la educación e igualdad de oportunidades a la inserción laboral. En orden, la Ley No. 42-00 sobre Discapacidad es una conquista para el sector de la sociedad dominicana en mayor desventaja de oportunidades.

    Podemos citar la discriminación como el principal factor que genera esta lucha por la igualdad de derechos y oportunidades de los discapacitados, que va desde el acceso a la educación hasta las dificultades sufridas para acceder al transporte público o entrar a las instituciones publicas que carecen de mecanismos para la entrada de sillas de ruedas. Sin embargo, la discriminación es uno de las factores de indignación, aunque pienso que el mas importante es la unidad lograda entre estas organizaciones, que han logrado la definición de intereses por causas comunes.

    Otro factor muy fundamental en términos de participación ciudadana, ha sido la creación del marco normativo que viene a dar legitimidad legal a las luchas reivindicativas, a través de un conjunto de leyes como la Ley General de Educación, la Ley General de Salud, la Ley de Libre Acceso a la Información, la Ley de Planificación e Inversión Publica y recientemente, la Ley de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos frente a la Administración Publica y Procedimiento Administrativa. Cuenta esta ultima normativa inicie su sensibilización con los ciudadanos y el respeto a su aplicación, tendremos un instrumento público paradigmático para toda Iberoamérica.

    Todos estos acontecimientos adquieren mayor fuerza en los días de la llamada Primavera Árabe que fue el despertar de los pueblos de ese hemisferio, donde se levantaron y ocuparon las plazas públicas llegando a derribar los gobiernos de la región, por el reclamo del cese a los abusos que por años mantuvieron mermadas sus respectivas democracias. Dicho movimiento fue un reflejo de lo ocurrido con los indignados de España y los indignados de Wall Street.

    No hay duda que, uno de los avances obtenidos hasta la fecha ha sido la figura del presupuesto participativo a nivel municipal, dando la oportunidad a los munícipes de participar en las reuniones de discusiones para determinar el destino del presupuesto establecido para las obras de gran impacto municipal.

    La participación de la sociedad civil se ve reflejada en lo que la legislación municipal denominaCabildo Abierto, que es el descenso que hace la Sala Capitular para que sus sesiones puedan efectuarse de manera abierta, pública y participativa.

    Vale destacar que, nuestra Carta Magna en su artículo 251 establece el Consejo Económico y Social, diciendo que la concertación social es un mecanismo esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social.

    Finalmente, la misma Carta Sustantiva en su articulo 272 instituye el Referendum aprobatorio para aspectos específicos ante una reforma constitucional y dejando el procedimiento para que este se realice de manera participativa con el conocimiento y aprobación de la Asamblea Nacional Revisora.

    Geovanny Vicente Romero

    Abogado y Politólogo

    Centro de Políticas Publicas, Desarrollo y Liderazgo RD (CPDL-RD) @cpdlrd #CPDLRD #CPDLRDLIDERAZGO

    #GobiernoAbierto #ParticipacionCiudadana #LibreAccesoAlaInformacion #PNJ2015

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