Este blog forma parte de la serie de blogs hacia PPPAméricas 2016, que este año se llevará a cabo en Santiago, Chile del 20 al 22 de junio. Lee el artículo original aquí.
El mejoramiento de la infraestructura urbana es un catalizador del desarrollo sostenible, estrechamente vinculado al crecimiento económico, al aumento de la productividad, a la reducción de la pobreza y a mayor equidad. Sin embargo, en América Latina y el Caribe (ALC) existe una brecha de infraestructura urbana tal que se requieren alrededor de US$100 mil millones anuales durante los próximos años para cerrarla – excluyendo componentes de adaptación/resiliencia que suponen un aumento en la inversión entre el 10% y 20%. Esta meta es clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países de la región.
Entre 60% y 65% de la demanda de infraestructura de la región está concentrada en ciudades, incluyendo áreas metropolitanas. En esta línea, los gobiernos sub-nacionales tienen un rol imprescindible para cerrar esta brecha, pero ¿cuentan los gobiernos locales con los recursos necesarios para satisfacer la demanda de inversión en infraestructura urbana?
Perspectiva del proyecto de reurbanización del Porto Maravilha en Río de Janeiro
Las tres fuentes principales de financiamiento
Para fondear la infraestructura urbana, los gobiernos municipales cuentan principalmente con las siguientes fuentes de financiamiento: (i) ingresos propios; (ii) transferencias intergubernamentales; y (iii) financiamiento privado. A continuación analizamos el alcance de cada una de ellas en el contexto de las ciudades de ALC.
1. Ingresos propios
Los gobiernos locales tienen a su alcance diferentes fuentes de ingresos propios, incluyendo impuestos, tasas y contribuciones. Por su estabilidad y el nivel de ingresos que genera se destaca el impuesto predial. En los países miembros de la OECD, por ejemplo, el impuesto predial alcanzó a ser el 1.8% del PIB de los países OECD en 2013[1]. Sin embargo, a diferencia de las ciudades de la OECD, los gobiernos locales en ALC enfrentan limitaciones técnicas que les impiden avanzar en la misma dirección que sus pares más desarrollados. De hecho, en 2010 la recaudación del impuesto inmobiliario escasamente alcanzó a ser el 0.3% del PIB de los países de la región, seis veces menos que en los países OECD.[2]
Otra fuente importante de ingresos para las empresas municipales es el cobro de tarifas por servicios públicos. En 2014, por ejemplo, los gobiernos locales de los países OECD recaudaron vía tarifas lo equivalente al 1.5% del PIB de sus economías nacionales.
La experiencia de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles sugiere que con la excepción de los sectores de telecomunicaciones y energía, los servicios de infraestructura se cobran a tasas que representan apenas el 40% de lo necesario para el “full cost recovery”. Por ejemplo, un estudio del BID señala que de una muestra de 51 empresas municipales de agua en México, al menos ocho no recuperan los costos operativos vía tarifas. Esto conlleva a un círculo vicioso: se colocan las tarifas por debajo de los costos operativos, lo que resulta en recortes en mantenimiento, y en consecuencia desmejora progresivamente la calidad del servicio, desincentivando el pago de los usuarios e incrementando la dependencia en los subsidios.
2.Transferencias Intergubernamentales
Otra fuente de fondeo para la infraestructura urbana a nivel sub-nacional incluye los subsidios, explícitos e implícitos (a veces), que transfieren los gobiernos centrales a los gobiernos municipales por medio de transferencias intergubernamentales. Dichas transferencias representan en promedio el 67% de los ingresos sub-nacionales en ALC. Pero la volatilidad y discrecionalidad que suele caracterizar a las transferencias no les permite a los gobiernos locales preparar presupuestos plurianuales de inversión, y tampoco monetizar en valor presente los flujos futuros de ingresos, lo que facilitaría el acceso a préstamos y a otros instrumentos de deuda.
3. Financiamiento privado
En los últimos años el financiamiento privado para la infraestructura urbana en los países en desarrollo ha tomado momentum – a nivel conceptual. En la práctica la participación privada en infraestructura urbana es relativamente limitada. Esto suele darse por dos razones: (i) los mercados locales no están suficientemente desarrollados y no cuenta instrumentos financieros tales como los bonos de infraestructura municipal; y/o (ii) los gobiernos locales no tienen la capacidad crediticia para endeudarse – los inversionistas perciben que el riesgo sub-nacional es muy alto.
Para atraer la participación privada a la provisión de infraestructura urbana es necesario trabajar en ambas direcciones. Por un lado, desarrollar los mercados locales, considerando que la inversión debe ser en moneda local (salvo a puntuales excepciones los proyectos urbanos no generan moneda dura). Y, por otro lado, mejorar el rating crediticio de los gobiernos locales para crear un clima de confianza que incentive la participación de los inversionistas institucionales en infraestructura urbana.
El futuro del financiamiento urbano
El breve análisis de las tres principales fuentes de financiamiento a nivel sub-nacional para la infraestructura urbana es suficiente para ilustrar la problemática a la que nos enfrentamos en ALC: los gobiernos locales son muchas veces responsables de proveer servicios de infraestructura, pero no cuentan con los recursos para cumplir su mandato. En este sentido, es necesario avanzar en tres puntos que logren impulsar la inversión pública y privada a nivel local:
- Brindar capacidad técnica a los gobiernos municipales para optimizar la recolección de ingresos propios, y de esta manera mejorar el rating crediticio de los municipios.
- Cubrir con fondos blandos los costos de pre-inversión para identificar proyectos financieramente viables para el sector privado.
- Utilizar instrumentos de mitigación de riesgo para mejorar el rating crediticio de la estructura financiera de los proyectos urbanos y desarrollar la curva de aprendizaje y aceptación de los mercados de capitales en tales proyectos.
En conjunto, estas tres líneas estratégicas mejorarían la capacidad crediticia a nivel sub-nacional, abriendo el camino para acelerar y aumentar las inversiones en infraestructura urbana en ALC
[1] OECD (2016). Tax on Property, Total % of GDP 2000-2014. Retrieved May 16, 2016 from https://data.oecd.org/tax/tax-on-property.htm
[2] IDB (2015). Decentralization and Subnational Governments Sector Framework Document. Washington, DC.
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